

El Gobierno aprobó un anteproyecto de ley que establece topes a los préstamos personales, microcréditos y tarjetas revolving para proteger a los consumidores de intereses abusivos, con un límite transitorio del 22% de tasa anual equivalente (TAE).
El Consejo de Ministros ha dado un paso decisivo para regular el mercado de créditos al consumo en España, aprobando un anteproyecto de ley que introduce por primera vez límites a los intereses que se pueden cobrar en préstamos personales, con el objetivo de proteger a los consumidores de prácticas financieras abusivas.
Según explicó el ministro de Economía, Carlos Cuerpo, la nueva normativa establece un límite máximo transitorio del 22% de tasa anual equivalente (TAE) para todas las nuevas operaciones de crédito al consumo. Este tope se aplicará tanto a préstamos tradicionales como a microcréditos, tarjetas revolving y préstamos rápidos ofrecidos por plataformas digitales.
La regulación contempla límites diferenciados según el importe del préstamo: 15 puntos porcentuales para créditos hasta 1.500 euros, 10 puntos para préstamos entre 1.500 y 6.000 euros, y 6 puntos para importes superiores a 6.000 euros. Estos topes se actualizarán trimestralmente tomando como referencia el tipo medio del crédito al consumo publicado por el Banco de España.
Una novedad importante es la regulación específica para microcréditos, que tendrán un interés mensual máximo del 4% y una comisión máxima del 5%, con un tope absoluto de 30 euros. Por ejemplo, un microcrédito de 300 euros que actualmente puede costar 103 euros, pasará a tener un coste máximo de 40 euros si se devuelve en tres meses, o de 20 euros si se paga en un mes.
La norma también introduce restricciones en la publicidad de estos créditos, prohibiendo destacar la rapidez de contratación por encima de su coste total. Los prestamistas deberán proporcionar información al cliente con al menos 24 horas de antelación a la contratación.
Otro cambio significativo es que solo podrán conceder créditos al consumo las entidades registradas y supervisadas por el Banco de España. Los créditos otorgados por entidades no autorizadas serán declarados nulos.
El Gobierno justifica esta reforma por el creciente peso del crédito al consumo, que ya representa el 15% del crédito a los hogares, y por la necesidad de proteger a los consumidores más vulnerables. El anteproyecto de ley estará en audiencia pública hasta el 30 de enero, con el objetivo de modernizar el mercado sin frenar la competencia ni la innovación.
Según datos del Banco de España, el crédito al consumo alcanzó en noviembre un récord de 114.673 millones de euros, un 12,5% más que en el mismo periodo del año anterior, lo que subraya la importancia de esta regulación para proteger a los consumidores.