Hernández, de 57 años, fue recibido en el Aeropuerto Internacional Palmerola por su madre, esposa, hijos, nieta y decenas de simpatizantes de su Partido Nacional. En un video publicado en redes sociales antes de su llegada, el expresidente afirmó: "Ha llegado el momento. Después de cuatro años, finalmente puedo decirles que nos volveremos a ver".
El expresidente gobernó Honduras entre 2014 y 2022, período durante el cual, según fiscales estadounidenses, se jactó de que "metería las drogas directamente en las narices de los gringos". Su extradición poco después de dejar el cargo fue considerada una oportunidad rara para la justicia en Honduras, donde muchos temían que su control sobre el sistema judicial nunca permitiría una condena en territorio nacional.
Hernández enfrenta cargos relacionados con un caso conocido como Pandora I, que alega que una red de antiguos funcionarios de alto nivel entre 2010 y 2013 participó en la expansión y aprobación de desembolsos de fondos públicos por más de 288 millones de lempiras (10,8 millones de dólares) a diversas fundaciones, según una investigación de la Unidad Fiscal Especializada Contra Redes de Corrupción (UFERCO) de Honduras.
De acuerdo con UFERCO, Hernández se benefició de estos desembolsos, recibiendo al menos 62 millones de lempiras (2,3 millones de dólares) para su campaña política a través de diversos esquemas, incluyendo la creación de empresas fantasma, el uso de testaferros y contratos ficticios. El expresidente ha negado los cargos, afirmando que el caso "carece de toda base legal".
En junio, un juez suspendió la orden de captura contra Hernández y la notificación roja internacional emitida a Interpol a solicitud de su abogado, aunque el caso sigue pendiente. El expresidente se ha comprometido a presentarse ante el juez el 3 de agosto para su audiencia de imputación de cargos.
Expertos legales señalan que otros funcionarios de alto nivel implicados en Pandora I cuyos casos han sido desestimados indican el probable resultado para Hernández. Joaquín Mejía, abogado e investigador de la organización de derechos humanos Equipo de Reflexión, Investigación y Comunicación, expresó: "Todo apunta a que la suspensión es el primer paso. Vendrá, probablemente le impondrán medidas alternativas al encarcelamiento para mantener las apariencias, y luego terminará sin ningún problema, sin ninguna sanción".
Luis Javier Santos, exjefe de UFERCO que investigó el caso contra Hernández, considera que el retorno del expresidente representa un fracaso en procesarlo por sus crímenes en lugar de una oportunidad para la justicia. Santos fue removido de su cargo en UFERCO en febrero, lo que él cree demuestra intentos de sofocar investigaciones anticorrupción por parte del nuevo gobierno de Nasry Asfura, del Partido Nacional de Hernández, que asumió el cargo en enero después de obtener el respaldo de Trump durante las elecciones.
"Hemos retrocedido a un punto aún peor que cuando comenzó todo el trabajo para combatir la corrupción", afirmó Santos.
Mejía, del equipo de derechos humanos, expresó preocupación sobre la situación actual: "Hay una mayoría social que está indignada pero no habla por miedo. Estamos hablando del jefe de todos los jefes del narcotráfico".
El indulto de Trump a Hernández sorprendió a muchos en Estados Unidos y Honduras. El expresidente estadounidense argumentó que Hernández no recibió un juicio justo y que fue una trampa orquestada por la administración Biden. Sin embargo, la decisión ha generado inquietud sobre cómo el sistema de justicia hondureño, debilitado y con la presencia del Partido Nacional de Hernández nuevamente en el poder, manejará los cargos de corrupción pendientes.
La debilidad institucional de Honduras y el regreso al poder de la formación política de Hernández plantean dudas significativas sobre si el expresidente enfrentará consecuencias reales por los cargos de corrupción o si, como sugieren los expertos, el proceso será principalmente una fachada para mantener las apariencias mientras se asegura su impunidad.