España comenzó a aplicar este viernes 12 de junio el pacto europeo de migración y asilo, una reforma impulsada por Bruselas tras años de bloqueo político que endurece los controles fronterizos, acelera procedimientos de asilo y establece mecanismos de solidaridad obligatoria entre Estados miembros. El ministro de Interior español, Fernando Grande-Marlaska, aseguró que el pacto se aplicará "con un enfoque garantista y respetuoso" con los derechos de los migrantes, aunque ni España ni la mayoría de países europeos han presentado aún las modificaciones legales necesarias para adaptar el reglamento a sus marcos nacionales.