Familia de pescador colombiano asesinado en bombardeo estadounidense presenta denuncia ante la CIDH
Los familiares de Alejandro Carranza Medina, pescador colombiano muerto en un ataque aéreo de Estados Unidos el 15 de septiembre de 2025, han presentado una denuncia formal ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), acusando a Washington de ejecución extrajudicial en violación del derecho internacional. Esta es la primera impugnación legal contra la campaña militar ordenada por la administración Trump en el Caribe, que ya ha causado al menos 83 muertes.
La familia de Alejandro Carranza Medina, el pescador colombiano identificado por el presidente Gustavo Petro como una de las víctimas civiles de los ataques estadounidenses contra supuestas narcolanchas en el Caribe, ha formalizado una denuncia contra Estados Unidos ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). Según informó inicialmente el diario británico The Guardian y posteriormente confirmó El País, esta acción representa la primera reclamación ante un organismo internacional por la campaña militar ordenada por Donald Trump en septiembre, que ya ha cobrado más de 80 vidas.
La petición cuenta con el respaldo de Daniel Kovalik, abogado de derechos humanos y representante del presidente Petro en varios casos internacionales. El documento, firmado por Katerine Hernández Bernal, esposa de Carranza, describe brevemente los hechos: "El 15 de septiembre de 2025, el ejército de los Estados Unidos bombardeó el barco de Alejandro Andrés Carranza Medina, en el que navegaba por el Caribe, frente a las costas de Colombia. Murió en el bombardeo. El señor Carranza era pescador y ciudadano colombiano".
La denuncia señala directamente al secretario de Defensa estadounidense, Pete Hegseth, como "el responsable de ordenar el bombardeo de embarcaciones como las de Alejandro Carranza Medina y el asesinato de todas las personas que se encontraban en ellas". Según medios estadounidenses, Hegseth habría dado la orden de "matar a todos" los tripulantes de embarcaciones sospechosas, incluso sin confirmación de vínculos con el narcotráfico. El documento también indica que "Trump ha ratificado la conducta del secretario Hegseth".
La familia acusa a Estados Unidos de violar múltiples derechos consagrados en la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, incluyendo el derecho a la vida, a la igualdad ante la ley, al reconocimiento de la personalidad jurídica, a un juicio justo y al debido proceso legal. Según el documento presentado, existe un testigo del asesinato: un líder de una asociación de pescadores en Santa Marta que ha preferido mantener su identidad en reserva debido a "amenazas de paramilitares".
A finales de octubre, el presidente colombiano Gustavo Petro denunció que el ataque del 15 de septiembre había ocurrido contra un pescador colombiano y "presumiblemente" en aguas nacionales. Petro afirmó entonces que Carranza, de 42 años, no tenía vínculos con el narcotráfico. Sin embargo, posteriormente reconoció que Carranza podría haber tenido "algún pequeño contacto con el tráfico de drogas", según reporta DW. La familia ha declarado que Carranza, además de su trabajo principal como pescador, ocasionalmente pilotaba embarcaciones para terceros.
Por su parte, Donald Trump había afirmado que en esa operación murieron tres "narcoterroristas venezolanos" que supuestamente transportaban drogas con destino a Estados Unidos.
La campaña militar estadounidense, denominada "Lanza del Sur", comenzó con ataques contra embarcaciones en el mar Caribe y posteriormente se extendió al océano Pacífico, la ruta más común para el tráfico de drogas desde Sudamérica hacia Norteamérica. Hasta la fecha, más de 80 personas han muerto en estos ataques, y solo se han identificado dos supervivientes: un colombiano y un ecuatoriano que navegaban en un supuesto narcosubmarino atacado el 18 de octubre. Ambos fueron liberados en sus respectivos países al no probarse delitos en su contra.
Organismos internacionales como la ONU, Human Rights Watch y Amnistía Internacional han calificado estos bombardeos como "ejecuciones extrajudiciales". El jefe de derechos humanos de la ONU, Volker Türk, ha declarado que estas acciones "violan el derecho internacional".
La administración Trump enfrenta creciente presión política bipartidista, especialmente por el incidente del 2 de septiembre donde dos supervivientes de un ataque aéreo inicial en el mar Caribe fueron eliminados en un segundo ataque. Críticos han cuestionado la afirmación de la Casa Blanca de que no fue consultada sobre el segundo ataque, con Trump responsabilizando al comandante, el almirante Frank Bradley.
Aunque las resoluciones de la CIDH no son vinculantes para el gobierno estadounidense, un fallo adverso podría resultar embarazoso para Washington, socavando su imagen como defensor del estado de derecho a nivel mundial. La CIDH, con sede en Washington, es un órgano de la Organización de Estados Americanos (OEA) dedicado a promover y proteger los derechos humanos en el continente. Si encuentra que un Estado miembro ha violado derechos humanos, puede emitir recomendaciones, exigir reparaciones o impulsar cambios legislativos. En ausencia de una solución amistosa, los casos pueden elevarse a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, cuyas sentencias sí tienen efectos vinculantes. Estados Unidos es uno de los países fundadores de la OEA.
