Canadá eliminó el organismo encargado de investigar presuntas violaciones de derechos humanos cometidas por empresas canadienses que operan en el extranjero, después de que el primer ministro Mark Carney afirmara que la oficina no había sido "efectiva" desde su creación en 2019. La decisión se produce mientras el país enfrenta críticas de la administración de Donald Trump por sus esfuerzos "inaceptables" para combatir el trabajo forzado.