Colapsa caso de espionaje chino en Reino Unido desatando crisis política

La controversia ha generado un intenso debate político en Reino Unido, con acusaciones cruzadas entre el gobierno laborista del primer ministro Keir Starmer y la oposición conservadora liderada por Kemi Badenoch sobre quién tiene la responsabilidad del fracaso judicial.

Según Stephen Parkinson, director del Servicio de Fiscalía de la Corona (CPS por sus siglas en inglés) y máximo fiscal de Inglaterra y Gales, el caso se derrumbó porque el gobierno no proporcionó evidencia que designara a China como una amenaza para la seguridad nacional. En una inusual intervención pública, Parkinson afirmó que la fiscalía intentó "durante muchos meses" obtener pruebas adicionales del gobierno, pero las declaraciones de testigos no alcanzaron el umbral necesario para proceder con la acusación, según informó la BBC.

Cash, un ex investigador parlamentario, y Berry fueron acusados bajo la Ley de Secretos Oficiales en abril de 2024, señalados de recopilar y proporcionar información perjudicial para la seguridad e intereses del Estado entre diciembre de 2021 y febrero de 2023. Ambos han mantenido consistentemente su inocencia, de acuerdo con las fuentes consultadas.

Parkinson explicó que, aunque existía evidencia suficiente cuando se presentaron los cargos originalmente en abril de 2024, un precedente establecido por otro caso de espionaje a principios de este año significaba que China debería haber sido etiquetada como una "amenaza para la seguridad nacional" en el momento de los presuntos delitos. Sin embargo, algunos expertos legales han cuestionado si el CPS realmente necesitaba esta evidencia para proceder con la acusación, según reporta la BBC.

El gobierno de Starmer ha insistido en que la decisión de retirar los cargos fue tomada exclusivamente por el CPS, sin intervención de ministros o miembros del gobierno. "No hubo ningún papel para ningún miembro de este gobierno, ningún ministro o asesor especial, para tomar cualquier decisión en relación con este caso. Eso es enteramente responsabilidad del CPS", declaró un portavoz del primer ministro, según Morningstar.

El primer ministro ha intentado desviar la atención hacia el anterior gobierno conservador, que estaba en el poder cuando ocurrieron los presuntos delitos. Starmer argumenta que la acusación solo podía basarse en la posición del gobierno conservador en ese momento, cuando según él, China no estaba designada como una "amenaza para la seguridad nacional".

Badenoch ha rechazado categóricamente esta afirmación, señalando que varios ex altos funcionarios de seguridad y legales también han cuestionado el argumento del gobierno. Varios ex ministros y asesores conservadores han declarado a la BBC que no existía una designación oficial sobre si un país constituye una amenaza, pero afirman que hay cientos de ejemplos de actividades chinas que representaban una amenaza para el Reino Unido en el momento de los presuntos delitos, que podrían haberse presentado como evidencia.

La controversia se ha intensificado con acusaciones de los conservadores de que Jonathan Powell, asesor de seguridad nacional del primer ministro, quien ha buscado relaciones más estrechas con Beijing, no proporcionó al CPS la evidencia necesaria para asegurar condenas. The Sunday Times informó este fin de semana que Powell había presionado para que el caso fuera retirado por temor a que pudiera provocar que China retirara inversiones, una afirmación que el portavoz de Starmer calificó como "completamente falsa", según reporta Morningstar.

Los ministros han insistido en que Powell no tuvo ninguna participación en el fondo o la evidencia del caso. Sin embargo, Badenoch ha acusado al gobierno de colapsar deliberadamente el juicio porque "el primer ministro quiere congraciarse con Beijing", algo que el gobierno ha negado.

Desde las elecciones generales del año pasado, el Partido Laborista ha buscado vínculos comerciales más estrechos con China para ayudar a lograr su objetivo de hacer crecer la economía. El entonces Secretario de Relaciones Exteriores David Lammy, la Canciller Rachel Reeves y Powell han visitado el país durante el último año, según la BBC.

El gobierno ha insistido en que su enfoque hacia China está arraigado en los intereses nacionales del Reino Unido. Sin embargo, Badenoch ha afirmado que tras el colapso del caso, parece que el primer ministro ha sido "demasiado débil para enfrentarse a Beijing en un asunto crucial de seguridad nacional".

Hamish Falconer, ministro junior de Relaciones Exteriores, insistió el lunes en que el actual gobierno laborista sí considera a China como una amenaza para la seguridad nacional, en lo que parece ser un endurecimiento de su lenguaje hacia Beijing. "Representan amenazas para la seguridad nacional del Reino Unido, ya sea en relación con la ciberseguridad, la represión transnacional, su relación con Rusia, en relación con el conflicto en Ucrania; pero también hay, por supuesto, áreas donde tenemos que cooperar", declaró a Times Radio, según recoge Morningstar.

Badenoch ha pedido a Starmer que aborde las "preguntas sin respuesta" sobre por qué colapsó el caso. Mientras tanto, el gobierno británico debe anunciar pronto si permitirá que China construya una nueva y extensa embajada cerca de la Torre de Londres, lo que ha generado preocupación entre los residentes y defensores de los derechos humanos, añadiendo otra dimensión a esta controversia diplomática.