Ayuso desafía al Gobierno y rechaza crear el registro de objetores al aborto
La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha anunciado que no creará el registro de médicos objetores al aborto, lo que llevará al Ministerio de Sanidad a iniciar acciones judiciales contra la región.
La Comunidad de Madrid se mantiene como la única región en España que se niega a cumplir con la Ley de Salud Sexual y Reproductiva de 2023, que establece la creación de un registro de médicos objetores de conciencia. La ministra de Sanidad, Mónica García, ha advertido que iniciarán un proceso contencioso-administrativo contra el Gobierno de Ayuso por este incumplimiento.
Según declaraciones de la consejera de Sanidad madrileña, Fátima Matute, prefieren que sean los tribunales quienes determinen la obligatoriedad del registro. "Nosotros preferimos que sea un tribunal el que diga lo que hay que hacer antes que un Gobierno sectario que no piensa en nada ni en nadie", manifestó.
El Ministerio de Sanidad dio un plazo de un mes a Madrid, Aragón e Illes Balears para crear el registro. Mientras que Aragón y Baleares finalmente lo implementaron, Madrid mantiene su postura de rebeldía. La ministra Mónica García ha calificado la actitud de Ayuso como "trumpista" y ha señalado que está "desoyendo al Tribunal Constitucional" y "yendo contra el derecho de las mujeres".
El registro en cuestión es un documento de acceso reservado, diseñado para organizar los servicios sanitarios y garantizar el derecho al aborto en la sanidad pública. No se trata de un listado público, como ha intentado hacer creer el Gobierno de Ayuso, sino una herramienta administrativa.
La consejera Matute ha enfatizado que en la Comunidad de Madrid "creemos en el aborto legal, seguro y poco frecuente" y que no van a "señalar y perseguir" a nadie. Sin embargo, su negativa a crear el registro podría derivar en acciones legales por parte del Gobierno central.
El conflicto refleja la tensión política existente entre el Gobierno de Pedro Sánchez y el Ejecutivo autonómico de Isabel Díaz Ayuso, quienes mantienen posturas enfrentadas en diversos temas. El Ministerio de Sanidad tiene ahora dos meses para presentar un recurso contencioso-administrativo que obligue a la Comunidad de Madrid a cumplir la ley.
