Minería ilegal de oro y cárteles amenazan los compromisos climáticos de Brasil durante la COP30

La minería ilegal de oro, la deforestación y el tráfico transfronterizo han creado zonas sin ley que erosionan los esfuerzos de conservación y aceleran el deterioro ambiental a una escala imposible de ignorar, según revela un análisis reciente de la agencia de inteligencia brasileña, Abin, realizado en colaboración con el Foro Brasileño de Seguridad Pública.

El daño es evidente. Patrullas en helicóptero sobrevuelan paisajes donde la densa selva ha sido reemplazada por piscinas pálidas y contaminadas dejadas por la minería ilícita. Los árboles que antes se alzaban imponentes son talados para despejar espacio para los buscadores de oro, quienes utilizan mercurio para extraer el metal precioso del suelo y las rocas.

El Comando Vermelho (CV), uno de los sindicatos criminales más poderosos de Brasil, se encuentra ahora en el centro de estas actividades, controlando rutas de suministro de oro, madera y drogas en grandes secciones de la Amazonía. El informe de inteligencia identifica la minería ilegal, el tráfico organizado y el contrabando de personas como las amenazas más graves para la estabilidad ecológica de la región.

La convergencia de una débil presencia estatal, extensas fronteras porosas y el aumento de los precios internacionales de las materias primas ha creado un terreno fértil para la expansión criminal. En al menos 260 municipios, facciones como el CV ejercen algún grado de influencia, con aproximadamente la mitad de esas áreas efectivamente bajo su control.

Incluso Belém, la ciudad anfitriona de la COP30, no está aislada de esta realidad. Según reporta DW, investigaciones de medios locales revelan que equipos de construcción que trabajaban en una importante subestación eléctrica recibieron órdenes de detener sus labores cada tarde tras recibir amenazas vinculadas al CV. Esta intimidación llevó a las autoridades federales a reforzar la seguridad alrededor de la infraestructura energética.

Los residentes de varios barrios afirman que la vida diaria no está regida por regulaciones municipales sino por instrucciones circuladas a través de mensajes de WhatsApp de líderes de pandillas. Comerciantes describen el pago de cuotas de protección; otros hablan de un código de silencio que suprime las quejas y protege la actividad criminal.

Estas dinámicas son relevantes para la política climática porque interrumpen las instituciones destinadas a hacer cumplir las normas ambientales, regular el uso de la tierra y apoyar a las comunidades que enfrentan riesgos climáticos. Cuando grupos armados ocupan el vacío, las agencias gubernamentales no pueden gestionar los bosques ni hacer cumplir las zonas de conservación. La deforestación se acelera, los ríos se contaminan y las poblaciones locales pierden vías seguras y legales para ganarse la vida.

Las raíces de la expansión del CV se remontan a más de una década. Antes de la Copa Mundial de 2014 y los Juegos Olímpicos de 2016, las autoridades brasileñas lanzaron un importante esfuerzo policial en las favelas de Río de Janeiro, desplegando unidades diseñadas para estabilizar barrios dominados durante mucho tiempo por pandillas de narcotraficantes. Si bien la estrategia redujo la violencia en esos distritos, muchos líderes de pandillas y soldados rasos se dispersaron, trasladándose a regiones con menor supervisión. La Amazonía ofrecía tanto oportunidades lucrativas como una presencia estatal mínima. Según funcionarios de inteligencia, el crecimiento de la red en la región alcanzó su punto máximo en 2024.

La historia de la organización se extiende aún más. Nacido en la década de 1970 dentro de una de las prisiones más notorias de Brasil, el CV evolucionó de una alianza de reclusos a una extensa empresa criminal activa en toda América Latina. Hoy, su influencia abarca el comercio de cocaína, la minería ilegal, la tala y las redes de contrabando, una diversificación que le otorga resiliencia financiera y movilidad estratégica. Los legisladores brasileños, alarmados por la escala de su alcance, han lanzado una comisión parlamentaria para investigar cómo las redes criminales han penetrado en las instituciones políticas y sociales.

El momento de esta crisis no podría ser más preocupante. Los científicos advierten que partes de la Amazonía podrían estar acercándose a un punto de inflexión ecológico más allá del cual grandes extensiones de bosque podrían tener dificultades para regenerarse. La minería ilegal acelera esta trayectoria. La contaminación por mercurio ingresa a los ríos, envenenando las poblaciones de peces y afectando a las comunidades que dependen de ellos. La deforestación asociada con el crimen organizado contribuye al aumento de las emisiones de carbono que socavan el progreso global hacia los objetivos climáticos. En ausencia de una gobernanza efectiva, las economías criminales pueden borrar los avances logrados por los programas de conservación y la financiación climática.

Estos desafíos resuenan mucho más allá de Brasil. Los países con extensa cobertura forestal o regiones remotas ricas en minerales a menudo enfrentan presiones similares. En lugares donde el alcance del estado es limitado, prosperan la extracción ilícita, la tala ilegal y el tráfico transfronterizo. Las autoridades locales que intentan hacer cumplir las regulaciones ambientales se encuentran superadas por grupos con recursos más profundos y mayor movilidad.

La experiencia de Belém ilustra cuán rápidamente la actividad criminal puede intersectarse con la acción climática. Incluso mientras los diplomáticos debatían el futuro de los objetivos globales de adaptación, la ciudad que los acogía estaba lidiando con amenazas a su red eléctrica por parte de un sindicato cuyas operaciones socavan directamente la estabilidad ambiental. Es un recordatorio de que las negociaciones climáticas no pueden existir aisladas de los fracasos de gobernanza que debilitan los ecosistemas sobre el terreno.

Para África, los paralelos son directos. La Cuenca del Congo, el segundo bosque tropical más grande del mundo, pierde más de 1,3 millones de hectáreas anualmente, siendo la tala ilegal responsable de una parte importante de la disminución. Los delitos contra la vida silvestre en África Oriental y Meridional cuestan a los gobiernos entre 7 y 12 mil millones de dólares al año, debilitando los presupuestos de conservación y socavando los medios de vida rurales. En África Occidental, la pesca ilícita ha agotado las poblaciones locales, amenazando la seguridad alimentaria de millones de personas.

Muchos países africanos que ingresan a las negociaciones de la COP30 argumentan que la financiación climática no puede tener éxito sin enfrentar estas economías criminales. Las agencias locales de aplicación de la ley a menudo carecen de los recursos para vigilar bosques y vías fluviales remotas. En la RDC y la RCA, por ejemplo, las patrullas de conservación enfrentan grupos armados que se benefician de la extracción de madera y minerales. En Liberia y Sierra Leona, los oficiales fronterizos luchan por rastrear el flujo de oro comercializado ilegalmente que sale de la región a través de canales informales.

El gobierno de Brasil ha respondido con mayores despliegues de seguridad durante la COP30, reflejando operaciones montadas durante las cumbres del G20 y BRICS. Pero el progreso a largo plazo dependerá de reconstruir la presencia estatal en áreas donde las facciones criminales operan con casi total autonomía. Sin eso, las estrategias de conservación siguen siendo frágiles, la financiación climática se filtra hacia economías ilícitas y las comunidades siguen siendo vulnerables a la explotación.

Lo que está sucediendo en la Amazonía es una advertencia sobre lo que ocurre cuando la protección ambiental queda indefensa. Las redes criminales se adaptan más rápido que la mayoría de las instituciones y prosperan en regiones donde la supervisión es escasa. Sus operaciones dan forma al uso de la tierra, alteran los sistemas fluviales y desestabilizan a las comunidades mucho más rápido de lo que las discusiones políticas pueden responder.

Mientras tanto, en China, el descubrimiento de una mina de oro valorada en 192 mil millones de dólares muestra el contraste entre la minería legal e ilegal. La mina Dadonggou, ubicada en la provincia de Liaoning en el noreste de China, ha producido aproximadamente 2,9 mil millones de toneladas de mineral que contienen más de 498 toneladas (996.000 libras) de oro puro, según informa AOL. Este hallazgo, el más grande en China desde 1949, se produjo después de que casi mil empleados gubernamentales exploraran y perforaran durante 15 meses como parte de un proyecto destinado a desarrollar la mina.

En otro desarrollo relacionado con el crimen organizado en América Latina, Wilmer Geovanny Chavarría Barré, conocido como "Pipo", el presunto líder de la banda de narcotráfico Los Lobos – la organización criminal más poderosa y violenta de Ecuador – ha sido arrestado en España, según anunció el presidente ecuatoriano Daniel Noboa el domingo. "Hoy capturamos a 'Pipo' Chavarría, el criminal más buscado de la región y máximo líder de Los Lobos", publicó el presidente Noboa en su cuenta oficial de X, según informa CNN en Español.

Chavarría es acusado de orquestar asesinatos, controlar operaciones ilegales de minería de oro y traficar narcóticos en colaboración con el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) de México. Noboa dijo que el líder de la banda había "fingido su muerte, cambiado su identidad y se escondió en Europa mientras continuaba dirigiendo operaciones criminales en Ecuador".

Los Lobos – designada como organización terrorista extranjera por Estados Unidos en septiembre de 2024 – ha sido vinculada al narcotráfico, la minería ilegal de oro y el apoyo armado al CJNG para asegurar rutas clave de cocaína, particularmente en la ciudad portuaria de Guayaquil. El Departamento del Tesoro de EE.UU. sancionó al grupo en junio de 2024, afirmando que tenía "miles de miembros" y era un importante impulsor de la escalada de violencia en Ecuador.

A medida que la COP30 entra en su fase final, los eventos en Belém subrayan una realidad crítica: los objetivos climáticos no pueden alcanzarse si los actores criminales continúan dictando el futuro de los ecosistemas más importantes del mundo. La lección de Belém no se trata simplemente de los problemas de seguridad interna de Brasil, sino de comprender cómo las redes criminales se han convertido en parte de la historia climática. Dan forma a los patrones de uso de la tierra, alimentan la deforestación, distorsionan los mercados de recursos y complican cada intento de construir economías sostenibles.