Los regímenes militares de Mali, Níger y Burkina Faso han impuesto desde sus golpes de Estado entre 2020 y 2023 leyes de difamación criminal y antiterrorismo que permiten la detención arbitraria de periodistas, blogueros y activistas, además de ordenar el cierre de estaciones de radio independientes y plataformas digitales, según organizaciones de derechos humanos y expertos regionales. La represión ha convertido el espacio público en inexistente y obligado al exilio a decenas de profesionales de la comunicación.