El Sistema Nacional Anticorrupción en México languidece bajo el gobierno de Morena

El Sistema Nacional Anticorrupción (SNA), un mecanismo institucional diseñado para combatir la corrupción en México, atraviesa una profunda crisis que amenaza su efectividad y relevancia. Paradójicamente, este sistema fue creado durante la administración de Enrique Peña Nieto, considerada una de las más corruptas en la historia reciente del país, marcada por escándalos como la Estafa Maestra, la Operación Safiro, la Casa Blanca y Odebrecht.

El SNA fue concebido como un andamiaje sin precedentes que prometía vincular a todas las autoridades encargadas de combatir la corrupción y otorgar un papel central a la ciudadanía en la supervisión del mecanismo. Sin embargo, con la llegada de Morena al poder, primero bajo la presidencia de Andrés Manuel López Obrador y ahora con Claudia Sheinbaum, el sistema ha quedado prácticamente abandonado y en obsolescencia.

Según reportes de El País, el deterioro del SNA está directamente relacionado con la concepción que tiene Morena sobre la corrupción en la función pública. López Obrador sostenía que la desigualdad no era resultado del despojo del valor creado por el trabajador, sino de la corrupción de la clase política, a la que denominaba "la mafia del poder". Su solución al problema, criticada por muchos como mesiánica, se basaba en la premisa de que "la corrupción es como las escaleras" y "se barre de arriba para abajo", afirmando que "si el presidente es honesto, los gobernadores serán honestos".

Este axioma no se ha cumplido. Recientemente, la Auditoría Superior de la Federación (ASF) documentó que más de 5.000 millones de pesos del presupuesto público se gastaron de manera irregular en el último año del mandato de López Obrador.

Durante el gobierno de López Obrador, se centralizó la investigación de la corrupción en el Ejecutivo, se acotó al Instituto Nacional de Acceso a la Información (INAI) y se cerraron las puertas a la vigilancia ciudadana. El caso de Segalmex, que representó un quebranto de al menos 3.000 millones de pesos, es emblemático y muestra las fallas de la estrategia anticorrupción de los gobiernos de Morena. La Fiscalía persiguió selectivamente a los responsables y dejó fuera de la investigación al titular de la dependencia, Ignacio Ovalle, un viejo amigo de López Obrador, a quien el expresidente defendió públicamente sin pruebas de su inocencia.

La Fiscalía Anticorrupción, creada con el impulso del SNA, ha dado carpetazo a más de mil expedientes y ha presentado ante los jueces solo el 3% de los casos, según datos de Milenio. Al inicio de su gobierno, Sheinbaum prometió crear una Agencia Federal Anticorrupción, una especie de FBI con policías especializados en ese delito, pero esta iniciativa solo quedó en el papel.

El SNA, que reúne a representantes de varias instituciones, está actualmente colonizado por el oficialismo. Estos funcionarios han bloqueado los esfuerzos de la presidenta del Comité de Participación Ciudadana del SNA, Vania Pérez, para impulsar la investigación de casos emblemáticos de corrupción de los últimos sexenios del PRI y Morena.

A principios de octubre, Pérez propuso al comité la revisión de varios casos importantes: los desvíos por 187 millones de pesos en la Comisión Nacional del Deporte (Conade), dirigida por Ana Gabriela Guevara; los contratos irregulares en la refinería de Salina Cruz, de Pemex, que involucran a una prima de López Obrador; los desvíos en Segalmex y en la Estafa Maestra; y los sobornos de la constructora Odebrecht a políticos mexicanos.

En un primer momento, la propuesta no avanzó porque el representante del Tribunal de Justicia Administrativa argumentó que "no era el momento político adecuado" para levantar polémicas sobre la corrupción gubernamental. Aunque semanas después la iniciativa se desbloqueó, las resistencias internas volvieron a manifestarse cuando Pérez publicó un comunicado exigiendo investigar el patrimonio del senador de Morena Adán Augusto López, cuestionado por no corresponder con sus ingresos como funcionario.

"Ocurrió una captura muy importante del SNA. El sistema nació como una figura independiente del poder, el gobierno o el partido en turno; sin embargo, lo que terminó pasando a nivel nacional y estatal es que lo fueron capturando, se lo convirtió en un botín de las instituciones", explica Pérez según la fuente consultada.

La funcionaria observa que México ha quedado desarmado frente a la corrupción, que "se ha transformado en una conducta de macrocriminalidad que trabaja de manera transnacional". "A diferencia de otros países con un Estado de derecho fuerte, México no tiene los controles suficientes para atacar los casos de corrupción y, sobre todo, para corregir las condiciones que las generan mediante políticas públicas", detalla.

Las consecuencias de este desmantelamiento institucional ya son evidentes. En febrero, Transparencia Internacional situó a México en el peor lugar de su historia en el Índice de Percepción de Corrupción, a la altura de países como Irak, Uganda o Nigeria.

Eduardo Bohórquez, director de Transparencia Mexicana, señala que la investigación de casos como el del huachicol fiscal, que avanzó relativamente rápido, responde al antiguo modelo presidencialista donde las instituciones se articulan en torno a los asuntos que interesan políticamente al Ejecutivo. "Demuestra que el gran articulador del Sistema Anticorrupción es el presidente", comenta. "Pero hay otras preocupaciones sociales que debería atender el SNA y que no son necesariamente las del Ejecutivo, preocupaciones que tienen que ver con derechos humanos o acceso a servicios públicos", añade.

El académico coincide con Pérez en que el SNA permite afrontar las múltiples variables de la corrupción contemporánea, que no se limita a faltas administrativas, sino que involucra lavado de dinero, delitos financieros y crimen organizado. "Ya no es solo que se robaron dinero del cajón", ilustra. Combatir el delito, explica, requiere de una mirada sistémica, nacional y coordinada, y no el trabajo individual de un auditor o un fiscal, y mucho menos la sola voluntad del presidente.

"México ha perdido la capacidad de enfrentar redes macrocriminales, que son mucho más fuertes y donde la corrupción es solamente un factor de la operación de dichas redes", observa Bohórquez. Es como renunciar a ver el bosque por mirar el árbol, la rama, la hoja.

Mientras tanto, el gobierno actual mantiene su narrativa de transformación, aunque críticos como Yásnaya Elena A. Gil cuestionan si realmente se puede hablar de una "Cuarta Transformación" cuando no ha habido cambios estructurales profundos en áreas clave como las fuerzas armadas o una nueva constitución, y cuando persisten problemas fundamentales como la corrupción sistémica.