Hombre canadiense pierde batalla legal por recuperar 1.2 millones de dólares incautados
Un residente de Ontario perdió un litigio de 16 años para recuperar más de 1.2 millones de dólares canadienses que fueron decomisados por la policía durante un allanamiento en su vivienda en 2009.
Marcel Breton ha perdido su prolongada batalla legal para recuperar una suma millonaria que fue encontrada en diferentes lugares de su casa en el noroeste de Ontario. Según documentos judiciales, la policía descubrió durante un registro en busca de un arma ilegal una cantidad significativa de dinero en efectivo: 1,235,620 dólares canadienses enterrados bajo el garaje, 32,000 dólares adicionales almacenados en otra parte del garaje, y 15,000 dólares en conductos de calefacción bajo el piso de la sala de estar.
El tribunal de apelaciones de Ontario confirmó un fallo previo de 2023 que determinó que la mayor parte del dinero decomisado debía ser entregado al gobierno canadiense. Los jueces consideraron varios elementos que cuestionaban el origen legal del dinero: la inusual forma de almacenamiento, la predominancia de billetes de 20 dólares - denominación asociada por expertos con el tráfico de drogas - y el hallazgo de dinero cerca de drogas y parafernalia relacionada.
Un detalle adicional relevante es que Breton no reportó ingresos a la agencia tributaria entre 2001 y 2008, lo que reforzó la sospecha sobre la procedencia del efectivo. Sin embargo, el tribunal decidió devolver 15,000 dólares encontrados en las rejillas de ventilación, al no poder determinar con certeza su origen ilícito debido a que no estaban agrupados en denominaciones consistentes.
La decisión judicial pone fin a las esperanzas de Breton de recuperar el dinero, luego de haber sido inicialmente condenado por diversos delitos y posteriormente absuelto en un nuevo juicio argumentando que el registro inicial de su propiedad no había sido legal.
El caso ilustra la complejidad de los procesos legales relacionados con la incautación de activos y los estrictos criterios que los tribunales aplican para determinar la legalidad de la posesión de grandes cantidades de efectivo.
