América Latina gasta poco y mal en educación: computadoras sin usar y bolígrafos sobrerregulados

La paradoja educativa latinoamericana queda expuesta en situaciones como la de una ciudad que exigió 32 especificaciones técnicas para comprar bolígrafos escolares, mientras computadoras valoradas en millones de dólares permanecen almacenadas sin usar por falta de capacitación docente y problemas de conectividad, según revela el nuevo estudio del BID.

El informe, que analizó 22 sistemas educativos de la región, concluye que el problema va más allá de la escasez de recursos: América Latina no solo gasta poco en educación, sino que lo hace de manera ineficiente. La recuperación postpandemia ha sido lenta y las brechas de aprendizaje con países desarrollados persisten, según señala el documento.

Entre los casos de éxito destaca República Dominicana, que ha logrado avances importantes al garantizar constitucionalmente el 4% del PIB para educación, reflejándose en una mejora de 14 puntos en las pruebas PISA de matemáticas y en mayor acceso educativo, según el estudio del BID.

Chile representa otro ejemplo positivo con su Ley de Subvención Escolar Preferencial (SEP), que asigna aproximadamente un 70% más de presupuesto por cada estudiante vulnerable, utilizando datos socioeconómicos actualizados. El resultado ha sido una reducción considerable de la brecha de aprendizaje entre estudiantes de diferentes niveles socioeconómicos en 0,42 desviaciones estándar. Además, el Congreso chileno basa sus decisiones educativas en análisis de datos, priorizando la evidencia.

Brasil ofrece otra lección fundamental: la importancia de la medición y transparencia. Con su censo escolar anual, evaluaciones públicas y portales de datos transparentes, el país ha creado un sistema donde la información genera políticas efectivas. No es casualidad que sea el único país de la región con mejora sostenida en PISA: 76 puntos en matemáticas en 20 años, según el informe.

En contraste, Costa Rica ilustra los problemas de descentralizar sin construir capacidades. Sus juntas escolares administran hasta el 25% del presupuesto educativo, pero el 90% de sus miembros carece de formación universitaria. Ante esta situación, el gobierno ha respondido con excesiva regulación, creando procesos tan complejos que hasta comprar alimentos básicos para comedores escolares requiere proveedores especialmente acreditados. El resultado: solo el 25% de las juntas ejecuta el 90% de los recursos, y los resultados en PISA llevan estancados 15 años.

Argentina presenta un caso particularmente complejo en sistemas federales. Mantiene una inversión educativa históricamente alta y su sistema de coparticipación transfiere recursos significativos a las provincias. Sin embargo, más del 90% del presupuesto llega con destino predefinido, dejando mínimo margen para innovación. Los indicadores reflejan estas tensiones: resultados estancados en PISA y 25% de deserción en secundaria.

El estudio concluye que el gasto efectivo requiere alinear cuatro dimensiones fundamentales: movilizar recursos suficientes, distribuirlos con criterios técnicos, ejecutarlos efectivamente y monitorear transparentemente los resultados.

La crisis educativa postpandemia ha generado consenso sobre la urgencia de reformas. El informe del BID enfatiza la necesidad de que ministerios de Educación y Finanzas trabajen juntos, que la evidencia guíe las decisiones, y que cada peso invertido se transforme en aprendizaje real.

El documento advierte que el coste de gastar mal no se mide solo en recursos desperdiciados, sino en generaciones que ven limitadas sus oportunidades porque el sistema educativo les falló, un coste que ningún país puede permitirse.