La policía italiana investiga a 13 marcas de lujo por posible explotación laboral en su cadena de suministro

Las autoridades italianas intensifican su escrutinio sobre las prácticas laborales en la industria de la moda de lujo. Según documentos judiciales consultados por Reuters, la policía italiana visitó las sedes de 13 reconocidas firmas de moda solicitándoles documentación sobre sus sistemas de gobernanza y controles de cadena de suministro.

Las marcas afectadas por estas órdenes de producción de documentos son Dolce & Gabbana, Versace, Prada, Adidas Italy, Off-White Operating, Missoni, Ferragamo, Givenchy Italia, Alexander McQueen Italia, Gucci y Yves Saint Laurent Manifatture (ambas pertenecientes a Kering), Cris Conf (Pinko) y Coccinelle.

Es importante destacar que ninguna de estas compañías se encuentra actualmente bajo investigación formal, y los fiscales no han buscado imponerles administración judicial, según los documentos revisados. Las 13 empresas no respondieron de inmediato a una solicitud de comentarios por parte de Reuters.

Esta acción se enmarca en un contexto más amplio de investigaciones que han sacudido al sector. En los últimos dos años, cinco grupos de moda de alta gama han sido puestos bajo administración judicial, y se ha solicitado la misma medida para un sexto, en una serie de casos que han manchado la imagen de algunos de los nombres más importantes de la industria.

Las 13 marcas fueron incluidas en la investigación porque, durante decenas de registros en talleres de propietarios chinos que llevaron a los fiscales de Milán a solicitar o imponer administración judicial a seis compañías, la policía también encontró prendas y documentos de subcontratación relacionados con estas otras firmas.

La operación, realizada ayer, fue dirigida por la unidad laboral de los Carabinieri en Milán, con apoyo de oficiales en las ciudades de Florencia, Parma y Varese.

Según los documentos judiciales, los fiscales no buscaron administración judicial para las 13 marcas porque solo se encontraron cantidades menores de sus productos en los talleres chinos inspeccionados. El propósito de las solicitudes es permitir a los fiscales evaluar hasta qué punto estas compañías estaban involucradas en el uso de mano de obra explotada y si sus modelos de cumplimiento y gobernanza son adecuados para prevenir abusos.

Una vez entregado el material solicitado, las 13 empresas podrán abordar por iniciativa propia cualquier problema identificado, ajustando sus modelos organizativos. Si no lo hacen, los fiscales de Milán se reservan el derecho de tomar medidas preventivas o cautelares adicionales.

Las investigaciones realizadas por magistrados italianos han expuesto una explotación generalizada de trabajadores en la cadena de suministro de la moda y el lujo. El ministro de Industria italiano, Adolfo Urso, declaró en octubre que el gobierno había presentado un proyecto de ley para crear una certificación legal de las empresas de moda. Bajo esta iniciativa, las marcas, incluidas las afectadas por acciones legales, podrían obtener una certificación preventiva por parte de terceros sobre el cumplimiento legal de sus cadenas de suministro.

"Con esta medida, será posible asegurar la cadena de suministro de la moda italiana, un motivo de orgullo para el 'Made in Italy', y proteger su reputación en todo el mundo", afirmó Urso.

Italia alberga miles de pequeños fabricantes que constituyen entre el 50% y el 55% de la producción mundial de bienes de lujo, según cálculos de la consultora Bain. En mayo, las marcas de moda italianas firmaron un acuerdo con autoridades legales y políticas para combatir la explotación laboral.

Las órdenes de producción de documentos enumeran una extensa serie de materiales que los fiscales quieren examinar, comenzando por documentación de gobernanza: extractos completos del registro de empresas, acuerdos de servicios interempresariales, organigramas corporativos, descripciones de puestos para el personal involucrado en la selección, gestión y monitoreo de proveedores, y actas de reuniones del consejo y auditores estatutarios desde 2023 hasta la fecha.

Luego se centran en los sistemas de control interno: procedimientos para acreditar y monitorear proveedores, y prácticas operativas e instrucciones sobre el seguimiento de contratistas. También solicitan evaluaciones de riesgos, modelos de organización, gestión y control, actas del órgano de supervisión, códigos de conducta, registros de denuncias y sanciones disciplinarias, así como registros de capacitación. Finalmente, examinan la actividad de auditoría: planes y hallazgos de la función de auditoría, listas de proveedores y subcontratistas, copias de contratos firmados con los talleres bajo investigación y sistemas de seguimiento de productos.

La situación ha generado preocupación en el gobierno italiano, que ha salido en defensa del sector. Según informa Nation.com.pk, el ministro Urso ha afirmado que la reputación de las marcas italianas está "bajo ataque" y ha propuesto un certificado para que las empresas de lujo demuestren que cumplen con la ley actual, una medida que los críticos han calificado de ineficaz, en parte porque es voluntaria y protegería indebidamente a las marcas de responsabilidad.

Las investigaciones han revelado una práctica casi omnipresente en la industria: las marcas subcontratan trabajo a proveedores, quienes a su vez contratan a otros, en medio de márgenes cada vez más ajustados y escasa supervisión de las condiciones laborales.

Deborah Lucchetti, coordinadora nacional de la Campaña Ropa Limpia en Italia, señaló que los proveedores "están a merced de las grandes marcas que imponen condiciones comerciales, comenzando con precios demasiado bajos para cubrir todos los costos". Esto, a su vez, alimenta un sistema en el que los proveedores de primer nivel recurren a subcontratistas, imponiendo términos cada vez más estrictos, lo que conduce a abusos laborales, principalmente contra migrantes. "Es una cadena de explotación", declaró a una agencia de noticias.

Los fiscales han señalado casos graves, como el de Tod's, cuyos mocasines de cuero pueden costar más de 1.000 dólares. Según los investigadores, la empresa y tres de sus ejecutivos tenían "pleno conocimiento" de la explotación en subcontratistas chinos pero no establecieron sistemas para prevenirla. Tod's supuestamente ignoró sus propias auditorías que revelaban violaciones de horarios laborales y salarios —con trabajadores que recibían tan solo 2,75 euros por hora—, incumplimientos de medidas de seguridad y lo que los fiscales calificaron como áreas para dormir "degradantes" dentro de la fábrica.

Las empresas afectadas hasta ahora han respondido de diversas maneras: cortando lazos con proveedores, condenando sus acciones o culpándolos por ocultar los abusos. Sin embargo, los defensores de los trabajadores señalan que el problema es sistémico y requiere cambios estructurales en la forma en que opera la industria del lujo italiana.