

Bolivia oficializó en marzo de 2026 el uso de soya transgénica HB4, una semilla genéticamente modificada que viene acompañada del herbicida glufosinato de amonio, prohibido en la Unión Europea por ser presunto tóxico para la reproducción. La medida, impulsada por grandes productores exportadores y anunciada por el ministro de Planificación del Desarrollo y Medio Ambiente, Fernando Romero, consolida un modelo agropecuario que ha quintuplicado la importación de plaguicidas desde 2005, según la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), y donde 13 de los 15 plaguicidas más importados en 2023 están prohibidos en otros países, según el investigador Stasiek Czaplicki.
La aprobación de la soya HB4 marca un nuevo capítulo en la estrategia agrícola boliviana iniciada en 2005, cuando el país autorizó mediante decreto el uso de soya transgénica RR para competir con Brasil, Paraguay y Argentina, la llamada "república de la soya". Más de dos décadas después, el cereal se ha convertido en la estrella exportadora del sector agrícola boliviano, llevando al Gobierno del presidente de centroderecha Rodrigo Paz, investido hace cinco meses, a oficializar esta nueva semilla genéticamente modificada.
Los promotores de la medida, principalmente latifundistas productores a gran escala agrupados en la Asociación de Productores de Oleaginosas y Trigo (ANAPO), justifican la decisión en la mayor resistencia de la HB4 a las sequías, tolerando entre un 15 y un 20% más la sequía según sus defensores, y en hacer la producción del país "competente" frente a los países vecinos. La resolución fue anunciada por Romero en la más reciente Exposoya, el mayor evento tecnológico soyero del país, organizado anualmente por ANAPO. Representantes de la organización destacaron la "firme convicción del Gobierno en el camino hacia una liberación plena de todas las tecnologías".
Romero, quien fue presidente de ANAPO durante dos gestiones entre 2023 y 2025 antes de ser ministro, justificó la medida: "Esta decisión responde a una visión clara: Bolivia no puede quedarse rezagada en el acceso a tecnologías que ya están siendo utilizadas por nuestros amigos productores de otros países", dijo. Otro ministro de carteras estratégicas del Gobierno de Paz también proviene de la agroindustria: el ministro de Desarrollo Productivo, Rural y Aguas y expresidente de la Cámara Agropecuaria de Industria, Óscar Justiniano.
Sin embargo, investigadores medioambientales y plataformas ecologistas advierten que se está tolerando lo ilegal, porque el grano ya se contrabandeaba en el país, además de consolidar un modelo agropecuario dependiente de transgénicos y agrotóxicos. "No se trata solo de una semilla, sino de un paquete tecnológico que permite fumigar el cultivo con un herbicida más tóxico sin dañarlo. Esto responde a un problema generado por el propio modelo agroindustrial: el uso intensivo de herbicidas como el glifosato ha favorecido la aparición de malezas resistentes y la respuesta ha sido escalar hacia agroquímicos más fuertes", explicó Czaplicki, investigador y economista ambiental.
El glifosato, comercializado por la multinacional Monsanto, llegó a Bolivia con la soya RR en 2005. La Organización Mundial de la Salud (OMS) lo calificó como "probablemente cancerígeno para humanos" en 2014. Ahora, el glufosinato de amonio se suma oficialmente al arsenal químico utilizado en la agricultura boliviana. Este componente está prohibido en la Unión Europea tras calificarlo como "presunto tóxico para la reproducción", basándose en estudios en animales.
La importación de plaguicidas en Bolivia se ha quintuplicado en el periodo 2005-2022, según la FAO. Czaplicki añade que de entre los 15 plaguicidas más importados a Bolivia en 2023, 13 están prohibidos en otros países. "En los hechos, lo que se está haciendo es profundizar la dependencia de sustancias más peligrosas y reforzar un modelo cada vez más tóxico", aseguró el investigador.
A pesar de que un tercio del área cultivada en Bolivia está destinado a la soya, el país tiene un rendimiento inferior al de los vecinos de la "república de la soya". Las razones dependen más, coinciden expertos, de la insistencia en un modelo enfocado en abrir nueva frontera agrícola en vez de mejorar la productividad en tierras ya intervenidas. "Buena parte de la producción se hace en suelos no aptos para agricultura intensiva, con bajo uso de fertilizantes y una degradación rápida de los suelos. Eso hace que cada año se abandone cerca del 20% del área sojera y que esa pérdida se compense incorporando nuevas tierras, muchas veces mediante deforestación", explicó Czaplicki.
Los altos costos de importación de agrotóxicos sugieren un modelo de desarrollo del agro iniciado hace más de 20 años y basado en el patrón extensivo, la huella ecológica y una creciente dependencia externa de insumos. Los efectos de los plaguicidas ya están afectando a personas y alimentos, según denuncia Elizabeth Vargas, técnica investigadora de la Plataforma Boliviana Frente al Cambio Climático.
"En Bolivia se produce torta de soya para la nutrición animal y la producción avícola que después las personas consumen. Hay estudios que señalan restos de plaguicidas en otros cultivos que suelen producir los agricultores indígenas, como tomate, lechuga y otras verduras", apuntó Vargas. Se refiere a un estudio de 2024 realizado por la Fundación Agrecol Andes que concluye que el 43% de los alimentos agrícolas en Cochabamba están contaminados con al menos un plaguicida de una lista de 27 agroquímicos encontrados en la muestra.
Otra investigación de 2025 de la Universidad Mayor de San Andrés (UMSA) de La Paz asegura que el 100% de las 244 personas de Santa Cruz de la Sierra a las que se les hizo la muestra tenía glifosato en su organismo. Para Vargas, el modelo actual expansivo y agroquímico está implementado desde hace al menos 20 años, pero vislumbra una profundización del método en la actual gestión de Paz.
"Tenemos conocimiento de que ha existido presión desde el agronegocio para que se apliquen procedimientos abreviados. Bolivia ha ratificado el Protocolo de Cartagena con la ley 2274 y todo ingreso de un organismo modificado debe ser aprobado por el Comité Nacional de Bioseguridad, del que no existe un estudio al respecto", denunció Vargas.
Como alternativa al modelo actual, Vargas propone primero retirar el monocultivo, que convierte a las cosechas en vulnerables a la proliferación de plagas y malezas. "En cuanto a la producción, sugerimos aprovechar los distintos pisos ecológicos que goza el país. Se debe promover el desarrollo territorial, que las diferentes vocaciones de los territorios sean promovidas y se fortalezca la agricultura de base campesina indígena. Es la que alimenta al país y está rezagada desde hace varios años", dijo.
La decisión boliviana de aprobar la soya HB4 consolida un modelo agrícola que prioriza la expansión de cultivos transgénicos y el uso intensivo de agroquímicos, muchos de ellos prohibidos en otras regiones del mundo por sus riesgos para la salud humana y el medio ambiente. Con dos ministros clave del Gobierno de Paz provenientes directamente del sector agroindustrial, la política agrícola boliviana parece encaminarse hacia una profundización de este modelo, a pesar de las advertencias de investigadores sobre sus consecuencias sanitarias y ambientales a largo plazo.