Exdirectivo de banco andorrano denuncia coacciones de policías españoles para obtener cuentas de líderes catalanes

Joan Pau Miquel, quien fue consejero delegado de la Banca Privada de Andorra (BPA), relató con detalle ante la Audiencia Nacional española cómo en junio de 2014 la denominada Operación Cataluña irrumpió en su vida profesional, según declaró este martes en respuesta a preguntas de Cristóbal Martell, abogado de la familia Pujol.

Según el testimonio de Miquel, el inspector Celestino Barroso, agregado de Interior en la embajada española en Andorra, se presentó en su despacho con un mensaje intimidatorio. "Me dijo que, si no colaborábamos con el Estado español, el banco moriría porque tenían influencia en el Sebplac [el organismo contra el blanqueo de capitales] y unos americanos se harían cargo del banco después de haberle dado un hachazo", manifestó el exdirectivo.

El consejero delegado tuvo la prudencia de grabar la conversación, según declaró. Sin embargo, reconoció a preguntas del fiscal que no presentó entonces denuncia alguna. Inmediatamente después del primer encuentro, Miquel percibió que el Banco de España había pasado a ser mucho más incisivo a propósito de una inspección que estaba a punto de finalizar sobre presunto blanqueo de capitales en Banco Madrid, la filial española de BPA.

Con esa espada de Damocles sobre la cabeza, Miquel accedió a mantener otras reuniones ("más de las que hubiera debido", confesó) con otro supuesto miembro de la policía patriótica, Marcelino Martín Blas, a la sazón jefe de Asuntos Internos. Se vio tres veces con el comisario, al que identificaron inicialmente como "Félix", que fue claro sobre sus intenciones, según el testimonio del banquero.

"Me hizo leer un papel que decía: el Estado está en guerra con el nacionalismo catalán. Queremos que colabore y nos facilite información o cuentas de las familias Mas, Junqueras y Pujol", declaró Miquel ante el tribunal.

El exconsejero delegado aseguró que intentó resistirse, alegar que no tenía acceso y ganar tiempo. Al final, entregó "unas cuartillas de información", una especie de "dossier de prensa", según dijo, con "posibles operaciones vinculadas al nacionalismo catalán que aparentaban escenarios de corrupción". Pero nada más, según su versión.

El 7 de julio de 2014, el diario El Mundo publicó un pantallazo con los depósitos de varios miembros de la familia Pujol en Andorra. Esa publicación obligó a la familia a regularizar de urgencia esos fondos ante la Agencia Tributaria española y provocó, en última instancia, que el 25 de julio Jordi Pujol emitiese un comunicado público en el que admitía que había mantenido una fortuna oculta en Andorra durante más de 30 años.

El exconsejero delegado aseguró que él no entregó esos datos y que no tiene ni idea de cómo salieron del banco porque la investigación interna que encargó la entidad no arrojó resultados positivos, según declaró.

El Banco de España acabó interviniendo la filial española, Banco Madrid, y Miquel fue procesado en Andorra por blanqueo de capitales. El verano de 2025, la justicia andorrana le condenó a siete años de prisión por ese delito por la participación de la entidad en una trama organizada que permitió blanquear 70 millones de euros del grupo chino Gao Ping entre 2007 y 2011, según las fuentes.

En la misma sesión de este martes en la Audiencia Nacional declaró también Antoni Zorzano, un ciudadano de Andorra a quien la instrucción considera testaferro de Jordi Pujol Ferrusola, hijo mayor del expresidente de la Generalitat y principal acusado en el procedimiento. La Fiscalía Anticorrupción sospecha que los negocios millonarios del primogénito con diversas empresas catalanas fueron una tapadera para enmascarar el pago de comisiones por obra pública y que ese dinero es el origen de la fortuna acumulada en Andorra.

Zorzano comenzó su declaración diciendo que tal vez su memoria no es la mejor porque hace poco estuvo "nueve minutos en muerte súbita" hasta que fue "resucitado". Pero las explicaciones del empresario, amante del arte sacro y que publica regularmente un artículo de opinión en el Diari d'Andorra, fueron coherentes y claras, según las fuentes.

El empresario explicó que conoció a Jordi Pujol Ferrusola porque los dos jugaban a rugby y reconoció que, como amigo, ingresó dinero en efectivo que le entregaba el hijo del expresidente en bancos andorranos. "Es posible que alguna vez, si venía un fin de semana, me dijera: 'Ve el lunes al banco e ingresa esto'. Lo que hice, bien o mal, fue un servicio por amistad. Nunca he cobrado nada por esto ni he tenido negocios con él", declaró Zorzano.

Estas declaraciones se enmarcan en el juicio que se celebra en la Audiencia Nacional desde el pasado 10 de noviembre de 2025. La Fiscalía acusa al expresidente catalán y a sus siete hijos de urdir una presunta trama corrupta que funcionó durante decenios y que tendría por objetivo engordar el patrimonio de la familia con operaciones económicas irregulares, aprovechando los resortes del poder político. El ministerio público reclama nueve años de cárcel por blanqueo y asociación ilícita para el exlíder de la extinta Convergència Democràtica de Catalunya (CDC), que gobernó la comunidad autónoma entre 1980 y 2003.

La pregunta sobre el origen de la información que acabó publicando El Mundo sobre las cuentas de la familia Pujol en Andorra sigue sin tener, más de una década después, una respuesta satisfactoria y definitiva. El testimonio de Miquel añade un nuevo capítulo a la historia de la llamada policía patriótica, un supuesto grupo de funcionarios policiales que habría actuado con motivaciones políticas durante el gobierno del Partido Popular.

Las declaraciones de este martes arrojan luz sobre los métodos empleados para presionar a entidades financieras extranjeras y obtener información sensible sobre políticos catalanes en un momento de tensión creciente entre el gobierno central español y el movimiento independentista catalán. La Operación Cataluña, según diversos testimonios y documentos judiciales, habría sido una estrategia coordinada para desacreditar a líderes del nacionalismo catalán mediante la obtención y difusión de información comprometedora.

El caso se suma a otras investigaciones sobre las actividades de la policía patriótica, incluido el llamado caso Dina, en el que el comisario José Manuel Villarejo está acusado de traficar con material obtenido del móvil robado a Dina Bousselham, asesora de Pablo Iglesias, líder del partido Podemos. En ese juicio, que comenzó en noviembre de 2025, Eugenio Pino, quien fuera director adjunto operativo de la Policía Nacional con el gobierno de Mariano Rajoy, se desvinculó de las maniobras contra Podemos y negó que Villarejo le facilitara información sobre los archivos robados.

Pino explicó que entre finales de 2015 y principios de 2016, cuando Bousselham denunció el robo de su teléfono, Villarejo era jefe de una brigada adscrita a la dirección adjunta que se dedicaba a "obtener información" y hacía "funciones de inteligencia". Sin embargo, según el exjefe de la Policía con Rajoy, Villarejo no le reportaba directamente de forma habitual, sino que elaboraba una "serie de notas" que mandaba a la oficina de la cúpula del Cuerpo.

Pino incidió en que nunca recibió los archivos sustraídos a la asesora de Iglesias, que fueron publicados en varios medios de comunicación a mediados de 2016, y añadió que no tuvo "constancia" de la "existencia" de Dina Bousselham hasta después de su jubilación en junio de ese año. El exdirector adjunto operativo también apuntó que no le consta que se hiciesen en esa época "requerimientos policiales" para pedir el contenido del móvil de Bousselham, aunque apostilló que el comisario Villarejo trabajaba bastante por libre.

La Fiscalía Anticorrupción reclama cinco años de cárcel para Villarejo en el caso Dina. El ministerio público sostiene que en 2016 el entonces policía en activo obtuvo, a través de los periodistas Alberto Pozas y Luis Rendueles, exdirector y exsubdirector respectivamente de la extinta revista Interviú, una copia del material que contenía el móvil robado a finales de 2015 a Bousselham. Según la acusación, Villarejo facilitó esos archivos "a periodistas de su círculo de confianza" de El Confidencial y de la web OkDiario "para que estos elaboraran y publicaran diversas informaciones en descrédito" del partido de izquierdas y de su líder.

Durante la primera sesión del juicio sobre el caso Dina, Iglesias y Bousselham otorgaron el perdón a Pozas y Rendueles, que también estaban procesados y que dejaron en ese momento de tener la condición de acusados. Los dos periodistas regresaron a la Audiencia Nacional para ofrecer su versión como testigos.

El exdirector de Interviú explicó a los magistrados cómo, según él, obtuvo una copia del móvil de Bousselham. Pozas recalcó que le llegó a través de un sobre anónimo que se encontró un día en la mesa de su despacho. Pero, tras revisarlo, decidió que "no iba a publicar nada en la revista". Días más tarde, según contó, Rendueles le dijo que Villarejo le había "requerido" ese material de forma verbal, y que ambos se reunieron el 3 de febrero de 2016 con el comisario en un restaurante para entregarle un pendrive con los archivos. Se los facilitaron porque, según el subdirector, consideraron que los reclamaba "en el marco de una investigación policial y judicial".

Los testimonios de Miquel, Zorzano, Pino, Pozas y Rendueles forman parte de un complejo entramado judicial que investiga las actividades de la llamada policía patriótica durante el gobierno del Partido Popular. Las declaraciones revelan un patrón de presiones, amenazas y uso irregular de información sensible con fines políticos, aunque las responsabilidades individuales y la cadena de mando siguen siendo objeto de disputa en los tribunales.

El juicio contra la familia Pujol continuará en las próximas semanas con nuevos testimonios y pruebas documentales. La defensa de los acusados sostiene que las acusaciones de corrupción están contaminadas por la actuación irregular de la policía patriótica, mientras que la Fiscalía mantiene que las pruebas de enriquecimiento ilícito son independientes de cómo se obtuvieron inicialmente las pistas sobre las cuentas en Andorra.