El Ministerio de Trabajo de Colombia publicó el decreto 415 de 2026 que obliga a las administradoras de fondos privados de pensiones (AFP) a transferir más de 25 billones de pesos colombianos, equivalentes a unos 7.000 millones de dólares, a Colpensiones en un plazo máximo de 30 días hábiles, antes de la primera vuelta presidencial del 31 de mayo. La medida afecta a 119.632 colombianos que se trasladaron del régimen privado al público bajo la reforma pensional, cuya constitucionalidad permanece suspendida por la Corte Constitucional desde junio de 2025, y ha generado el anuncio inmediato de demandas por parte del gremio de las AFP.