La carrera global por construir infraestructura para inteligencia artificial plantea desafíos geopolíticos y ambientales urgentes para Argentina, país que podría convertirse en receptor de centros de datos sin obtener beneficios significativos ni mantener control sobre sus recursos, según advierten especialistas en tecnología y soberanía digital.

La Agencia Internacional de Energía proyecta que para 2030 los sistemas de inteligencia artificial absorberán alrededor del 20% de la demanda global de energía, según datos citados por El País. Las cinco grandes empresas tecnológicas invertirán 736 millones de dólares entre 2025 y 2026 en infraestructura de centros de datos, según Goldman Sachs.

El anuncio del año pasado sobre la posible construcción de un centro de datos de OpenAI en la Patagonia generó múltiples alertas entre expertos. Esta inversión se desarrolla bajo el marco del RIGI, régimen impulsado por el actual gobierno argentino que, según críticos, elimina herramientas del Estado nacional para exigir estándares ambientales, fiscales y de producción local.

Yas García, directora de inteligencia artificial y datos para la Fundación Conocimiento Abierto y Jump Educación, señala la falta de transparencia en las negociaciones público-privadas. "Suele ser poco transparente porque mezcla uso de suelo, obras de red eléctrica, contratos de energía, beneficios fiscales (depende del país) y compromisos de empleo, pero bajo confidencialidad comercial", dijo García a El País.

El lanzamiento de Stargate Argentina con Sur Energy y OpenAI promete generación de empleo, pero García advierte que la fuerza laboral será principalmente para la construcción inicial. "Es un punto favorable, pero no escalable. Luego permanecerá un equipo reducido", explicó. La experta cuestiona qué establece la letra pequeña de los acuerdos reales: "¿Tierra?, ¿energía?, ¿quién paga las obras?", se pregunta.

El contexto internacional muestra empresas tecnológicas apresurándose a cerrar acuerdos circulares antes de que explote lo que muchos analistas consideran una burbuja de la inteligencia artificial. OpenAI paga a Oracle por capacidad informática, Oracle a Nvidia por chips y Nvidia invierte millones en OpenAI, según describe el artículo.

Milagros Miceli, socióloga y doctora en ingeniería informática en DAIR Institute y Weizenbaum-Institut, explica que la construcción de centros de datos juega un papel crucial para convencer a inversores. "El data center es un lugar tangible que se le puede mostrar a un inversor para decir 'estamos haciendo algo'. La construcción de data centers es un poco inseparable del tema de la burbuja de la IA, que definitivamente es una burbuja y que como tal se sostiene con una promesa: hay que invertir porque esto va a mejorar todo, porque esto va a revolucionar la industria", dijo Miceli.

Desde un punto de vista técnico, los sistemas de automatización podrían diseñarse de manera más sostenible, creando sistemas con menos datos y con infraestructuras más pequeñas, según Miceli. "Pero esta no es la mentalidad que prima en la industria de la inteligencia artificial, sobre todo en Occidente, sobre todo en Silicon Valley", lamentó.

En Argentina, el proyecto político de desregulación facilita que el entramado de negociación carezca de transparencia y beneficia la falta de controles, según el análisis presentado. El Congreso argentino discute actualmente una reforma de la Ley de Glaciares que podría habilitar actividades hoy prohibidas en zonas protegidas, como minería y obras de infraestructura, lo que constituye un grave retroceso según críticos.

Hace semanas, el ministro de Desregulación y Transformación, Federico Sturzenegger, comentó públicamente que su única tarea es evitar que aparezca una regulación con respecto a la inteligencia artificial, posición que contrasta con tendencias regulatorias en el norte global.

Más allá de los riesgos ambientales, expertos advierten sobre la autonomía argentina y su rol en la cadena global de valor de la inteligencia artificial. Nadia (Nodo Argentino de Inteligencia Artificial) publicó un manifiesto advirtiendo el riesgo de que el país termine como un mero depósito de centros de datos.

García contextualiza que "la soberanía digital no es negarse a inversiones: es negociar de forma que haya control, transparencia, retornos locales y protección de derechos". Según la experta, Argentina tiene potencial para ser receptor de grandes inversiones tecnológicas, "pero debemos fijar condiciones ahora como precedente regulatorio que quede instalado".

Respecto a alternativas más soberanas, García identifica empresas argentinas que podrían liderar una estrategia de soberanía, como YPF y Arsat, en el ámbito energético. "Pero la soberanía digital no la lidera un solo actor: requiere una estrategia país", comentó.

"Necesitamos un ancla pública de infraestructura y conectividad, un sistema energético que garantice adicionalidad renovable y flexibilidad sin competir con la demanda local, y una serie de capacidades —universidades, ciencia y sector productivo— para capturar valor", explicó García. "Si solo atraemos máquinas sin construir capacidades, nos volvemos territorio de cómputo y no productores de tecnología", concluyó.

La discusión sobre producción de infraestructura y tecnología desde el sur global representa uno de los mayores desafíos para la región, según el análisis. La pregunta sobre qué gana Argentina con estas inversiones resulta indispensable y extrapolable a toda América Latina, en un contexto donde las grandes empresas tecnológicas no encuentran incentivos para suavizar el impacto ambiental ni marcos legales que las obliguen a hacerlo.