Escándalo de proyectos de control de inundaciones sacude al gobierno filipino
El gobierno del presidente Bongbong Marcos enfrenta graves acusaciones de corrupción tras revelarse irregularidades en proyectos de control de inundaciones por valor de miles de millones de pesos, con denuncias de proyectos fantasma, monopolios de contratistas y malversación de fondos públicos.
Una investigación exhaustiva del Senado filipino ha destapado un complejo entramado de corrupción en los proyectos gubernamentales de control de inundaciones, que involucra a altos funcionarios, contratistas y miembros de influyentes familias políticas.
Según documentos oficiales, el gobierno de Marcos ha destinado aproximadamente ₱545.6 mil millones (US$11.08 mil millones) a proyectos de mitigación de inundaciones entre julio de 2022 y mayo de 2025. Sin embargo, la investigación revela serias irregularidades en la asignación y ejecución de estos fondos.
Los senadores han denunciado múltiples anomalías, incluyendo:
1. Proyectos fantasma: Se han identificado contratos por ₱9 mil millones en la provincia de Bulacan donde no existe evidencia física de obras realizadas.
2. Monopolios de contratistas: Solo 15 de 2,409 contratistas acreditados recibieron ₱100 mil millones, equivalente al 18% del presupuesto total.
3. Esquemas de sobornos: Algunos legisladores sugieren que hasta el 25% de los fondos se destinan a comisiones y sobornos, dejando solo entre 30-40% para construcción real.
La Comisión de Auditoría (COA) ha iniciado investigaciones formales, habiendo ya presentado informes de fraude a la Oficina del Ombudsman por proyectos en Bulacan valorados en ₱389.6 millones.
Entre los contratistas más cuestionados se encuentran empresas vinculadas a familias como los Discaya, quienes han sido señalados por poseer una flota de vehículos de lujo valuados entre ₱300 y ₱465 millones, aparentemente financiados con fondos de contratos gubernamentales.
El escándalo ha generado protestas ciudadanas y llamados de diversos sectores políticos para una investigación exhaustiva que deslinde responsabilidades y sancione a los involucrados en estos presuntos actos de corrupción.
La crisis evidencia problemas estructurales en la contratación pública filipina y genera dudas sobre la transparencia en la asignación de fondos para infraestructura crítica como el control de inundaciones.
