Costa Rica se prepara para elecciones cruciales en medio de tensión política y temor a deriva autoritaria

La campaña electoral más larga de la historia reciente de Costa Rica llega a su fin envuelta en un ambiente de recelo y cansancio ciudadano. Aunque el presidente Rodrigo Chaves no puede optar a la reelección inmediata, se ha convertido en el protagonista indiscutible de la contienda que definirá este 1 de febrero al próximo jefe de Estado y a los 57 diputados para el período 2026-2030, según reporta El País.

Lo que durante décadas fue descrito como una "fiesta electoral" se percibe hoy como un pulso que entusiasma a pocos, salvo al segmento de población afín a Chaves, quien cierra cuatro años de gobierno con una aprobación cercana al 60%. Veinte partidos compiten en un escenario dominado por el oficialismo y una oposición fragmentada que intenta evitar un triunfo en primera vuelta de Laura Fernández, exministra leal al mandatario que ya anunció su deseo de nombrarlo en un alto cargo a partir de mayo.

El oficialismo celebra los resultados de una encuesta publicada por la Universidad de Costa Rica (UCR), que acredita a Fernández el 40% necesario para una victoria sin necesidad de balotaje y muestra una alta probabilidad de que su movimiento político, Partido Pueblo Soberano (PPSO), alcance una mayoría parlamentaria. Esto le permitiría avanzar en profundas reformas institucionales, ante el temor de sectores críticos sobre una deriva autoritaria.

En las calles apenas se advierten señales de la inminencia de los comicios. Las pocas banderas visibles —en viviendas o vehículos— muestran mayoritariamente el color turquesa del PPSO. El objetivo del oficialismo es claro: continuar la "revolución pacífica" que invoca Chaves, pero sin el contrapeso opositor en el Congreso que debió enfrentar en estos últimos cuatro años.

**Clima de tensión y miedo**

Al menos cuatro candidatos opositores aseguran que existe un clima de temor real. Juan Carlos Hidalgo, aspirante del Partido Unidad Social Cristiana (PUSC, derecha), ha evitado revelar los nombres de sus eventuales ministros por miedo a represalias contra ellos y sus familias. Dirigentes del partido Nueva Generación afirman que sus simpatizantes sienten "terror" de mostrar símbolos partidarios ante amenazas y agresiones verbales de seguidores del oficialismo.

El conservador José Aguilar Berrocal, casado con una prima del presidente salvadoreño Nayib Bukele, denunció esta semana presiones desde círculos afines al Gobierno. "Estamos en un ambiente muy peligroso", afirmó Aguilar. "Personas que se nos han acercado han recibido llamadas con amenazas para disuadirlas de participar, diciéndoles que les cerrarán los negocios o que tendrán repercusiones personales", explicó el político.

El clima de tensión también alcanza a la prensa. Fuentes periodísticas reconocen rechazar entrevistas por temor a represalias del oficialismo, en un contexto en el que Estados Unidos ha retirado la visa a al menos una decena de figuras criticadas por Chaves en sus habituales discursos semanales, entre ellos Óscar Arias, expresidente y Premio Nobel de la Paz.

**Crimen organizado y modelo Bukele**

El principal temor entre la ciudadanía sigue siendo la expansión del crimen organizado, responsable de la peor ola de violencia en la historia reciente del país. Chaves ha explotado ese temor y promete una política de mano dura al estilo del salvadoreño Nayib Bukele, que ha exportado a Costa Rica su modelo de megacárcel. Bukele viajó el 14 de enero a San José para poner la primera piedra de un proyecto inspirado en el Centro de Confinamiento del Terrorismo (CECOT), que simboliza las políticas represivas de su Gobierno.

Sectores ajenos al oficialismo temen que las elecciones consoliden un proyecto político que consideran incompatible con la democracia liberal costarricense. "Esta elección definirá si Costa Rica rectifica la deriva populista o se hunde de manera más o menos definitiva", advirtió Luis Antonio Sobrado, expresidente del Tribunal Supremo de Elecciones (TSE), en un programa de radio.

El oficialismo resume su ambición en una consigna recurrente: "tic-tac", el tiempo que resta para conquistar el poder total y avanzar en reformas profundas. En la mira está, especialmente, el Poder Judicial, al que Chaves acusa de "corrupto y servil".

**Propuestas económicas y fiscales**

En el ámbito económico, la incertidumbre fiscal marca la agenda de decisión para miles de votantes. Según El Financiero, la mayoría de los candidatos rechaza la implementación de nuevas cargas tributarias, apostando por la eficiencia recaudatoria. No obstante, surgen propuestas específicas de gravar servicios digitales, propiedades de lujo y ciertos alimentos por parte de un grupo reducido de aspirantes.

Laura Fernández, del Partido Pueblo Soberano (PPSO), enfoca su propuesta en la eficiencia administrativa y la lucha contra el contrabando. Su plan incluye la "creación de una ventanilla única de impuestos" y "elevar las sanciones por elusión y evasión fiscal". También plantea medidas para reducir costos al consumidor, como una "desgravación arancelaria progresiva en la importación de productos de los cuales el país tiene una alta dependencia del sector externo".

Juan Carlos Hidalgo, del PUSC, propuso reducir las cargas sociales y compensar los ingresos con nuevas medidas, incluyendo un gravamen a servicios digitales. "Queremos reducir las cargas sociales que son impuestos a la planilla (...) eliminando el 7,25% del impuesto a la planilla", detalló. Para financiar este ajuste, planteó "una retención del 5% por concepto del impuesto de la renta a las plataformas tecnológicas", refiriéndose a empresas como Uber y Netflix.

**Oposición fragmentada**

En ese escenario polarizado, la ciudadanía acude al final de la campaña electoral con dudas entre apoyar al economista Álvaro Ramos; a la Coalición Agenda Ciudadana, liderada por Claudia Dobles, ex primera dama y figura del progresismo urbano; o al Frente Amplio, cuyo candidato, Ariel Robles, ha sido uno de los críticos más duros de Chaves desde 2022. Ninguno supera el 8% de intención de voto, pero batallan por forzar una segunda vuelta si la oficialista Fernández no alcanza el 40% necesario.

La desconfianza hacia los partidos, la proliferación de candidaturas poco conocidas, el ruido de denuncias cruzadas, la urgencia por una respuesta al crimen organizado y la irrupción de actores religiosos —con la Iglesia católica defendiendo la democracia y sectores evangélicos alineados con el oficialismo— completan un panorama incierto para estas elecciones que podrían marcar un punto de inflexión en la historia democrática de Costa Rica.