

Entre septiembre y diciembre de 2024, al menos 83 migrantes de siete países desaparecieron en la costa de Chiapas, en la frontera de México con Guatemala, tras abordar lanchas con destino a Oaxaca. Durante 16 meses, ninguna autoridad mexicana realizó búsquedas ni contabilizó a las víctimas, según reveló El País. Las evidencias apuntan a una red de trata de personas, y hasta ahora se ha identificado un único superviviente.
Al menos 83 migrantes procedentes de Cuba, Ecuador, Honduras, República Dominicana, Venezuela, El Salvador y Jordania desaparecieron en la costa de Chiapas entre septiembre y diciembre de 2024, en plena crisis migratoria, según la investigación de El País. Las víctimas, todas de familias humildes, perdieron contacto tras subir a lanchas que supuestamente las llevarían a Oaxaca. Nunca más se supo de ellas.
Durante meses, ninguna autoridad mexicana realizó acciones para buscar a los desaparecidos ni siquiera para contabilizarlos, según el medio español. Las pistas recuperadas desde entonces apuntan a una red de trata de personas operando en la zona fronteriza entre México y Guatemala.
El País conoció inicialmente el caso de 40 personas que desaparecieron el 21 de diciembre de 2024. Tras publicar esta información en junio de 2025, el medio recibió mensajes de familias ecuatorianas y dominicanas que reportaban desapariciones similares ocurridas el 5 de septiembre de 2024. Este segundo grupo estaba formado por 23 personas que dejaron un último vídeo antes de desaparecer, en el que aparecen todos los miembros del grupo.
Como efecto dominó, esta segunda publicación llegó hasta la familia de la hondureña Cindy Bueso, quien había desaparecido junto a sus dos hijos pequeños en el mismo lugar el 21 de octubre de 2024. En total, las familias sumaban 83 personas desaparecidas en tres incidentes separados pero con el mismo patrón: desapariciones en la costa de Chiapas tras abordar embarcaciones.
Durante un año de investigación, El País logró identificar y contactar con Kevin, quien es hasta ahora el único superviviente conocido de las desapariciones. El medio no proporciona más detalles sobre su testimonio o las circunstancias de su supervivencia.
Esta semana, el periódico acompañó a las familias de los desaparecidos en su brigada de búsqueda en México, que representa la primera búsqueda real en 16 meses desde las desapariciones iniciales. La ausencia de acción por parte de las autoridades mexicanas durante más de un año subraya la vulnerabilidad de los migrantes en tránsito y la falta de respuesta institucional ante estas desapariciones masivas.
Las desapariciones ocurrieron durante un período de intensa crisis migratoria en la región, cuando miles de personas intentaban atravesar México rumbo a Estados Unidos. La ruta marítima por la costa de Chiapas representa una alternativa peligrosa a las rutas terrestres, frecuentemente controladas por grupos criminales.
La investigación de El País revela un patrón sistemático en las desapariciones: migrantes de múltiples nacionalidades, procedentes de familias humildes, que desaparecen tras contratar servicios de transporte marítimo en la misma zona geográfica. Este patrón, junto con la ausencia de supervivientes hasta la identificación de Kevin, sugiere una operación organizada de trata de personas.
Las 83 desapariciones documentadas podrían representar solo una fracción del problema real, dado que muchas familias de migrantes no denuncian las desapariciones por temor, desconocimiento del sistema o falta de recursos para viajar a México. La investigación periodística ha sido, hasta ahora, el único mecanismo que ha visibilizado estos casos y conectado a las familias afectadas.
La primera búsqueda organizada por las familias, realizada 16 meses después de las primeras desapariciones, evidencia el vacío institucional en la protección de migrantes en tránsito por México. Las autoridades mexicanas no han emitido declaraciones públicas sobre estos casos ni han anunciado investigaciones oficiales, según la información disponible.
Las implicaciones de estas desapariciones masivas son múltiples: exponen la vulnerabilidad extrema de los migrantes en tránsito, la existencia de redes criminales que operan con impunidad en zonas fronterizas, y la falta de mecanismos efectivos de protección y búsqueda por parte del Estado mexicano. Para las familias de los 83 desaparecidos, la búsqueda continúa sin respuestas oficiales ni certezas sobre el destino de sus seres queridos.