Guerra en Irán amenaza con restar hasta un punto del PIB a España en 2026

La guerra en Irán está transformando radicalmente las perspectivas económicas de España. Lo que comenzó como un año de consolidación fiscal y crecimiento moderado se ha convertido en un escenario de incertidumbre que amenaza con frenar significativamente la economía nacional, según el Consenso Económico y Empresarial del primer trimestre elaborado por PwC.

Antes del inicio de los combates en Teherán, el panel de más de 450 expertos, directivos y empresarios proyectaba un crecimiento sólido de entre 2,2% y 2,4% para la economía española, en línea con las estimaciones de Funcas y BBVA Research, según PwC. Sin embargo, más de la mitad de los encuestados prevé ahora un recorte de entre 0,2 y 0,5 puntos porcentuales al PIB de 2026, según el informe.

Un sector minoritario de expertos es aún más pesimista y baraja una desaceleración que restaría hasta un punto porcentual al PIB, lo que dejaría el crecimiento anual en un rango de entre 1,2% y 1,7%, según PwC. Esta previsión es incluso más negativa que la publicada el viernes por el Fondo Monetario Internacional, que recortó su estimación para España al 2,1%, según la fuente.

La duración del conflicto es el factor determinante. Poco más de la mitad de los expertos consultados apuesta por una guerra de duración media de entre tres semanas y dos meses, lo que llevaría el caos petrolero hasta finales de abril, mientras que un 40% teme un conflicto prolongado que supere los dos meses, según el consenso de PwC. De cumplirse este último escenario, la economía mundial se vería seriamente afectada, obligando a los gobiernos a intervenir con ayudas fiscales extraordinarias similares a las desplegadas por España, lo que dispararía el déficit público, según el informe.

La amenaza constante sobre el estrecho de Ormuz, arteria vital para el suministro energético global, es la clave de la incertidumbre económica, según los expertos consultados por PwC.

La inflación emerge como otra víctima importante de la inestabilidad en Oriente Próximo. Si a inicios de año los expertos confiaban en que el IPC se situara entre 2% y 2,5%, ahora una amplia mayoría añade entre medio y un punto porcentual a estas previsiones, según PwC. Algunos analistas consideran incluso un escenario de estanflación, es decir, bajo crecimiento y precios al alza, considerada la peor situación posible, según el consenso.

El repunte inflacionista ha frenado las expectativas de una política monetaria más laxa. Inicialmente, más de dos tercios de los analistas esperaban que el Banco Central Europeo rebajara los tipos al 2% o incluso al 1,5% para diciembre de este año, pero ahora esa balanza se inclina por mantener el valor del dinero entre 2% y 2,5%, según PwC. Una minoría vaticina un repunte del 2,5% actual hasta el 3% para contener la escalada inflacionista, según el informe. El BCE decidió esta semana, por unanimidad, dejar sin cambios los tipos de interés por sexta vez consecutiva, a la espera de contar con más datos sobre el impacto del conflicto, según PwC.

Ante este panorama, el presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, compareció el viernes ante los medios de comunicación tras un Consejo de Ministros extraordinario para informar del plan integral de respuesta a las consecuencias de la guerra en Irán, según El Confidencial. El Ejecutivo ha avanzado que será un plan "proporcional, perimetrado y focalizado" en limitar el impacto de la subida de los combustibles y la electricidad, según la fuente.

Tras reunirse con agentes sociales, los sectores más afectados por el conflicto y con los grupos políticos, el Ejecutivo presentó un plan que abarca cuatro dimensiones, según El Confidencial. La primera dimensión es estructural y se basa en reforzar la apuesta por las energías renovables, incentivando comunidades energéticas, autoconsumo y bombas de calor, así como la electrificación, según la fuente.

La segunda dimensión consiste en la minimización del coste energético y eléctrico a través de medidas fiscales, según El Confidencial. El tercer bloque tiene que ver con la minimización del impacto de la subida de los carburantes, donde se pondrá especial atención en el campo, la pesca, los transportistas y las industrias electrointensivas y gasintensivas, según la fuente. El último bloque abarca medidas del escudo social, como la imposibilidad de cortes de suministro energético a los más vulnerables, según El Confidencial.

Más allá del impacto inmediato de la guerra, el informe de PwC destaca que España afronta esta crisis geopolítica con desafíos estructurales importantes. Prácticamente uno de cada 10 expertos afirma que la red eléctrica española no está preparada para soportar el aumento de la demanda derivado de la construcción de nuevas viviendas, los centros de datos y las energías renovables, según el consenso. Por ello, una gran mayoría considera que las infraestructuras energéticas y de redes eléctricas son las que precisan una inversión más urgente para sostener el crecimiento económico, según PwC.

El otro frente abierto es la red ferroviaria, que ha estado en el centro de atención desde el accidente de Adamuz. El 74% de los encuestados considera que los problemas actuales cuestionan la fiabilidad, capacidad y calidad del ferrocarril, lo que podría repercutir en una caída de viajeros, según PwC. Esta erosión de la fiabilidad es especialmente grave en el servicio de Cercanías, donde casi el 80% de los consultados identifica un lastre directo para la productividad debido a las demoras, según el informe.

Existe además un consenso empresarial en la urgencia de reorientar la inversión hacia los núcleos urbanos para asegurar la movilidad laboral y proteger la imagen turística del país, según PwC.

La combinación de la guerra en Irán con los problemas estructurales internos plantea un escenario complejo para la economía española en 2026. La duración del conflicto y la capacidad del Gobierno para implementar medidas efectivas de contención serán determinantes para evitar que el impacto económico alcance las previsiones más pesimistas. Mientras tanto, la incertidumbre sobre la evolución de los precios energéticos y la política monetaria del BCE mantiene en vilo tanto a empresarios como a consumidores.