

Guinea-Bisáu se prepara para celebrar elecciones parlamentarias en un contexto marcado por la exclusión sistemática de la oposición, después de que el presidente Umaro Sissoco Embalo disolviera el parlamento en 2023 y permaneciera en el poder tras el fin de su mandato oficial en febrero de 2025. La principal coalición opositora ha sido descalificada por el Tribunal Supremo y no habrá observadores internacionales significativos para supervisar el proceso electoral.
El presidente de Guinea-Bisáu, Umaro Sissoco Embalo, quien inicialmente prometió servir un solo mandato cuando fue elegido en 2019, ahora busca un segundo período en el cargo mientras el país se dirige a unas controvertidas elecciones parlamentarias.
En su campaña, Sissoco Embalo ha intentado recordar a los votantes sus logros: "He dado todo para dar a Guinea-Bisáu una segunda oportunidad de futuro. ¿Realmente quieren entregar el país a alguien que no tiene visión de futuro?", preguntó a sus seguidores, según informa DW.
En 2023, el mandatario disolvió el parlamento controlado por la oposición tras enfrentamientos armados que él describió como un intento de golpe de Estado. Sin embargo, sus críticos interpretaron esta medida como un esfuerzo para extender su mandato más allá de los límites constitucionales.
"Aunque el mandato oficial de Embalo terminó en febrero de 2025, permaneció en el cargo y pasó los meses siguientes marginando sistemáticamente a la oposición", declaró el periodista Bacar Camara a DW.
De los 14 partidos que compiten por los 102 escaños parlamentarios, solo la plataforma progubernamental No Kumpu Guine (Juntos por Guinea-Bisáu) parece tener posibilidades reales de obtener la mayoría. Por primera vez en la historia del país, el Partido Africano para la Independencia de Guinea y Cabo Verde (PAIGC), que llevó a Guinea-Bisáu a la independencia de Portugal en 1974, no aparecerá en las papeletas electorales.
La coalición Pai Terra Ranka (Adelante con Nuestra Patria), liderada por el PAIGC y encabezada por el principal rival de Embalo, Domingos Simoes Pereira, fue descalificada por el Tribunal Supremo en octubre. Oficialmente, la razón fue la presentación tardía de documentos electorales, aunque muchos observadores consideran que la decisión tiene motivaciones políticas.
### Acusaciones de instrumentalización del poder judicial
Camara afirma que el régimen ha utilizado el sistema judicial para eliminar a los opositores políticos. "Las dos principales coaliciones de oposición fueron simplemente descalificadas por motivos legales que carecen de cualquier base creíble", señaló. Describió esta estrategia como un "efecto dominó" observado en otros países africanos, destinado a debilitar sistemáticamente a la oposición y consolidar el poder.
Lucía Bird, experta del Global Initiative against Transnational Organized Crime, declaró a la agencia de noticias AFP que Embalo se encuentra en una "posición fuerte".
"Esto se explica en parte por el hecho de que pudo realizar su campaña sin restricciones, a diferencia de la oposición restante, que enfrentó limitaciones significativas", como la falta de recursos, explicó Bird.
La única alternativa conocida es el candidato independiente Fernando Dias, cuyo apoyo proviene en parte del PAIGC. Otros candidatos, como Jose Mario Vaz y Baciro Dja, permanecen en gran medida marginales en la contienda electoral.
### Supervisión internacional limitada
Guery Gomes Lopes, portavoz de la Liga Guineana de Derechos Humanos, criticó la falta de compromiso de las organizaciones internacionales. Ni el bloque comercial de África Occidental ECOWAS, ni la Unión Africana, la Unión Europea o Estados Unidos han mostrado un interés significativo en el proceso electoral.
"Esta es la primera vez que no hay supervisión internacional de las elecciones. No sabemos si las organizaciones internacionales no han sido invitadas o si no están interesadas", declaró Lopes a DW, añadiendo que "no sabemos qué está pasando con los socios internacionales, como la Unión Europea. Este no es un proceso electoral libre, justo y transparente".
No está claro qué observadores internacionales han sido invitados, y la legislación nacional no permite monitores locales. Algunos grupos de la sociedad civil planean supervisar las elecciones, pero tienen una capacidad limitada para hacerlo de manera efectiva.
La cobertura de medios independientes también está restringida. Los medios públicos portugueses RTP África y RDP África, así como la agencia de noticias LUSA, fueron expulsados de Guinea-Bisáu en agosto. Bacar Camara informó a DW que, aunque el tiempo de emisión está legalmente regulado, la cobertura está fuertemente sesgada a favor del gobierno, dejando a las voces de la oposición marginadas.
Esta situación en Guinea-Bisáu refleja una preocupante tendencia de deterioro democrático que ha sido observada en varios países africanos en los últimos años, donde los gobiernos utilizan mecanismos legales y judiciales para limitar la participación de la oposición y extender su permanencia en el poder.