Libertad de prensa en América cae drásticamente y la mitad de los países enfrenta situación difícil o grave, según Reporteros Sin Fronteras

El deterioro de la libertad de prensa en América se ha acelerado de manera alarmante en los últimos cuatro años, según revela el Índice Mundial de Libertad de Prensa 2026 de Reporteros Sin Fronteras (RSF), publicado el 30 de abril en vísperas del Día Mundial de la Libertad de Prensa.

La región ha perdido 14 puntos en su puntuación desde 2022, un descenso comparable únicamente al registrado en las zonas más peligrosas del mundo para ejercer el periodismo: Medio Oriente y Europa del Este, según RSF.

El ranking anual evalúa 180 países y territorios en una escala de 0 a 100, donde 100 representa el nivel más alto posible de libertad de prensa. Con base en estas puntuaciones, RSF clasifica la situación en cada país como "buena", "satisfactoria", "problemática", "difícil" o "muy grave".

**Catorce países en situación crítica**

La mitad de los países de América se encuentran en una situación "difícil" o "muy grave" para la libertad de prensa, según el informe.

Nicaragua (puesto 168), Cuba (160), Venezuela (159), Perú (144) y El Salvador (143) ocupan las posiciones más bajas del continente dentro de la categoría "muy grave".

En la categoría "difícil" se encuentran Honduras (132), Guatemala (128), Ecuador (125), México (122), Haití (107), Colombia (102), Argentina (98), Bolivia (91) y Paraguay (88).

Por primera vez en la historia del índice, ningún país americano alcanzó la clasificación de "buena" libertad de prensa. Solamente cuatro países lograron la categoría "satisfactoria": Canadá (20), Jamaica (26), Surinam (34) y Costa Rica (38).

Incluso Costa Rica, donde las libertades de prensa y expresión son históricamente "muy respetadas", según RSF, cayó 30 posiciones en comparación con 2022.

**Violencia y persecución política**

"El continente se caracteriza por dos tendencias: un aumento de la violencia perpetrada por el crimen organizado y por fuerzas políticas", señala el análisis de RSF.

Seis países fueron particularmente responsables de la caída en la puntuación general del continente, según declaró a LatAm Journalism Review (LJR) Artur Romeu, director de la oficina de RSF para América Latina.

Estados Unidos (puesto 64) ha descendido 22 posiciones desde 2022 y 7 desde 2025. Argentina cayó 69 posiciones, Perú 67, Ecuador 57 y El Salvador 31, todas en comparación con 2022. En el caso de El Salvador, la caída alcanza 77 posiciones respecto al ranking de 2018, antes de que Nayib Bukele llegara al poder.

"Hemos caído 105 posiciones desde 2014. Una caída tan dramática no es ni un accidente ni una coincidencia", dijo a LJR Sergio Arauz, presidente de la Asociación de Periodistas de El Salvador (APES). "Es un reflejo fiel del hecho de que los Estados están convirtiendo la persecución de periodistas en política pública. Eso explica por qué, durante el último año, el dilema ha sido entre hacer algo distinto al periodismo o irse al exilio".

Arauz señaló que la situación de El Salvador no es única, sino que representa los retrocesos que enfrenta toda la región. "El llamado a nuestros colegas es organizarse y resistir, pero también cuidarse y protegerse", dijo. "En cuanto a los políticos, todo lo que podemos hacer es seguir insistiendo en que no confundan el mensaje con el mensajero".

**Crisis global sin precedentes**

América no está sola en este deterioro. Por primera vez en los 25 años que RSF ha compilado su Índice Mundial de Libertad de Prensa, más de la mitad de los países del mundo (52%) están clasificados en una situación "difícil" o "muy grave".

El ranking analiza el estado de la libertad de prensa a través de cinco indicadores: político, legal, económico, social y seguridad de los periodistas.

A nivel mundial, el indicador más afectado es el "legal", lo que según RSF demuestra la creciente criminalización del periodismo.

"¿Cuánto tiempo más toleraremos la asfixia del periodismo, la obstrucción sistemática de los reporteros y la continua erosión de la libertad de prensa?", cuestionó Anne Bocandé, directora editorial de RSF, en la introducción al informe 2026.

Bocandé planteó esta pregunta al considerar el futuro tras 25 años de análisis, porque "aunque los ataques al derecho a la información son más diversos y sofisticados, sus perpetradores ahora operan a plena vista". Desde estados autoritarios hasta políticos cómplices o ineficaces, así como actores económicos depredadores y plataformas "insuficientemente reguladas", todos comparten responsabilidad.

"Las cifras son impactantes. Está claro que estamos en el peor momento en términos de la puntuación promedio del grupo de países a nivel mundial", dijo Romeu.

La prensa enfrenta una crisis multidimensional en un mundo donde los modelos autoritarios se están afianzando, incluso dentro de democracias establecidas, empleando estrategias más sutiles de censura: incremento de campañas de propaganda y desinformación, así como restricciones al acceso a la información, entre otras medidas, según Romeu.

Las guerras y conflictos en gran parte del mundo, junto con una crisis económica exacerbada por las grandes plataformas tecnológicas, agravan aún más estos problemas.

"Vemos democracias consolidadas en todo el mundo que se han alineado con una dinámica de poder político en la que la polarización sistemática que involucra a los medios y periodistas se ha convertido en una estrategia para obtener ganancias electorales", dijo Romeu.

**Brasil: la excepción positiva**

Sin embargo, existe una señal positiva para la libertad de prensa en América, aunque limitada.

Por primera vez en 25 años, Brasil (puesto 52) se ubica por encima de Estados Unidos, registrando un ascenso de 58 posiciones en cuatro años. El país mejoró su puntuación en cuatro de los cinco indicadores.

Gran parte de esta mejora se explica por el cambio de gobierno, con una postura "radicalmente" diferente hacia la prensa, según Romeu.

"Estamos regresando a un escenario de normalidad democrática clásica, tradicional, ni siquiera cambios innovadores", dijo Romeu.

Este escenario crea un efecto dominó en otras entidades que refuerzan la transparencia, el acceso a la información y la independencia institucional. Iniciativas como el Observatorio sobre Violencia contra Periodistas y el reciente estándar nacional para investigar crímenes contra periodistas son esfuerzos destacables. Además, el último asesinato de un periodista en el país se registró en 2022.

Aunque el caso de Brasil es bastante positivo, Romeu señaló que no proviene de un cambio profundo. De hecho, el país se destaca negativamente por casos de acoso judicial, y el indicador social —que mide la confianza pública en la prensa, campañas de odio contra periodistas, pluralismo mediático y la percepción de autocensura sobre temas sensibles, entre otros factores— fue el único que no mejoró.

"Esto demuestra las 'tensiones' que aún existen en el país", dijo Romeu.

**El camino hacia la solución**

Uno de los factores vitales para lograr algún tipo de solución es superar la desconexión que existe entre la sociedad y el periodismo. Los poderes políticos han fomentado la desconfianza hacia los medios y periodistas mientras establecen canales más directos para difundir su propaganda, según Romeu.

Las plataformas tecnológicas han contribuido a este cambio en la forma en que se consume la información, creando burbujas que refuerzan sesgos y llevan a las personas a ver el periodismo como simplemente otra forma de opinión, en lugar de un ejercicio para comprender la realidad.

Los medios también son responsables, dijo Romeu, con su falta de transparencia, pluralidad e incluso iniciativas de alfabetización mediática.

Estos múltiples factores que afectan a la prensa crean, según Romeu, una especie de "tormenta perfecta".

"Y la verdad es que la única salida radica en reactivar la dimensión colectiva y social del derecho a la libertad de prensa", dijo.

Uno de los principales desafíos, agregó, es disipar la creencia de que la libertad de prensa es un derecho que pertenece a los periodistas o asociaciones profesionales, y asegurar en cambio que se entienda como un derecho de la ciudadanía. Enfatizar esta dimensión colectiva y social lograría involucrar a la sociedad en la lucha por garantizar la libertad de prensa.