Bruselas impulsa dos autopistas energéticas para conectar España con Europa y superar las reticencias de Francia

La Comisión Europea ha presentado un ambicioso plan para modernizar y ampliar la infraestructura energética europea, con especial énfasis en acabar con el aislamiento energético de la península Ibérica. "Queremos poner fin al aislamiento energético en los distintos Estados miembros", ha declarado la vicepresidenta de la Comisión para una Transición Limpia, Justa y Competitiva, la española Teresa Ribera, al presentar la iniciativa.

Las dos autopistas energéticas que afectan a España son una conexión eléctrica con Francia a través de los Pirineos y un corredor de hidrógeno que se extiende desde Portugal hasta Alemania. Estos proyectos forman parte de un amplio "paquete de redes" energéticas que incluye propuestas legislativas para modernizar la "columna vertebral" del sistema energético europeo.

El plan contempla multiplicar por cinco los fondos comunitarios destinados a redes energéticas en el próximo presupuesto plurianual, hasta alcanzar los 30.000 millones de euros. En total, el coste de esta renovación de las redes energéticas se estima en 1,2 billones de euros hasta 2040, según reconoce la propia Comisión.

La designación como "autopistas energéticas" busca dar un impulso político adicional a estos proyectos, que ya habían sido identificados previamente como proyectos de interés común (PCI) o de interés mutuo (PMI), pero que han enfrentado obstáculos para su materialización, principalmente por las reticencias de Francia.

"Francia ha sido reticente a tener más interconectores", ha reconocido el comisario europeo de Energía y Vivienda, Dan Jørgensen, quien ha añadido que "incluso un país como Francia evita unos 40 apagones al año gracias a que está conectado con sus vecinos". El comisario ha subrayado que "para tener menos apagones en el futuro hay que tener más interconectores".

En el caso de la autopista energética en los Pirineos entre España y Francia, que son dos proyectos de interconexión adicionales al ya en marcha por el golfo de Vizcaya, la Comisión fija como objetivo "aumentar la capacidad total de interconexión a 8 GW para 2040 —de los actuales 2,5 GW—, reforzar la resiliencia del sistema y reducir la restricción de las energías renovables". Estos proyectos conectarían España con Francia a través de Navarra-Landes y Aragón-Pirineos atlánticos.

Bruselas se compromete a trabajar para "facilitar una declaración política conjunta" para la próxima reunión ministerial del grupo de alto nivel del Sur-Oeste de Europa, en el primer trimestre de 2026, con el objetivo de "confirmar el inicio de la implementación de al menos uno de los proyectos".

La segunda autopista que atraviesa territorio español es el corredor de hidrógeno del suroeste, conocido como H2Med, que pretende suministrar hasta dos millones de toneladas de hidrógeno renovable al año para 2030, conectando Portugal con Alemania a través de España y Francia, e incluye la tubería submarina entre Barcelona y Marsella. La Comisión reconoce que hasta ahora los avances han sido "limitados" debido a diversos retos, entre ellos "la falta de aceptación, los retrasos en la aplicación de la normativa y las dificultades para garantizar la financiación".

La crisis eléctrica que sufrió la península Ibérica a finales de abril de 2025 ha intensificado la presión de España y Portugal sobre Bruselas y Francia para impulsar las interconexiones eléctricas. Ambos países enviaron una carta conjunta a la Comisión Europea reclamando apoyo político y financiero para resolver esta demanda histórica.

Actualmente, el nivel de interconexión entre España y Francia se encuentra en apenas un 3%, muy lejos del objetivo del 15% fijado por la UE para 2030. Esta situación contribuye a la disparidad de precios energéticos en Europa, donde en el primer semestre de 2025, el precio medio de la electricidad para los consumidores varió entre 0,3835 euros por kWh en Alemania y 0,1040 euros por kWh en Hungría.

Además de las autopistas energéticas, Bruselas propone "simplificar y acortar" los tiempos de concesión de permisos para todas las infraestructuras de red, proyectos de energía renovable, almacenamiento y estaciones de recarga. El objetivo es que estos procesos "no duren más de dos años, con un máximo de tres para los proyectos más complejos", frente a los cinco años o incluso una década que pueden tardar actualmente.

El eurodiputado español Nicolás González Casares ha valorado que la propuesta final contiene algunas "mejoras" en cuanto a garantías medioambientales respecto a borradores previos, aunque confía en que durante el proceso legislativo se puedan corregir algunos "desequilibrios" para garantizar que el paquete final refuerce la transición ecológica sin poner en riesgo estándares ambientales ni derechos de las comunidades.

"Europa debe acelerar sus redes y proyectos renovables, pero no a costa de debilitar garantías ambientales ni de generar inseguridad jurídica. La transición energética solo será un éxito si es rápida, pero también justa y sostenible", ha afirmado González Casares.

Fuentes comunitarias reconocen que existe una "fuerte dimensión política" en los esfuerzos para lograr el desarrollo de las ocho autopistas que Bruselas reclama, y recuerdan que los propios Tratados de la UE establecen que son los Estados miembros los que tienen la última palabra a la hora de decidir sobre los proyectos de infraestructuras que puedan afectar a su territorio, teniendo incluso derecho a vetarlos.