Los principales países de América Latina han adoptado estrategias radicalmente diferentes para enfrentar el impacto de la guerra en Irán, que ha elevado el precio del barril de petróleo a 105 dólares y amenaza con provocar una recesión mundial si alcanza los 110 dólares, según el Fondo Monetario Internacional. Mientras Brasil destina 1.900 millones de dólares en subsidios y México sacrifica 287 millones semanales en recaudación fiscal, Chile traslada el costo completo a los ciudadanos en medio de un ajuste fiscal radical, según reporta El País.
La economía mundial enfrenta una crisis energética provocada por la guerra en Irán, con el barril de crudo cotizando en torno a los 105 dólares, muy cerca del umbral de 110 dólares que el Fondo Monetario Internacional estableció en su último informe de Perspectivas Económicas Mundiales como el punto desde el cual podría gestarse una recesión económica mundial, según El País. Las consecuencias ya tensionan las economías globales, principalmente por la subida de la inflación producto de la disparada de los precios de los hidrocarburos.
Los gobiernos latinoamericanos han respondido de formas radicalmente opuestas al nuevo escenario, desde subsidios extraordinarios hasta el traslado total de la presión al bolsillo de los ciudadanos, revelando la complejidad de la crisis y los diferentes enfoques políticos y económicos de cada administración.
**México reduce impuestos y negocia con gasolineras**
El Gobierno de Claudia Sheinbaum en México busca aliviar la presión sobre los precios mediante dos mecanismos paralelos: un sacrificio en la recaudación del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios para contener el alza de los combustibles y un acuerdo con gasolineros para mantener anclados los precios, según El País. Esta estrategia representa un costo de 5.000 millones de pesos (287 millones de dólares) que el erario deja de percibir cada semana, según declaró Sheinbaum.
La inflación en México, aunque moderó su avance en la primera mitad de abril, se ubicó en 4,53% anual, frente al 3,96% del mismo periodo del año pasado, según El País. Los empresarios gasolineros han señalado que la estrategia de precios anclados ha empezado a pesar sobre sus ganancias.
La subida de los energéticos ha impactado directamente en la mesa de los mexicanos. Solo en la primera quincena de abril, el jitomate se encareció 24,37% y el chile serrano 21,94%, ambos con gran incidencia en la cesta general y fundamentales para la culinaria mexicana, según El País. Los estímulos fiscales y las negociaciones con los gremios funcionan como un amortiguador, pero no logran contener del todo los ajustes.
**Brasil destina 1.900 millones de dólares en ayudas**
Luiz Inácio Lula da Silva firmó los primeros decretos presidenciales para paliar el impacto de la guerra 12 días después de que Estados Unidos e Israel empezaran a bombardear Irán, cuando quedó claro que no sería una operación relámpago, según El País. El 12 de marzo, Lula aprobó una subvención y la reducción de impuestos al diésel, usado por conductores y por los tractores del agro, y un gravamen extra a la exportación de petróleo para evitar cualquier desabastecimiento.
"Estamos haciendo ingeniería económica para evitar que los efectos de la irresponsabilidad de las guerras lleguen al pueblo", proclamó el presidente Lula, según El País. "Haremos todo lo posible", prometió.
El 6 de abril, Lula amplió las ayudas con un paquete de 9.500 millones de reales (1.900 millones de dólares) para contener los efectos en la inflación, según El País. El estrecho de Ormuz seguía cerrado de hecho, reduciendo el suministro mundial de petróleo y fertilizantes, las negociaciones para un alto el fuego ni habían comenzado y Brasil tiene elecciones en unos meses.
El subsidio federal al diésel aumentó, medida a la que los estados se sumaron, los impuestos al biodiésel fueron eliminados y se subvencionó el gas de cocina importado para igualar su precio al de producción nacional, según El País. También se aprobaron créditos para las aerolíneas y reducción del gravamen al queroseno de aviación, además de un impuesto extra al tabaco para compensar la pérdida de recaudación.
Como la guerra se alarga, Brasil planea aumentar en mayo la proporción de metanol que mezcla con la gasolina, otro paso para reducir la dependencia del combustible importado, según El País. Las ayudas, vigentes por dos meses, pueden ser prorrogadas otros dos meses.
**Argentina congela precios pese a ortodoxia libertaria**
El presidente de Argentina, Javier Milei, no ha dejado pasar ninguna oportunidad para escenificar su apoyo al ataque de Estados Unidos e Israel contra Irán, según El País. Pero la suba global del precio de los combustibles llega en el peor momento posible para el presidente, cuando los sondeos de opinión advierten sobre un creciente malestar social en Argentina y una marcada merma en la popularidad del ajuste ultraliberal aplicado por el Gobierno.
La inflación en Argentina acumula 10 meses consecutivos en ascenso: en marzo llegó al 3,4% mensual y al 32,6% interanual, según El País. El incremento de los hidrocarburos le dio un nuevo impulso a la inflación en el país, en un contexto de ajuste fiscal, apretón monetario, caída del consumo, de los salarios, del empleo y la recaudación.
Para intentar moderar el impacto en los precios, el Gobierno de Milei decidió relegar los principios ultraliberales del presidente, según El País. Después de que las naftas registraran alzas superiores al 20% en el primer trimestre del año, la petrolera estatal YPF resolvió congelar desde el 1 de abril y por 45 días los precios de los diferentes combustibles. La mayoría de las compañías del sector tomó medidas similares.
En un país tan diverso como Argentina, el aumento de la cotización de los hidrocarburos tiene un efecto disímil que varía regionalmente, según El País. Las finanzas se ven favorecidas en las provincias productoras de petróleo y gas, sobre todo en la Patagonia y la región cuyana, especialmente Neuquén, sede del yacimiento de crudo no convencional Vaca Muerta. En contraste, los distritos más afectados son aquellos en los que la utilización de combustibles es intensiva para la producción agropecuaria e industrial, como las provincias de Buenos Aires, Córdoba y Santa Fe, donde se concentra la mayor parte de la población del país.
**Colombia mantiene subsidios con impacto limitado**
En Colombia, país productor de petróleo que debe importar parte de la gasolina procesada por limitaciones en su capacidad de refinamiento, el impacto del crudo sobre la inflación en los últimos meses ha sido escaso, según El País. Si bien el país registra un repunte en el alza de precios, que cerró en marzo en un 5,56% interanual, el debate interno apunta más bien al abultado aumento del salario mínimo decretado por el Gobierno a finales de 2024.
El Estado colombiano ha subsidiado por años el precio de la gasolina, lo que ha generado un hueco fiscal significativo, según El País. El Gobierno de Gustavo Petro cerró paulatinamente esa brecha, pero en febrero intentó dar un paso en dirección contraria: redujo el precio del combustible para recrear un pequeño subsidio. Tuvo que revertir la decisión apenas un mes después. Fue, en cualquier caso, un ajuste menor, con impacto limitado tanto en lo económico como en lo político.
**Chile traslada el costo completo a los ciudadanos**
La Administración de José Antonio Kast se fijó entre sus prioridades un radical ajuste fiscal y, bajo el lema de un Gobierno de emergencia y una crítica profunda a las finanzas públicas heredadas de Gabriel Boric, decidió no financiar el aumento internacional del precio del petróleo, según El País. Por ello, los chilenos han debido asumir directamente esta alza que ha sido catalogada de "histórica".
Chile contaba con un mecanismo de estabilización vigente desde 2014 para contener los precios y que no impactara de lleno en los bolsillos de los chilenos, pero no se echó a andar, según El País. Los consumidores han debido costear el alza, principalmente de gasolina y diésel, porque el Ejecutivo subvenciona la parafina, indispensable en época de invierno para las familias con menos dinero, entrega un bono de 112 dólares al mes a los taxis, colectivos y al transporte de escolares, que los beneficiados catalogan de insuficiente, y además el congelamiento de precios en el transporte público.
En un país como Chile, donde buena parte de los bienes de consumo se transportan vía terrestre, el alza del transporte de carga pesada ha impactado directamente en las finanzas de los hogares, según El País. La inflación mensual se ubicó en un 1% en marzo, el alza se concretó el día 26, por sobre las expectativas de los especialistas. Pero el dato de abril, que se conocerá a comienzos de mayo, debería llegar al 1,4%, según los analistas.
Esta decisión sobre el precio del combustible le ha costado a Kast una caída en su popularidad, cuando cumple 40 días en el poder, según El País. Pasó de un 57% a un 42% de respaldo, según la encuestadora Cadem, y la desaprobación subió 16 puntos, de un 34% a un 50%. Los chilenos están más pesimistas sobre su situación económica personal y el Banco Central de Chile ha recortado las proyecciones de crecimiento para 2026. Todo mientras el Gobierno presenta una megarreforma con énfasis en la rebaja de impuestos a las empresas.
**Implicaciones regionales y perspectivas**
La crisis energética provocada por la guerra en Irán expone las diferentes capacidades fiscales y prioridades políticas de los gobiernos latinoamericanos. Mientras Brasil y México destinan recursos significativos para amortiguar el impacto en sus poblaciones, con costos fiscales considerables, Chile opta por un ajuste que traslada el costo completo a los ciudadanos, y Argentina se ve obligada a abandonar temporalmente su ortodoxia económica para evitar un mayor deterioro social.
La duración y magnitud del conflicto en Irán determinarán si estas medidas son sostenibles o si los gobiernos deberán ajustar sus estrategias. El umbral de 110 dólares por barril establecido por el FMI como punto de inflexión hacia una posible recesión mundial permanece como una amenaza latente, con el precio actual en 105 dólares. La región enfrenta el desafío de equilibrar la protección social con la sostenibilidad fiscal en un contexto de incertidumbre global prolongada.