Gobierno chavista y oposición venezolana colaboran en tribunales de EE.UU. para proteger activos de PDVSA

La magistrada Sarah Netburn del tribunal de Nueva York aprobó la solicitud conjunta presentada por representantes legales del gobierno de la presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, y abogados de la oposición que controló la Asamblea Nacional en 2015, otorgando un plazo hasta el 21 de mayo para que ambas partes coordinen sus defensas legales y determinen quién representará los intereses de Venezuela ante los tribunales estadounidenses, según informó El País.

La suspensión afecta un caso en el que aproximadamente 20 acreedores internacionales, incluyendo grandes y medianas empresas, reclaman 21.300 millones de dólares a Venezuela por expropiaciones e incumplimientos de deuda acumulados durante la era chavista, según las fuentes consultadas. Estos acreedores buscan embargar fondos vinculados a PDVSA, la petrolera estatal venezolana.

Analistas advierten que este movimiento merece atención especial. Si tiene éxito, demostraría cooperación legal entre facciones previamente irreconciliables, mejorando así la posición de Venezuela en el litigio, según El País.

El activo más valioso en disputa es la refinería Citgo Petroleum, con sede en Houston, considerada la séptima más grande de Estados Unidos y la joya de la corona de las propiedades venezolanas en el extranjero, según Mercopress. Un juez de Delaware aprobó su venta en noviembre pasado a Amber Energy, subsidiaria del fondo de cobertura Elliott Investment Management, por 5.900 millones de dólares, pero la transacción no se ha completado porque requiere autorización de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro, según la misma fuente.

Desde 2019, cuando la primera administración Trump impuso sanciones a PDVSA y reconoció a Juan Guaidó como presidente interino, los activos venezolanos en Estados Unidos fueron colocados bajo el control de juntas directivas designadas por la Asamblea Nacional de mayoría opositora elegida en 2015, según Mercopress. Esa arquitectura institucional gestionó los activos y enfrentó los litigios en nombre del Estado venezolano durante seis años, pero perdió su base legal con el reconocimiento de Rodríguez.

La oposición, representada por Guaidó, tomó control de algunos activos venezolanos en Estados Unidos en 2019, cuando Donald Trump estaba en su primer mandato como presidente estadounidense y no reconocía a Nicolás Maduro durante la crisis presidencial venezolana de 2019-2023. En su lugar, Guaidó fue reconocido como presidente interino por 88 países, incluido Estados Unidos, aunque este reconocimiento fue revocado en enero de 2023, según El País.

La situación legal cambió dramáticamente tras la captura de Maduro el 3 de enero durante una intervención militar estadounidense en Caracas, según Mercopress. En marzo, el Departamento de Estado reconoció formalmente a Rodríguez como única jefa de Estado de Venezuela en una carta presentada ante el tribunal federal, según reportó Reuters citado por Mercopress. El 1 de abril, OFAC la eliminó de la lista de funcionarios venezolanos sancionados, removiendo un obstáculo clave para que Caracas recupere el control de sus subsidiarias en suelo estadounidense, según la misma fuente.

Washington considera actualmente a Rodríguez como la "única jefa de Estado" de Venezuela, con capacidad para actuar en nombre del país, en una carta enviada al Departamento de Justicia, según El País. Siguiendo este reconocimiento, Rodríguez se prepara para tomar el control de las juntas directivas de las subsidiarias de PDVSA en Estados Unidos, según Reuters citado por El País.

Mientras tanto, PDVSA ratificó en marzo a Asdrúbal Chávez, primo del fallecido presidente Hugo Chávez, como jefe de PDV Holding y Citgo, y añadió ejecutivos cercanos a Rodríguez a las juntas directivas, según Mercopress. La administración interina se prepara para tomar control efectivo de las juntas directivas de las subsidiarias estadounidenses, aunque el Departamento del Tesoro aún no ha autorizado los nuevos nombramientos, según Reuters citado por Mercopress.

La OFAC, desde 2019, ha impedido que el régimen chavista designe la gerencia de Citgo. Sin embargo, la oficina sí autorizó los nombramientos realizados por Guaidó cuando actuaba como autoproclamado presidente interino, según El País. Los tenedores de deuda venezolana también han buscado embargar este y otros activos.

Para recuperar su deuda, los acreedores solicitaron que la refinería fuera subastada, y un juez de Delaware aprobó su venta en noviembre pasado, según El País. Esta transacción aún no se ha finalizado porque requiere autorización de OFAC.

Trump ha delineado una transición apalancada en el petróleo, y es precisamente en este sector donde está ocurriendo el mayor número de cambios, tras la restauración completa de relaciones entre Washington y Caracas, según El País. Trump ha reconocido a Rodríguez e incluso la removió de la lista de funcionarios chavistas sancionados.

El acercamiento entre Washington y Caracas ha producido cambios rápidos en los sectores petrolero y minero, según Mercopress. Por ahora, las transformaciones más evidentes son las licencias petroleras y mineras, así como las nuevas leyes de hidrocarburos, ya aprobadas, y leyes mineras, en discusión, que han generado nuevas expectativas entre inversionistas extranjeros, según El País.

Venezuela aprobó una nueva ley de hidrocarburos y está debatiendo una ley minera, mientras que nuevas licencias han elevado las expectativas entre inversionistas extranjeros, según Mercopress.

Sin embargo, un grupo de organizaciones ambientales y de derechos humanos advirtió hace pocos días que las licencias petroleras y mineras podrían "convertirse en un mecanismo global para lavar oro ilegal, al permitir la venta de minerales de áreas controladas por redes criminales", según El País. El oro, en particular, se extrae en Venezuela en medio de graves violaciones de derechos humanos, contrabando y corrupción, según reportes de organizaciones como las Naciones Unidas y Transparencia Internacional, según la misma fuente.

La extracción de oro en Venezuela ocurre en medio de graves violaciones de derechos humanos, contrabando y corrupción, según reportes de la ONU y Transparencia Internacional citados por Mercopress.