Estados Unidos investiga a 60 países por políticas sobre trabajo forzado en comercio internacional
La administración de Donald Trump inició el jueves por la noche una investigación comercial masiva contra decenas de países por sus políticas comerciales relacionadas con productos fabricados mediante trabajo forzado, según anunció la Oficina del Representante Comercial de Estados Unidos. La investigación abarca 60 economías, incluyendo Argelia, Canadá, Noruega, Arabia Saudita, China, Reino Unido y los 27 países de la Unión Europea, y forma parte de un esfuerzo por restablecer un sistema global de aranceles después de que la Corte Suprema estadounidense rechazara el primer intento de Trump el mes pasado.
La nueva investigación se centrará en las leyes que los países utilizan para regular el uso de trabajo forzado en los bienes que comercian, no en sus situaciones domésticas, según informó The New York Times. Esta acción representa el segundo intento de la administración Trump de implementar un sistema arancelario global tras el revés judicial sufrido en febrero de 2026.
El miércoles, la administración Trump había anunciado otra investigación comercial importante que podría derivar en aranceles, enfocada en la sobreproducción en los sectores manufactureros de más de una docena de socios comerciales importantes, según la fuente.
Jamieson Greer, representante comercial de Estados Unidos, justificó la medida afirmando que "durante demasiado tiempo, los trabajadores y empresas estadounidenses se han visto obligados a competir contra productores extranjeros que pueden tener una ventaja artificial de costos obtenida del flagelo del trabajo forzado", según declaraciones publicadas el jueves.
Estados Unidos prohibió las importaciones de productos fabricados con trabajo forzado hace casi un siglo, según The New York Times. Durante la presidencia de Joseph R. Biden Jr., el país aprobó una ley que amplió enormemente ese alcance. Estados Unidos prohibió la importación de cualquier producto de la región de Xinjiang en China, donde las acusaciones de trabajo forzado han sido generalizadas, a menos que los importadores proporcionen documentación de que sus productos fueron fabricados sin él.
Los acuerdos comerciales que la administración Trump ha forjado con docenas de países en los últimos meses también han obligado a otros países a comprometerse a no importar productos fabricados con trabajo forzado, según la información disponible.
La investigación representa un enfoque diferente al primer intento arancelario de Trump, que fue declarado inconstitucional por la Corte Suprema de Estados Unidos el mes pasado. Al centrarse específicamente en las políticas comerciales relacionadas con el trabajo forzado, la administración busca una base legal más sólida para implementar medidas arancelarias.
La lista de 60 economías objetivo incluye tanto aliados tradicionales de Estados Unidos como adversarios comerciales. Entre los países desarrollados figuran Canadá, Noruega y Reino Unido, mientras que entre las economías emergentes se encuentran Argelia y Arabia Saudita. China, frecuentemente señalada por Washington por prácticas laborales cuestionables, también está en la lista de investigación.
La inclusión de la Unión Europea como bloque significa que los 27 países miembros serán examinados colectivamente por sus políticas comerciales relacionadas con el trabajo forzado. Esto podría tener implicaciones significativas para las relaciones comerciales transatlánticas.
La investigación se produce en un contexto de creciente escrutinio internacional sobre las cadenas de suministro globales y las condiciones laborales. La legislación de Biden sobre Xinjiang estableció un precedente al presumir que todos los productos de esa región fueron fabricados con trabajo forzado a menos que se demuestre lo contrario, invirtiendo la carga de la prueba sobre los importadores.
Las implicaciones de esta investigación podrían ser de gran alcance. Si la administración Trump determina que las políticas de estos países son inadecuadas para prevenir el comercio de productos fabricados con trabajo forzado, podría imponer aranceles o restricciones comerciales. Esto afectaría potencialmente miles de millones de dólares en comercio internacional y podría desencadenar disputas en la Organización Mundial del Comercio.
La estrategia de Trump de utilizar investigaciones comerciales como base para aranceles ha sido controvertida. Su primer intento fue rechazado por la Corte Suprema, lo que obligó a la administración a buscar nuevas justificaciones legales. El enfoque en el trabajo forzado proporciona una base moral y legal potencialmente más defendible, dado el consenso internacional contra esta práctica.
Los sectores más afectados probablemente incluirán textiles, electrónicos, agricultura y manufactura, donde las acusaciones de trabajo forzado han sido más frecuentes. Las empresas estadounidenses que dependen de cadenas de suministro globales podrían enfrentar mayores costos de cumplimiento y documentación para demostrar que sus productos no fueron fabricados con trabajo forzado.
La investigación también refleja la continuidad en algunos aspectos de la política comercial estadounidense entre las administraciones de Biden y Trump, particularmente en lo que respecta a China y las preocupaciones sobre derechos humanos en el comercio internacional. Ambas administraciones han utilizado el tema del trabajo forzado como herramienta de política comercial, aunque con enfoques diferentes.
Los países objetivo tendrán la oportunidad de responder a la investigación y presentar información sobre sus políticas y prácticas. El proceso podría durar varios meses antes de que se tomen decisiones finales sobre posibles medidas arancelarias o restricciones comerciales.
