Gobierno de Colombia anuncia nuevos impuestos por emergencia económica: más gravámenes a superricos y sector financiero

El Gobierno colombiano comenzó a implementar por decreto la reforma tributaria que el Congreso de la República rechazó hace algunas semanas. "No se tocan los productos de la canasta familiar, no se tocan los estratos medios y bajos", aseguró el ministro de Hacienda, Germán Ávila, durante una rueda de prensa donde detalló las medidas que entrarán en vigor el 1 de enero de 2026.

Las nuevas disposiciones fiscales, anunciadas apenas un día después de decretar un histórico aumento del 23,8% al salario mínimo, modifican sustancialmente el impuesto al patrimonio. "En este momento el impuesto al patrimonio empieza en los 3.600 millones de pesos, y sube progresivamente del 0,6% al 2%", explicó Ávila. Con el cambio, la tarifa iniciará en los 2.000 millones de pesos con el 0,6% y se incrementará hasta el 5% para patrimonios superiores a los 100.000 millones. Según el ministro, esta tributación adicional afectará solo a 102.000 personas, equivalentes al 0,8% del total de la base tributaria.

Otra medida destacada es la sobretasa de renta al sistema financiero. "Este año hemos visto niveles de utilidad muy altos para los bancos", señaló Ávila, justificando el aumento de la sobretasa actual del 5% al 15% para las entidades de este sector. Adicionalmente, se implementará una nueva normalización tributaria que permitirá a personas y empresas declarar bienes en el exterior sin sanciones legales. El Gobierno espera recaudar 3,6 billones de pesos combinando estas dos medidas.

El paquete tributario también incluye la aplicación del IVA del 19% a los juegos de suerte y azar, actualmente excluidos de este impuesto, aunque los premios otorgados quedarán exentos. Las bebidas alcohólicas con alto grado de licor (rones, aguardientes y whiskys) pasarán de un IVA del 5% al 19%, mientras que la cerveza quedará exenta de este aumento. Asimismo, se incrementará el impuesto al consumo de licores y tabaco. "Son impuestos saludables que buscan desestimular el consumo de estos productos que en exceso tienen efectos negativos para la salud pública", argumentó el ministro.

La última medida anunciada es la no deducibilidad de las regalías en el cálculo del impuesto de renta para las empresas de petróleo y carbón, con la que esperan recaudar 3,2 billones de pesos, aunque esta disposición fue previamente anulada por la Corte Constitucional. El Gobierno también contempla otros incentivos tributarios que proyectan un recaudo adicional de 2,5 billones.

Estas medidas se enmarcan en la declaración de emergencia económica decretada por el presidente Petro el 22 de diciembre mediante el Decreto 1390 de 2025, que estará vigente por 30 días en todo el territorio nacional. La decisión fue tomada tras el rechazo del Congreso a la Ley de Financiamiento propuesta por el Ejecutivo, dejando un déficit de 16,3 billones de pesos en el presupuesto de 2026.

Según el Gobierno, la situación económica actual es "grave" y "excepcional", afectando la capacidad del Estado para garantizar derechos fundamentales y servicios esenciales. El decreto, firmado por todos los miembros del gabinete ministerial, otorga al Ejecutivo facultades extraordinarias para expedir decretos con fuerza de ley.

Los nuevos tributos estarán vigentes durante todo 2026, a menos que la Corte Constitucional decida anular la emergencia económica. La vacancia judicial termina el 10 de enero de 2026, cuando las altas cortes podrán comenzar a evaluar las decisiones económicas del presidente.

La medida ha generado fuertes críticas por parte de la oposición y el sector empresarial. La Asociación Nacional de Empresas de Colombia (ANDI) y la Cámara Colombiana de la Construcción han advertido que genera incertidumbre jurídica que podría frenar la inversión. Los críticos argumentan que para que una emergencia económica sea válida, la ley requiere una situación extraordinaria e imprevista, y consideran que Petro podría estar abusando de su poder para eludir el debate democrático.

Esta decisión se suma a otras medidas económicas recientes del Gobierno Petro, como el aumento histórico del salario mínimo a dos millones de pesos (incluyendo subsidio de transporte), equivalente a unos 533 dólares, y la implementación de la reforma laboral aprobada en junio, que incluye el aumento de dos horas de la jornada nocturna, implicando un pago adicional para los empleados desde las 7 de la noche y no desde las 9, como funcionaba anteriormente.

El presidente Petro ha defendido estas medidas como parte de su estrategia para "democratizar la riqueza" y ha reconocido que podrían tener un impacto en la inflación, que actualmente se mantiene alrededor del 5%, por encima del 3% que tiene como meta el Banco de la República.