El Cártel Jalisco Nueva Generación detrás del asesinato del alcalde de Uruapan: venganza por captura de líder criminal

El asesinato del alcalde de Uruapan, Carlos Manzo, ocurrido el pasado sábado durante las celebraciones del Día de Muertos, lleva el sello inequívoco del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), según revelan fuentes cercanas a la investigación. El crimen, ejecutado por un joven sicario que fue abatido inmediatamente después del ataque, representa una venganza directa por la captura de René Belmonte, alias 'El Rino', líder criminal detenido en agosto por la policía municipal bajo el mando de Manzo.

De acuerdo con fuentes consultadas por El País, 'El Rino' era subordinado de los hermanos Álvarez Ayala, Ramón y Rafael, conocidos como 'R-1' y 'R-2', quienes ocupan posiciones de alto rango en la estructura del CJNG y mantienen vínculos con antiguos gobiernos del PRD en Michoacán.

El pistolero, identificado por la Fiscalía como Osvaldo Gutiérrez Velázquez, alias 'El Cuate', tenía entre 17 y 19 años y, según las investigaciones preliminares, estaría emparentado con Omar Farías Chávez, apodado 'El Prángana' o 'El Fénix', un operador del CJNG en la zona de Apatzingán. El arma utilizada en el atentado había sido empleada previamente en otros crímenes vinculados a esta organización criminal, según confirmaron las autoridades.

El ataque se produjo mediante lo que los expertos denominan un 'magnicidio kamikaze', método copiado de los cárteles colombianos, en el que el autor material asume que probablemente morirá o será detenido tras ejecutar su misión. A pesar de que Manzo contaba con una escolta reforzada de 14 agentes de la Guardia Nacional, el sicario logró penetrar el dispositivo de seguridad durante un evento masivo, disparando siete veces contra el alcalde.

David Saucedo, consultor en seguridad, explicó a medios nacionales que "el objetivo era que los grupos criminales minaran la resistencia de los gobiernos municipales que se resistieran a ser títeres del control criminal. Carlos Manzo, a diferencia de sus antecesores y de otros alcaldes de la región, decidió dar la batalla y esto le costó la vida".

La situación en Uruapan, municipio de 350.000 habitantes y núcleo de la industria aguacatera, se había deteriorado notablemente en los últimos meses. Según fuentes cercanas a Manzo, 'El Rino' dirigía el esquema de extorsión del CJNG en la zona, principalmente contra pequeños y medianos campesinos incapaces de costear equipos de seguridad, a diferencia de los grandes productores. "Todos los hechos violentos se desencadenaron tras la captura de este señor. Es un tipo con alto grado de peligrosidad", explicó una de las fuentes.

El propio Manzo había solicitado reiteradamente apoyo a los gobiernos federal y estatal. El día de la captura de 'El Rino', el 27 de agosto, publicó un video en redes sociales pidiendo a los vecinos que permanecieran en sus casas porque, según advirtió, pistoleros del grupo se preparaban para entrar al municipio. En las semanas siguientes, la violencia se intensificó en Uruapan, con ataques contra policías locales, incluido el asesinato de un agente el 14 de agosto.

Fuentes consultadas por medios nacionales señalan que existe malestar en el Gobierno federal de Claudia Sheinbaum hacia el gobernador de Michoacán, Alfredo Ramírez Bedolla, por su aparente desatención a los conflictos de seguridad en la entidad. "El gobernador está distraído", indicó una fuente, añadiendo que "le falta compromiso" y que ha estado más ocupado en asuntos personales y viajes que en resolver el problema de la violencia.

La presidenta Sheinbaum, tras una reunión de emergencia del Gabinete de Seguridad, condenó el ataque: "Condeno con absoluta firmeza el vil asesinato del presidente municipal de Uruapan. Expreso mis más sinceras condolencias a su familia y seres queridos, así como al pueblo de Uruapan ante esta irreparable pérdida". Sin embargo, descartó cambios en las políticas de seguridad, defendiendo su estrategia y acusando a sus adversarios de actuar como "buitres" y "carroñeros" por el asesinato del alcalde.

"Hay quien pide, como ocurrió con la guerra contra el narco, la militarización y la guerra. Eso no funcionó", afirmó la mandataria, insistiendo en que se seguirá apostando al reforzamiento de la presencia de las fuerzas de seguridad en Michoacán y otros estados, fortaleciendo las labores de inteligencia e investigación.

El secretario de Seguridad federal, Omar García Harfuch, señaló que Manzo contaba con protección desde diciembre de 2024 y que en mayo se había reforzado su seguridad. "Lamentablemente, los agresores aprovecharon la vulnerabilidad de un evento público para organizar el ataque", explicó.

El asesinato de Manzo es el sexto de un alcalde este año en México y el tercero en Michoacán, tras los homicidios de Martha Laura Mendoza, alcaldesa de Tepalcatepec, y Salvador Bastida, alcalde de Tacámbaro, ambos ocurridos en junio. Estos crímenes, junto con los recientes asesinatos del periodista Mauricio Cruz Solís y del líder de los productores de limón de Apatzingán, Bernardo Bravo, contradicen la afirmación de las autoridades estatales de que los homicidios disminuyeron un 17% en Michoacán durante el primer semestre de 2025.

La compleja red de vínculos entre criminales y políticos en la región queda evidenciada por el caso de Roldán Álvarez Ayala ("R3"), hermano de los líderes del CJNG, quien fue presidente municipal de Apatzingán por el PRD y funcionario estatal en gobiernos anteriores, además de haber buscado ser diputado plurinominal por Morena en 2024.

Desde el Gobierno federal se prevé que la viuda de Manzo, Grecia Quiroz, asumirá interinamente la presidencia municipal. La sustitución se considera urgente para atender los asuntos administrativos de la alcaldía y reducir la presión social generada por el asesinato. Juan Manzo, hermano del alcalde asesinado, es actualmente secretario de Gobierno de Ramírez Bedolla, lo que complica su posible designación para dirigir Uruapan, ya que podría interpretarse como una ruptura en el círculo del gobernador.

Las fuentes consultadas también señalan que, al margen de las legítimas protestas sociales, representantes del PRI y el PAN estarían aprovechando las manifestaciones para desestabilizar tanto al gobernador Ramírez Bedolla como a la presidenta Sheinbaum.