La violencia pandillera ha puesto contra las cuerdas al gobierno guatemalteco, que enfrenta una crisis de seguridad sin precedentes en medio de acusaciones de que detrás de los ataques existe una "mafia político-criminal" que busca desestabilizar al presidente Arévalo, quien asumió el cargo en enero de 2024.

La crisis actual tiene sus raíces en el verano pasado, cuando el Ministerio del Interior decidió trasladar a líderes de Barrio 18 y Mara Salvatrucha a prisiones de máxima seguridad, poniendo fin a los privilegios que disfrutaban, como camas king-size, internet de alta velocidad, mariachis, alcohol y drogas. Entre los trasladados se encontraban Aldo Duppie Ochoa Mejía, alias "El Lobo", condenado a 191 años de prisión, y Yahir de León, alias "El Diabólico", líder de la Mara Salvatrucha sentenciado a más de 160 años.

Durante meses, los líderes pandilleros exigieron su regreso a las antiguas prisiones hasta que, cansados del silencio oficial, ordenaron motines en tres centros penitenciarios el pasado 18 de enero. La violencia resultante incluyó quema de colchones, destrucción de instalaciones y el secuestro de 37 funcionarios penitenciarios, quienes fueron obligados a grabar un video afirmando que las demandas de los presos eran legítimas.

El gobierno guatemalteco se negó a ceder ante el "chantaje". La intervención policial logró sofocar los motines y arrestar a "El Lobo", a quien los oficiales exhibieron arrodillado y cubierto de sangre. En respuesta, las pandillas movilizaron a sus miembros en las calles con una sola orden: matar policías. El resultado fue una masacre que dejó 10 agentes muertos y otros 10 heridos en pocas horas.

Según el gobierno de Arévalo, detrás de esta masacre se encuentra una "mafia político-criminal" que busca derrocar al presidente. Las conexiones político-mafiosas denunciadas por Arévalo apuntan principalmente a la Fiscal General Consuelo Porras, sancionada por corrupción en Europa y Estados Unidos, y a la líder opositora Sandra Torres. Cabe destacar que la sobrina de Torres está casada con "El Lobo", el líder pandillero que ha puesto al presidente contra las cuerdas.

Arévalo, un diplomático de 67 años, ganó sorpresivamente las elecciones de 2023 al frente del Movimiento Semilla, una organización que reunió a indígenas, académicos y una clase media harta de los últimos tres gobiernos de derecha. Sin embargo, Semilla carece de mayoría en el Congreso y ha enfrentado la oposición de los militares, empresarios y del sistema judicial.

Con un discurso conciliador y progresista, Arévalo prometió fortalecer las instituciones y promover programas sociales para combatir la violencia, en contraste con quienes le pedían mano dura contra las pandillas al estilo autoritario de Nayib Bukele en El Salvador.

"Las pandillas han operado como el brazo armado de estos grupos poderosos", argumenta el ex viceministro del Interior, Arnoldo Villagrán. Para Villagrán, responsable de la seguridad del país entre 2008 y 2010, los recientes asesinatos de policías "son la primera advertencia" de un año políticamente cargado, en el que se elegirá un nuevo fiscal general, los magistrados del Tribunal Supremo Electoral y los de la Corte Constitucional.

"Los informes que advertían de posibles ataques de Barrio 18 contra Arévalo son bien conocidos", recuerda Francisco Solórzano Foppa, ex fiscal y ex director de análisis criminal del Ministerio Público, en su oficina en la Zona 10 de Ciudad de Guatemala.

La crisis en Guatemala ha puesto de relieve la situación crítica en sus prisiones. El Ministro del Interior reconoció que las 23 cárceles del país albergan a más de 23.000 reclusos, a pesar de tener una capacidad máxima de solo 6.000. Durante años, las superpobladas cárceles centroamericanas han servido como centros desde los cuales las pandillas han continuado operando incluso después de que sus miembros fueran capturados.

Las maras o pandillas en Guatemala se originaron a partir de las pandillas latinas que surgieron en Los Ángeles en las décadas de 1970 y 1980. En las décadas siguientes, Estados Unidos intentó erradicar el problema con deportaciones masivas, lo que trasladó el fenómeno a un país quebrado, sin recursos y sin un Estado funcional, donde las pandillas fueron ganando fuerza. De 1993 a 1998, Estados Unidos deportó a más de 15.000 guatemaltecos, el 20% de los cuales tenían antecedentes penales.

El Mezquital, un barrio en las afueras de Ciudad de Guatemala, fue el principal destino para muchos de ellos, y para finales de 1998, MS-13 y Barrio 18 controlaban la capital. "Ahora son títeres desechables utilizados por los poderes políticos", añade abatida Alejandra Béliz, trabajadora social de El Mezquital.

La respuesta de Arévalo a la crisis contrasta con la de Bukele en El Salvador. En marzo de 2022, las pandillas salvadoreñas desafiaron a Bukele, matando a 88 personas en dos días para forzar al gobierno a negociar, entre otras cosas, mejores condiciones carcelarias. La reacción del presidente salvadoreño fue completamente opuesta: declaró un estado de emergencia —que sigue vigente—, desplegó al ejército en las calles y comenzó a arrestar personas. Primero a pandilleros, luego a cualquiera con tatuajes, y más tarde a familiares o amigos de sospechosos.

La consecuencia es que en cuatro años ha encarcelado a casi el 2% de la población adulta de El Salvador. Luego ignoró la Constitución y fue reelegido, a pesar de que la ley solo permite un mandato. Durante este período, decenas de periodistas, abogados y políticos de la oposición se han visto obligados a exiliarse. A cambio, las pandillas son prácticamente inexistentes, y el país registró 82 homicidios el año pasado, en comparación con casi 6.700 hace diez años.

Con un tono renovado y enérgico, Arévalo ha prometido construir nuevas prisiones en Guatemala, uniéndose a una creciente tendencia en América Latina en la que Ecuador, Honduras y Costa Rica han seguido el ejemplo de Bukele con planes para construir cárceles inspiradas en el infame CECOT, la inhumana instalación de máxima seguridad donde El Salvador encarcela a los pandilleros.

"La combinación de la creciente presión de EE.UU. y el enfoque de derecha de Bukele, que proporciona una respuesta a los problemas de seguridad, ha obligado a los gobiernos a equilibrar pragmáticamente sus propios principios con las crecientes demandas de represión", dice Tiziano Breda, experto en análisis de violencia en América Latina de la organización estadounidense ACLED.

Las últimas encuestas del Latinobarómetro confirman que a la población no le importa vivir en regímenes autoritarios siempre que garanticen alimentos y seguridad, una tendencia "que seguirá aumentando mientras continúe la violencia y las formaciones menos populistas o más conscientes de los derechos humanos no encuentren fórmulas que den resultados", añade Breda.

La escalada de violencia en Guatemala se produce en vísperas del cambio de fiscal general, así como de los magistrados del Tribunal Supremo Electoral y de la Corte Constitucional, el máximo órgano judicial que en los últimos años ha sido acusado de actuar a favor de redes de corrupción.