El gobierno español tiene activos embargados en varios países por fondos de inversión que reclaman indemnizaciones derivadas del recorte de primas a energías renovables implementado en 2013. La deuda total asciende a 2.300 millones de euros incluyendo costas e intereses, según los equipos jurídicos de los acreedores. Entre los bienes bloqueados figuran la sede del Instituto Cervantes en Utrecht, valorada en 10 millones de euros, colegios en Londres y más de 800 millones de euros en transferencias de tasas aeronáuticas en Bélgica.