Jueza federal de EE.UU. bloquea por tercera vez restricciones de Trump a visitas congresionales en centros de detención migratoria

La jueza Jia M. Cobb, del Tribunal de Distrito de Estados Unidos para el Distrito de Columbia, concluyó que la política impulsada por la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, probablemente es ilegal, según el fallo emitido el lunes. El requisito obligaba a los legisladores a avisar con una semana de anticipación antes de ingresar a instalaciones de detención migratoria.

Cobb sostuvo que el Congreso ha sido claro al prohibir que se utilicen fondos asignados anualmente para impedir o restringir el acceso de los legisladores a instalaciones del Departamento de Seguridad Nacional con fines de supervisión. En su fallo, enfatizó que "el poder del dinero recae en el Congreso, e incluso una agencia con grandes recursos económicos debe cumplir con las restricciones del Congreso sobre los usos permitidos de los fondos asignados", según reportó El País.

La jueza consideró "altamente probable" que la Administración utilizara fondos restringidos para crear y aplicar la política de notificación previa. Rechazó el argumento del Departamento de Justicia, que afirmó que la medida sería financiada exclusivamente con recursos de la reforma fiscal de Trump, aprobada el año pasado. Según el Gobierno, cualquier gasto relacionado con la política podría contabilizarse posteriormente como proveniente de ese paquete presupuestario.

Sin embargo, Cobb calificó esos argumentos como "poco convincentes" y determinó que el lenguaje de supervisión incluido en las leyes de asignaciones anuales es "sin duda de gran alcance" y "se extiende a los gastos más incidentales, pero no obstante necesarios, que hacen posible la creación y la aplicación de la política de notificación", según las fuentes. Es decir, la prohibición de usar fondos para limitar las visitas del Congreso no solo aplica a gastos directos, sino también a costos indirectos pero necesarios para crear y aplicar la política, como los salarios y recursos de funcionarios del Departamento de Seguridad Nacional y del personal de la oficina de relaciones congresionales del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas que coordina las visitas de los legisladores.

La decisión bloquea la aplicación del requisito de notificación contra cualquier miembro del Congreso mientras continúa el litigio presentado por 13 demócratas de la Cámara de Representantes de EE.UU. Los legisladores demandaron después de que una versión anterior de la política fuera restablecida en enero, apenas un día después de que un agente del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas disparara y matara a la ciudadana estadounidense Renee Good en Minneapolis el 7 de enero, según las fuentes.

Tres días después del tiroteo, tres congresistas demócratas en Minnesota —Ilhan Omar, Kelly Morrison y Angie Craig— fueron impedidas de ingresar a una instalación del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas cerca de Minneapolis. Según los abogados demandantes, el Departamento de Seguridad Nacional no reveló la nueva versión de la política hasta después de que las legisladoras fueran rechazadas.

Noem reinstauró en secreto el requisito de notificación un día después de la muerte de Good. La política era casi idéntica a la versión que Cobb bloqueó en diciembre, según Washington Hispanic. El Departamento de Seguridad Nacional no divulgó la nueva versión de la política hasta después de que las tres representantes fueran inicialmente rechazadas en el centro.

En su fallo más reciente, Cobb reconoció que los demandantes están frustrados por los repetidos intentos del Gobierno de volver a imponer el requisito de notificación previa y afirmó que "los demandados deben cumplir con los términos de la orden judicial y actuar de conformidad con los principios jurídicos establecidos en este dictamen", según las fuentes.

La jueza también puso en duda el argumento de la Administración de que la medida era necesaria por razones de seguridad. Señaló que el Gobierno no presentó "ejemplos concretos de problemas de seguridad que plantean las visitas del Congreso sin previo aviso", según el fallo. Además, determinó que los legisladores han demostrado una "necesidad significativa de información en tiempo real y sobre el terreno acerca de las condiciones en las instalaciones, la situación de los detenidos y las prácticas de los demandados".

Las visitas de los congresistas demócratas a las instalaciones de detención han ayudado a dar luz sobre las condiciones de los detenidos, en muchos casos con denuncias de falta de atención médica o barreras para que los detenidos se comuniquen con sus familiares, según Diario Libre. Las últimas denuncias se centran en el centro de detención de Dilley en Texas, que alberga familias y donde los congresistas han denunciado que se han mantenido arrestados niños desde dos meses de edad y mujeres embarazadas a punto de dar a luz.

El fallo llega en medio de un creciente escrutinio sobre las operaciones migratorias y las condiciones en los centros de detención. La controversia también coincide con un cierre parcial del Gobierno que afecta la financiación del Departamento de Seguridad Nacional. Sin embargo, Cobb afirmó que esa situación no cambia su decisión y que el departamento sigue obligado a cumplir las restricciones presupuestarias que garantizan el acceso del Congreso a las instalaciones, según El País.

Por su parte, la Administración notificó su intención de apelar. En un comunicado, el Departamento de Seguridad Nacional defendió la política como "una medida de sentido común para asegurar la seguridad del personal, las fuerzas del orden, visitantes y detenidos", según las fuentes.

Cobb fue nominada para el cargo por el presidente Joe Biden, según Washington Hispanic. Esta es la tercera ocasión en que la corte interviene para frenar intentos de la Administración Trump de limitar las inspecciones de legisladores sin previo aviso a centros de detención del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas.