Familias peruanas asumen rol de investigadores ante inacción policial en casos de mujeres desaparecidas

"Tomamos el papel de la Policía", afirma Gastón Alvarado, quien junto a su padre Marcelino, de 71 años, busca desde hace seis años a su hermana Karina, desaparecida el 27 de agosto de 2019 cuando tenía 39 años. Karina salió de su casa en San Juan de Lurigancho, una de las zonas más vulnerables de Lima, para comprar caramelos para el cumpleaños de su sobrina y nunca regresó.

Desde entonces, la familia Alvarado ha recorrido hospitales, comisarías y la morgue de Lima, además de distribuir volantes por toda la ciudad. "Prácticamente todas las investigaciones que recabó la Policía fue porque nosotros se lo dimos", explica Gastón, quien inicialmente enfrentó resistencia de las autoridades para presentar la denuncia por no ser el esposo ni el padre de Karina.

Las estadísticas oficiales revelan la magnitud del problema. De las 12.044 desapariciones de mujeres denunciadas en 2025, las autoridades reportan haber encontrado a 6.698, aunque estos datos no son directamente comparables, ya que la aparición de una persona puede producirse en un año distinto al de su desaparición. Lo que resulta alarmante es que seis de cada diez casos de desapariciones corresponden a mujeres.

Desde 2022, Perú reconoce la desaparición de mujeres dentro del marco de la violencia de género, debido a su mayor vulnerabilidad y a que frecuentemente estos casos están vinculados a otras formas de violencia como el feminicidio o la trata de personas. Sin embargo, este avance normativo no ha mejorado significativamente la respuesta institucional.

En el otro extremo del país, en la selva de Iquitos, Sarife Bravo lleva cuatro años buscando a su hermana Priscila, quien desapareció a los 26 años en Tacna, al sur del país, donde vivía con su pareja, a quien había denunciado previamente por violencia. "Mi hermana estaba solita, se preguntaba a quién acudir", relata Sarife. La familia se enteró de la desaparición cuando uno de los hijos de Priscila envió un audio preguntando por el paradero de su madre.

Al intentar denunciar, las autoridades les indicaron que debían hacerlo en el lugar donde había desaparecido, a más de 1.600 kilómetros de distancia. "Tanta era mi desesperación que perdí el miedo de acercarme a personas peligrosas", confiesa Sarife, quien asumió un papel protagónico en la búsqueda de su hermana.

Vanessa Cuentas, coordinadora de incidencia de Amnistía Internacional, señala que uno de los principales obstáculos es que en los casos de desaparición no existe la presunción de delito, ya que primero se requiere probar el acto ilícito. "La denuncia debe presentarse en el acto y la Policía no puede negarse a recibirla. Las autoridades deben actuar con rapidez bajo la presunción de que la mujer sigue viva", explica.

Los prejuicios de género constituyen otra barrera significativa. Cecibel Jiménez Cuentas, abogada de Flora Tristán, organización feminista que trabaja con familias de desaparecidos, denuncia que las autoridades suelen desestimar las denuncias con frases como "seguro se fue con un chico, ya volverá". A esto se suma el desconocimiento de la normativa sobre desapariciones y la falta de presupuesto en las unidades policiales.

"La Policía es la primera unidad de búsqueda; tiene que dar la mano a las familias, dar la orientación y mantenerlos informados", enfatiza Jiménez. Sin embargo, la realidad es muy distinta. En Perú, la desaparición solo pasa a manos de la Fiscalía cuando se identifica la presunta comisión de otro crimen, como el hallazgo de restos humanos que sugieran un feminicidio.

Las adolescentes constituyen el grupo más vulnerable. Según datos oficiales, solo en noviembre de 2025, el 65% de las alertas emitidas correspondió a niñas y adolescentes. Las causas son diversas: desde redes de captación para la trata de personas con fines de explotación sexual hasta casos de violencia sexual o feminicidio. La Defensoría del Pueblo ha señalado que cerca del 10% de los feminicidios registrados tuvo como antecedente una denuncia por desaparición.

Las cifras oficiales también revelan inconsistencias en el sistema. La policía está obligada a emitir una nota de alerta por cada denuncia recibida, pero de enero a noviembre de 2025 se reportaron 8.089 notas de alerta, mientras que las denuncias solo hasta octubre ya habían llegado a 10.108, lo que sugiere que no todas las denuncias generan las alertas correspondientes.

La Defensoría del Pueblo sostiene que las denuncias por desaparición deben ser recibidas por personal especializado en género, mientras que las organizaciones advierten que todas las instituciones involucradas en la búsqueda deberían incorporar este enfoque de manera transversal. Sin embargo, el panorama se ha complicado aún más tras la aprobación, a finales del año pasado, de una ley que elimina el enfoque de género de todas las instituciones públicas peruanas.

El impacto en las familias es devastador, no solo emocional sino también económicamente, al tener que asumir gastos en traslados, viajes o la impresión de volantes. "Enfrentan un proceso de duelo que no pueden cerrar", explica Jiménez. "Se profundiza cuando no reciben el apoyo del Estado y el tiempo de la desaparición se extiende".

Las familias suelen encontrar apoyo mutuo a través de asociaciones de personas con familiares desaparecidos, donde comparten información, participan en acciones públicas y encuentran contención emocional. Estas redes de solidaridad se han vuelto fundamentales ante la ausencia de respuestas institucionales efectivas.

Para Marcelino Alvarado, el padre de Karina, la esperanza no se desvanece a pesar de los años transcurridos. Con lágrimas en los ojos y una sonrisa que refleja profunda tristeza, confiesa: "Yo todavía siento que puedo encontrar a mi hija". Cree que puede ser víctima de trata de personas. Los sueños también lo persiguen: "Soñé que en mi cuarto habían hecho un hueco grande y mi hija lo señalaba y decía: 'A ese hueco, pa, ahí es'. Y entonces pienso si es que está enterrada ahí".

Mientras tanto, Sarife Bravo también encuentra en los sueños una forma de conexión con su hermana desaparecida: "Tengo audios de ella que todavía guardo y la escucho cuando la extraño", dice entre lágrimas. "Nunca ha sido fácil".

En ambos hogares, como en miles de familias peruanas con seres queridos desaparecidos, han dejado de celebrarse cumpleaños, Navidades y otras fechas especiales. La vida queda en suspenso mientras continúa una búsqueda que, sin el apoyo adecuado de las autoridades, parece no tener fin.