España enfrenta embargos de activos en el extranjero por 2.300 millones de euros tras recorte a renovables

España arrastra desde hace más de una década un conflicto internacional complejo y costoso derivado del recorte de las primas a las energías renovables implementado con la reforma del sector eléctrico en 2013, según reporta El País. Esta decisión desencadenó una oleada de demandas que inversores perjudicados presentaron ante distintas cortes de arbitraje para reclamar indemnizaciones millonarias.

La batalla legal, que hasta hace unos años permaneció limitada a grandes despachos de abogados internacionales y tribunales especializados, ha escalado a la esfera pública debido a las medidas de presión que fondos oportunistas están desplegando para cobrar compensaciones que ascienden a 1.800 millones de euros en indemnizaciones, o más de 2.300 millones si se suman costas procesales e intereses legales y de demora, según indica la fuente.

Los fondos buitre, encabezados por la firma estadounidense Blasket Renewable Investment, que ha adquirido los derechos de representación y cobro de buena parte de las demandas que decenas de empresas plantearon contra España, han solicitado como medida cautelar el bloqueo de activos públicos considerados comerciales o fácilmente liquidables, según El País. La estrategia también incluye activos especialmente llamativos para apremiar al gobierno español al pago de las indemnizaciones o forzar la negociación.

**Embargos en Países Bajos y amenazas durante el Mundial**

Uno de los episodios más emblemáticos ocurrió a finales de abril de 2026, cuando la justicia neerlandesa dio luz verde a embargar la sede del Instituto Cervantes en Utrecht, institución pública para la promoción de la lengua y cultura española ubicada en pleno centro histórico de la ciudad y valorada en torno a 10 millones de euros, según la fuente. El equipo jurídico que defiende los intereses de Blasket advirtió que, debido a la rápida tramitación que existe en Países Bajos para este tipo de procesos, el inmueble ya consta en el registro público bajo su propiedad, lo que ha propiciado que ya se esté estudiando su próxima subasta. De ocurrir esto, este caso se convertiría en el primer activo español ejecutado por este conflicto, según El País.

En paralelo, los inversores han aprovechado la celebración del Mundial de Fútbol, que se desarrolla entre el 11 de junio y el 19 de julio de 2026, y han amenazado con congelar los movimientos financieros relacionados con la participación de la selección española en el Mundial de Estados Unidos, así como bienes simbólicos, según la fuente. El equipo jurídico de los demandantes advirtió que los aviones oficiales desplazados a Estados Unidos para asistir a algún encuentro deportivo podrían sufrir el riesgo de inmovilización. Esto recordaría al precedente sentado por la expresidenta argentina Cristina Kirchner, que se vio obligada a no viajar en su avión presidencial ante el riesgo de ser embargado por deudas de arbitrajes internacionales. Por el momento, no se ha autorizado ninguna medida de este tipo en suelo norteamericano, según El País.

**Activos bloqueados en Reino Unido y Bélgica**

En Reino Unido permanece embargado desde 2023 un antiguo convento de dominicos, titularidad del Ministerio de Educación español, que alberga el colegio internacional Instituto Español Vicente Cañada Blanch en el barrio londinense de Notting Hill, según la fuente. El Instituto Cervantes también ha sido objeto de embargo en Londres, así como el edificio donde se encuentra la Agencia para la Competitividad de la Empresa de la Generalitat de Cataluña en el corazón de la capital británica. A ello se suman 699.000 libras (unos 808.466 euros al cambio actual) depositadas en cuatro cuentas bancarias de la institución en el Banco Santander, según El País.

El perímetro de esta ofensiva se amplió posteriormente a Bélgica, donde en junio de 2024 se autorizó el embargo de las transferencias mensuales que la Organización Europea para la Seguridad de la Navegación Aérea (Eurocontrol), con sede en Bruselas, realiza a la empresa pública española Enaire por la recaudación de tasas de ruta y terminales, según la fuente. En la actualidad, la cantidad bloqueada supera los 800 millones de euros debido a la acumulación de intereses, según indicó el equipo jurídico de los acreedores. Sin embargo, los servicios jurídicos españoles han tratado de contener el crecimiento de la deuda y recientemente han propuesto consignar 250 millones de euros en los tribunales belgas a cambio de levantar la retención del resto, según El País.

**Origen del conflicto: de las primas de 2007 al recorte de 2013**

Esta intensa batalla es una herencia derivada de modificaciones legislativas de hace más de una década. La aprobación en 2007 de un sistema de primas a las energías renovables atrajo a numerosos inversores extranjeros que confiaron en una estabilidad regulatoria, según la fuente. Sin embargo, la crisis económica y el aumento del déficit tarifario con las eléctricas llevó al gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero a introducir en 2010 un primer recorte a estos incentivos, especialmente en el ámbito de las fotovoltaicas, según El País.

Sobre esa base se presentó en 2011 la primera demanda contra España ante la cámara de arbitraje de la ONU, haciendo que el conflicto saltara a nivel internacional, según la fuente. El golpe definitivo llegó en 2013, con Mariano Rajoy al frente del Ejecutivo, cuando la reforma eléctrica rediseñó por completo el sistema retributivo y afectó de lleno a proyectos renovables ya construidos y financiados bajo el esquema anterior, según El País.

Muchos de los inversores consideraron entonces que las reglas de juego fueron alteradas por completo y reclamaron en avalancha en distintos foros internacionales: desde la corte vinculada a la ONU hasta la corte de arbitraje de la Cámara de Comercio de Estocolmo o el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (Ciadi), dependiente del Banco Mundial, según la fuente. En conjunto, las reclamaciones llegaron a superar los 10.000 millones de euros. En total se presentaron 51 demandas, de las cuales 27 se han resuelto a favor de los inversores y 18 han sido favorables a España, según El País.

**Posición del gobierno español y respaldo europeo**

Los servicios jurídicos del Estado, que se han visto obligados a reforzar su equipo con despachos especializados en cada una de las jurisdicciones donde se ha trasladado el conflicto, han impugnado todos estos laudos y han tratado de frenar todos los procedimientos de ejecución de los mismos, según la fuente. El gobierno español se niega a que salga dinero de las arcas públicas para abonar estas indemnizaciones en base a dos argumentos: la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE), máximo órgano judicial europeo, que ha vetado la validez de los arbitrajes entre empresas comunitarias y Estados miembros; y la posición de la Comisión Europea, que tiene que autorizar las compensaciones para que no sean declaradas ayudas de Estado ilegales, además de que ha mostrado su rechazo frontal a estos procedimientos al entender que son contrarios al derecho de la UE, según El País.

Así, España solo acepta pagar la compensación a tres demandantes extracomunitarios y ya lo ha hecho con la japonesa JGC, según la fuente.

**Estrategia legal de los fondos y convenios internacionales**

La negativa española es la que ha motivado que los inversores y los fondos que los representan pongan en marcha una estrategia agresiva en varios tribunales extranjeros al mismo tiempo, según El País. La Convención de Nueva York de 1958 obliga a los países firmantes a reconocer los laudos y permitir su ejecución. Esto se refuerza con el Convenio de Washington de 1965, tratado internacional que dio origen al Ciadi y en cuyo marco se han resuelto la mayoría de los pleitos por las renovables, según la fuente.

Además, los fondos oportunistas apoyan su ofensiva en que altas instancias judiciales de Reino Unido, Estados Unidos, Singapur y Australia han rechazado que España tenga inmunidad soberana para eludir las condenas y han respaldado, en base a los convenios internacionales, que los laudos sean considerados como sentencias firmes, según El País.

**Rastreo de activos y nuevos objetivos**

Con este aval judicial, los equipos jurídicos de los demandantes activaron el rastreo de bienes con el objetivo de presionar al gobierno español, según la fuente. Uno de los primeros activos en el que los fondos pusieron interés fue una parte de la indemnización de 850 millones de euros que España tiene pendiente de cobrar por la catástrofe del Prestige. Esta medida cautelar fue autorizada por el Tribunal Superior de Inglaterra y Gales en 2023, si bien quedó en suspenso en otoño de ese año porque el mismo tribunal impidió que España pudiera reclamar a la asegurada del petrolero por una cuestión procesal, según El País. Asimismo, los fondos han amagado en varias ocasiones con iniciar ante la justicia británica un procedimiento de incumplimiento de contrato sobre unos bonos de deuda pública en mercados internacionales, según la fuente.

Ahora el interés está puesto en Estados Unidos, donde se ha requerido judicialmente información de los contratos que la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) ha firmado con distintos proveedores, como Adidas o la cadena hotelera Hilton, así como numerosa información financiera y bancaria del Estado al otro lado del Atlántico en busca de cualquier fuente de financiación que puedan intervenir, según El País.

Pero también han puesto en el punto de mira uno de los mayores contratos de defensa firmado por el Ministerio de Defensa español con la estadounidense Raytheon (filial de RTX), que comprometería la adquisición de cuatro sistemas antiaéreos Patriot valorado en 1.440 millones de euros (1.700 millones de dólares al cambio), según la fuente. España ha recurrido al Tribunal Supremo de Estados Unidos la tramitación de los laudos, pero mientras el caso se resuelve, el rastreo sigue adelante, según El País.

**Perspectivas futuras y riesgo de escalada**

Al mismo tiempo, los fondos oportunistas analizan si intensificar la ofensiva en otros países donde la vía judicial ya está abierta, como Reino Unido, donde los intereses de demora se calculan con una elevada tasa del 8%, lo que provocaría un exponencial aumento de la deuda, según la fuente.

El conflicto plantea un escenario complejo para España, que mantiene su posición de no pagar basándose en el derecho europeo mientras enfrenta una estrategia de presión internacional cada vez más agresiva. La posible subasta de la sede del Instituto Cervantes en Utrecht marcaría un punto de inflexión al convertirse en el primer activo español ejecutado en este litigio, lo que podría sentar un precedente para futuras acciones de los fondos de inversión en otros países. La tensión entre los convenios internacionales de arbitraje y la jurisprudencia europea mantiene el conflicto en un limbo legal que podría prolongarse durante años, con implicaciones significativas para las finanzas públicas españolas y su reputación en los mercados internacionales.