La posible construcción de centros de datos de inteligencia artificial en Argentina, incluyendo un proyecto de OpenAI en la Patagonia, genera alertas sobre pérdida de soberanía digital y costos ambientales, según expertos consultados por El País. Las inversiones se enmarcan en el polémico Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI), que reduce la capacidad del Estado para exigir estándares ambientales y fiscales, mientras las cinco grandes empresas tecnológicas planean invertir 736 millones de dólares entre 2025 y 2026, según Goldman Sachs.