

La Agencia de Protección Ambiental (EPA) de Estados Unidos está a punto de implementar un cambio radical en su metodología para evaluar el impacto de la contaminación atmosférica, eliminando la asignación de valor monetario a las vidas que podrían salvarse con regulaciones más estrictas, según reporta el New York Times.
La nueva metodología de la EPA se centrará principalmente en los costos que las regulaciones representan para las empresas, dejando de lado la valoración económica de la reducción de enfermedades y muertes prematuras, según documentos y correos electrónicos revisados por el New York Times.
Este cambio podría facilitar la derogación de los límites actuales sobre dos contaminantes principales: partículas finas y ozono a nivel del suelo, según la misma fuente.
El New York Times contextualiza esta decisión señalando que "durante las últimas cuatro décadas, administraciones republicanas y demócratas han utilizado diferentes estimaciones del valor monetario de una vida humana en los análisis de costo-beneficio. Pero hasta ahora, ninguna administración lo ha contado como cero".
Grupos empresariales, incluida la Cámara de Comercio de Estados Unidos, han presionado durante mucho tiempo por estos cambios, argumentando que los beneficios para la salud están sobreestimados y son inciertos, según la información reportada.
Sin embargo, expertos legales y ambientales advierten que este giro socava el mandato central de la EPA de proteger la salud pública. "La idea de que la EPA no considere los beneficios para la salud pública de sus regulaciones es contraria a la misión misma de la EPA", afirma Richard Revesz de la Facultad de Derecho de la Universidad de Nueva York, según cita el New York Times.
Carolyn Holran, portavoz de la EPA, indicó que la agencia seguirá considerando los impactos en la salud de las partículas finas (PM2.5) y el ozono, pero ya no les asignará un valor monetario, argumentando que los análisis anteriores, incluso durante la administración Biden, transmitían una "falsa precisión".
Una gran interrogante es si esta nueva postura se mantendrá en los tribunales, según señala el New York Times.
Paralelamente, ProPublica informa sobre otro posible cambio en la EPA: la agencia está considerando si tiene la autoridad legal para revisar las normas de contaminación más de una vez, incluso si surge nueva evidencia científica. Las empresas químicas han argumentado que la respuesta es negativa, y la EPA está evaluando su respuesta, según la misma fuente.