Masacre en Guaviare deja 27 muertos y expone fracaso de la paz en Colombia

Los enfrentamientos entre las disidencias de las extintas FARC en el departamento de Guaviare han dejado al menos 27 víctimas mortales, según confirmó la Defensoría del Pueblo de Colombia tras una misión humanitaria para recuperar los cuerpos. Entre los fallecidos se encuentran cuatro menores de edad, de acuerdo con el informe de Medicina Legal divulgado este miércoles.

Los hechos ocurrieron en la vereda Kuwait, jurisdicción del municipio de El Retorno, donde las estructuras armadas comandadas por 'Calarcá Córdoba' e 'Iván Mordisco' se enfrentaron por el control territorial y las rutas del narcotráfico. Según el Ejército colombiano, los 26 cuerpos hallados sobre una carretera pertenecían al autodenominado Estado Mayor Central (EMC), la facción liderada por Mordisco.

Medicina Legal precisó que de los 26 cuerpos trasladados, 21 corresponden a hombres y cinco a mujeres, incluyendo tres menores de sexo femenino y un menor de sexo masculino. Dos de las víctimas aún no han sido plenamente identificadas.

La disidencia de Mordisco emitió un comunicado en el que aseguró, sin presentar pruebas, que sus combatientes no murieron en enfrentamientos sino que "fueron envenenados o sedados y luego asesinados con tiros de gracia", acusando además una supuesta alianza entre la estructura de Calarcá y la Brigada 22 del Ejército. El general Ricardo Roque, comandante de la Cuarta División del Ejército en Guaviare, negó estas acusaciones y afirmó que se está a la espera de los resultados forenses para determinar cómo ocurrieron los hechos.

La Defensoría del Pueblo emitió un comunicado el lunes pidiendo al Gobierno que eleve este hecho "con carácter urgente" a la mesa de diálogos de paz que mantiene con la facción de Calarcá, el autodenominado Estado Mayor de Bloques y Frente (EMBF), que sigue formalmente en negociaciones con el Gobierno de Gustavo Petro.

Kyle Johnson, investigador de Conflict Responses, explicó a Colombia+20 que el departamento de Guaviare es clave no solo por intereses económicos y militares, sino también por su peso en términos de bases sociales y posicionamiento político. "Estos hechos tienen como principal motivación la disputa por el control territorial, las rutas de movilidad y las economías ilícitas en el sur del departamento del Guaviare", señaló el Ejército en un comunicado.

Según la Fundación Paz y Reconciliación (Pares), desde veredas como Kuwait existen corredores estratégicos que conectan al Guaviare con Guainía y Caquetá, lo que convierte a esta zona en un lugar de inmejorables ventajas estratégicas para los grupos armados.

La magnitud de los hechos tomó por sorpresa a los analistas, ya que desde mediados del año pasado la intensidad del conflicto había disminuido en esta región. "No se registraban combates; había amenazas, pero los enfrentamientos eran mínimos", señaló Johnson.

El investigador también indicó que estos hechos confirman la crisis de la mesa de negociación con el EMBF: "Yo creo que puede ser una confirmación de que lo poco que existe de esa mesa de negociación con el EMBF —que es casi nada— está en su punto más crítico. En este momento, uno de los enfoques de Calarcá es la guerra".

La Defensoría del Pueblo había advertido sobre esta situación desde principios de 2025, cuando emitió su primera alerta temprana sobre la expansión de la confrontación armada entre las dos grandes sombrillas de disidencias en las regiones selváticas de la Amazonia colombiana. Los riesgos para la población civil, advertía entonces, eran extremos e inminentes.

Este no es el primer episodio de violencia entre estas facciones. A principios de 2025, enfrentamientos en la vereda de Miravalle, municipio de Calamar (Guaviare), dejaron 16 muertos, muchos de ellos adolescentes de 14 o 16 años, evidenciando las dinámicas de reclutamiento forzado que persisten en la región.

Paralelamente, en la región del Catatumbo, en el departamento de Norte de Santander, se vive otra crisis humanitaria de grandes proporciones. Según un informe de la Defensoría del Pueblo titulado "Catatumbo: Persistencia de la guerra y anhelos de paz", la confrontación entre el Ejército de Liberación Nacional (ELN) y el Frente 33 de las disidencias de las FARC se intensificó a partir del 16 de enero de 2025, dejando un saldo acumulado de 166 muertos y más de 100.000 desplazados.

De acuerdo con los datos del Registro Único de Víctimas (RUV) citados en el informe, 105.203 personas fueron reconocidas como víctimas directas del conflicto armado en el Catatumbo durante ese periodo. La mayor afectación correspondió al desplazamiento forzado, con 101.587 personas obligadas a abandonar sus hogares.

Además del desplazamiento, la Defensoría documentó 7.777 personas amenazadas de muerte y 3.772 ciudadanos sometidos a confinamiento, situación que les impidió salir de sus viviendas para acceder a alimentos, atención médica u otros servicios básicos.

"No llega la comida, no hay gas, las familias están confinadas", denunció la defensora del Pueblo, Iris Marín, luego de una visita en la que constató que los enfrentamientos han aislado pueblos y provocado nuevas oleadas de desplazamiento.

Carlos Negret, defensor del Pueblo entre 2016 y 2020, explicó que la Amazonía colombiana, y el Guaviare en particular, combina tres factores críticos: presencia débil del Estado, control territorial de actores armados y altos niveles de vulnerabilidad social de la niñez y la juventud rural.

"Tras la dejación de armas de las FARC, el territorio quedó expuesto a una disputa en la que los grupos armados no solo buscan controlar economías ilegales, sino asegurar su reproducción, y eso pasa inevitablemente por el reclutamiento de menores", subrayó Negret en diálogo con EL PAÍS. "Cuando en un territorio se cierran las escuelas, se restringe la vida comunitaria y no hay oportunidades reales para los jóvenes, el reclutamiento no es una anomalía: es una consecuencia", añadió.

El exdefensor también señaló que "el problema es que la respuesta estatal sigue siendo reactiva y fragmentada. Se actúa cuando el niño ya fue reclutado, cuando ya hay muertos, cuando la crisis estalla". Y concluyó: "No basta con presencia militar: los niños no se protegen con fusiles, se protegen con oportunidades. En términos simples: si el Estado no compite con los grupos armados en ofrecer sentido, pertenencia y futuro, pierde. Prevenir el reclutamiento es apagar el incendio antes de que prenda. Todo lo demás es llegar cuando ya es tarde".