Congreso de Estados Unidos impulsa ley de sanciones contra México por disputa con minera Vulcan Materials
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Congreso de Estados Unidos impulsa ley de sanciones contra México por disputa con minera Vulcan Materials

La Cámara de Representantes de Estados Unidos aprobó una iniciativa que podría imponer sanciones al Gobierno mexicano por la disputa con la minera Vulcan Materials, cuya mina de piedra caliza en Quintana Roo fue declarada Área Natural Protegida en 2024. La propuesta, pendiente de votación en el Senado, surge mientras ambos países negocian la revisión del tratado de libre comercio con fecha límite el 1 de julio de 2026, y la empresa reclama 1.900 millones de dólares en un arbitraje internacional.

INTERNACIONAL1 ABR 2026

El Congreso estadounidense ha elevado la presión sobre México en el conflicto que mantiene con la minera Vulcan Materials desde 2022. La Cámara de Representantes de Estados Unidos aprobó el Acto para Proteger a las Empresas Estadounidenses en el Extranjero, una ley que podría suponer sanciones para el Gobierno mexicano y que ahora está pendiente de votación en el Senado, según reporta El País.

La iniciativa fue propuesta por el congresista de Texas August Pfluger, quien ha reconocido que está inspirada específicamente en el caso de Vulcan Materials con México. Pfluger argumenta que la empresa minera se encuentra en desventaja frente a las acciones del Gobierno mexicano y que este viola el Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (TMEC). "No podemos permitir que un Gobierno extranjero robe propiedad estadounidense y no enfrente consecuencias", dijo Pfluger en su discurso en Washington, según la fuente.

El origen del conflicto se remonta a 2022, cuando comenzó el tira y afloja entre Vulcan Materials y el Gobierno mexicano. La compañía posee una mina a cielo abierto de piedra caliza de unas 2.000 hectáreas de extensión cerca de Playa del Carmen, en el Estado de Quintana Roo, además de una concesión en la terminal marítima de Punta Venado vigente hasta 2037, según El País.

En 2024, la Administración de Andrés Manuel López Obrador declaró como Área Natural Protegida 53.000 hectáreas de la Península de Yucatán, en las que estaba incluido el terreno de Vulcan Materials. Esta designación impide a la empresa cualquier explotación minera en la zona. La compañía llevó el asunto a un arbitraje internacional en el que reclama 1.900 millones de dólares por la propiedad, según la fuente.

La firma ha reclamado en varias ocasiones que las autoridades mexicanas le han presionado para conceder el terreno. La clausura de la minera en 2023 estuvo acompañada de miembros del Ejército y la Marina, lo que elevó la tensión entre ambos países, según El País. El congresista Pfluger ha denunciado que mientras el arbitraje internacional se resuelve, el Gobierno mexicano ha encontrado vías a través del fisco para presionar a la firma. "Ahora México está utilizando como arma a su autoridad tributaria para reclamar miles de millones de dólares retroactivos y confiscar lo que queda", mencionó el republicano de Texas, según la fuente.

México rechaza las acusaciones y asegura que hasta el momento "no existe expropiación ni confiscación de activos de Vulcan Materials". Entre los argumentos del Gobierno mexicano está que la minera abusó de la explotación de minerales que le fue autorizada inicialmente, según El País. La Secretaría del Medio Ambiente se encuentra vigilando que no haya más actividades en la zona y ha rechazado los señalamientos desde el norte sobre la expropiación del terreno.

"Los predios, incluyendo la terminal marítima, continúan siendo propiedad de la empresa. Las medidas adoptadas corresponden a la restricción de actividades extractivas derivada de la declaratoria de Área Natural Protegida Felipe Carrillo Puerto, conforme al marco jurídico mexicano", mencionó el Gobierno en un comunicado, según la fuente.

La presidenta mexicana, Claudia Sheinbaum, ha asegurado que las renovadas intenciones de Estados Unidos por sancionar a México están lejos de concretarse. La mandataria explicó este martes que la búsqueda de nuevos sitios para que la minera continúe trabajando en el país puede ser una vía para solucionar el conflicto, según El País. "Ya no se podría explotar en el Área Natural Protegida, hay algunas minas que están en otros lados que la Secretaría de Medio Ambiente tendría que analizar si es factible su explotación o algún otro mecanismo para que se evite la controversia y se pueda llegar a un acuerdo", mencionó Sheinbaum, según la fuente.

Una de las bazas de Estados Unidos para lograr un acuerdo lo más pronto posible se recarga en la revisión del TMEC, que se encuentra en negociaciones y tiene como fecha límite el 1 de julio de 2026. El jefe de la representación comercial de Estados Unidos, Jamieson Greer, ha apuntado ante el Congreso que como una de sus prioridades en la mesa de negociación está la compensación de la minera, según El País.

"[Hay] cambios perjudiciales en el clima empresarial de México, evidenciados por las recientes reformas constitucionales para renacionalizar el sector energético mexicano de manera que perjudican a los inversionistas estadounidenses, y la negativa de México a compensar a la empresa estadounidense Vulcan Materials por el robo de su mina de grava", dijo Greer en diciembre en su comparecencia ante el Congreso, según la fuente.

México ha defendido durante meses su interés porque el TMEC se renueve con cambios menores y ha reconocido que podría hacer algunas concesiones para lograrlo, según El País. Después de entrar en un punto muerto, la pugna por el futuro de la mina y la terminal marítima de Vulcan Materials abre nuevos caminos para conseguir un punto de acuerdo.

"Si el Gobierno extranjero regresa la propiedad, ofrece una compensación justa y resuelve la disputa, entonces las restricciones se retiran", ha propuesto el legislador que ha llevado la iniciativa al Congreso, según la fuente. Sheinbaum, además, mantiene abierta la puerta a un nuevo compromiso que evite el pago de la millonaria indemnización de 1.900 millones de dólares.

La resolución de este conflicto se presenta como un elemento clave en las relaciones bilaterales entre ambos países en un momento crítico, con la revisión del tratado comercial en juego y presiones legislativas desde Washington que buscan proteger los intereses de empresas estadounidenses en el extranjero. La disputa pone en evidencia las tensiones entre la protección ambiental que México argumenta y los derechos de propiedad e inversión que Estados Unidos defiende en el marco del TMEC.

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