Gobierno de Bolivia elimina subsidio a la harina y desata polémica por precio del pan
El presidente Rodrigo Paz anunció el fin de la subvención a la harina para producción de pan, argumentando que el sistema generaba corrupción y beneficiaba solo a unos pocos, lo que provocó una inmediata reacción de los panificadores y tensión en el mercado alimentario.
El gobierno boliviano ha decidido eliminar definitivamente el subsidio a la harina destinada a la producción de pan, una medida que ha generado una intensa controversia en el país. El presidente Rodrigo Paz justificó la decisión señalando que el sistema de subvención había sido sistemáticamente mal utilizado por ciertos sectores.
Según declaraciones oficiales, la Empresa de Apoyo a la Producción de Alimentos (Emapa) vendía un quintal de harina a 96 bolivianos, cuando su costo real era de 315 bolivianos. Esta diferencia había creado un ambiente propicio para la corrupción, según las autoridades.
El viceministro de Comercio y Logística Interna, Gustavo Serrano, calificó el modelo de subvención como un "desastre" que permitió el enriquecimiento de unos pocos a costa de los recursos públicos. "No podemos permitir que sigan apropiándose de recursos bajo la excusa de un precio subsidiado", afirmó el presidente Paz.
La medida ha provocado una ruptura con los panificadores federados, quienes venían recibiendo harina subvencionada para vender pan a 0,50 bolivianos. La Confederación Nacional de Panificadores Artesanos ya ha anunciado que pondrá fin al convenio con el gobierno, lo que ha resultado en un aumento del precio del pan de 0,50 a 0,80 centavos.
El gobierno está trabajando en un nuevo proyecto para garantizar un precio más accesible del pan, aunque por ahora no ha establecido un precio oficial. También se está diseñando un sistema digital para la asignación de harina subvencionada, con el objetivo de eliminar intermediaciones y reducir los espacios de corrupción.
En paralelo, se ha iniciado un proceso penal contra Rubén Ríos, un dirigente acusado de beneficiarse ilegalmente con la harina subvencionada. El Ministerio Público ya ha realizado su aprehensión.
La medida se produce en un contexto económico complejo, marcado por la caída de reservas internacionales y el aumento del déficit fiscal. Economistas advierten que desmontar la estructura de subsidios es una tarea políticamente sensible en un país donde amplios sectores consideran estos beneficios como un derecho adquirido.
Mientras tanto, los consumidores enfrentan ya las consecuencias: reducción en el tamaño del producto, aumento de precios y largas filas en zonas con oferta limitada de pan.
