Myanmar reduce condena a Aung San Suu Kyi y libera a expresidente en amnistía a 4.514 presos

El régimen militar de Myanmar anunció este viernes la reducción de la condena de cárcel que cumple Aung San Suu Kyi, exlíder del país y ganadora del Nobel de la Paz en 1991, según informó su abogado a la agencia Reuters. La pena de Suu Kyi, de 80 años, fue rebajada en un sexto, pasando de 27 años a aproximadamente 22 años y medio de prisión, equivalente a una reducción de cuatro años y medio.

La medida forma parte de una amnistía general que benefició a 4.514 presos, según informó la televisión estatal birmana. De ellos, 4.335 son ciudadanos birmanos y 179 extranjeros, según El País. El abogado de Suu Kyi señaló que aún no está claro si se le permitirá cumplir el resto de la condena bajo arresto domiciliario.

Entre los liberados se encuentra el expresidente Win Myint, aliado de Suu Kyi, quien había sido condenado a 12 años de prisión tras el golpe de Estado de febrero de 2021, según medios birmanos controlados por el Ejército. La Presidencia birmana publicó un decreto especificando que Win Myint, quien cumplía su sentencia en la prisión de Taungoo, fue uno de los beneficiarios de la amnistía, según Infobae.

La amnistía, la tercera de este tipo en los últimos seis meses según El País, fue aprobada por el general Min Aung Hlaing con motivo del Año Nuevo budista. Las amnistías suelen concederse en Myanmar cada año para conmemorar el Día de la Independencia en enero y el Año Nuevo en abril. Además de las liberaciones, la medida incluye la conmutación de sentencias de muerte a cadena perpetua y de cadena perpetua a 40 años, así como reducciones de una sexta parte de las penas para otros presos.

Min Aung Hlaing llegó al poder el 1 de febrero de 2021 mediante un golpe militar que depuso al Gobierno elegido democráticamente que lideraba Suu Kyi, sumiendo a Myanmar en el caos. El pasado 3 de abril, tras elecciones celebradas entre diciembre y enero sin participación de la oposición, el militar fue nombrado presidente por un Parlamento dominado por los militares. Hace una semana juró el cargo en una ceremonia que declaró disuelta la junta castrense.

Suu Kyi ejercía en 2021 el cargo de consejera de Estado, equivalente a primera ministra o jefa de Gobierno. Fue condenada por diferentes delitos, incluidos corrupción, fraude electoral y violación de la ley de secretos de Estado, que según sus partidarios obedecían únicamente al intento de mantenerla alejada del poder. La política y activista birmana ya había pasado más de 15 años privada de libertad por la anterior junta birmana que gobernó el país entre 1962 y 2011.

No ha sido vista en público desde diciembre de 2022. Kim Aris, su hijo menor, dijo el pasado febrero que apenas saben de ella, pues "se le niega el acceso a su familia, abogados, médicos y al mundo exterior", según El País.

Suu Kyi fue condenada inicialmente a 33 años de prisión, sentencia que se redujo posteriormente a 27 años, después de una sucesión de procesos judiciales carentes de garantías judiciales, según han denunciado diferentes organizaciones de derechos humanos.

La Asociación de Asistencia a Presos Políticos, una organización birmana de derechos humanos, calcula que más de 30.000 personas han sido detenidas por cargos políticos desde el golpe de Estado hace cinco años. Más de 14.300 personas estaban encarceladas por motivos políticos hasta ahora, de acuerdo con esa organización. Además de Suu Kyi y el expresidente Win Myint, muchos militantes de su partido, la Liga Nacional para la Democracia (LND), han sido arrestados, así como manifestantes e integrantes de milicias que se opusieron a la junta militar.

Win Myint fue presidente de la Cámara de Representantes de Birmania desde 2016 a 2018, cuando fue nombrado presidente del país. Durante ese periodo, Suu Kyi era la jefa de Estado de facto como consejera de Estado, debido a que la Constitución le impedía ocupar la Presidencia por una cláusula que priva de este cargo a cualquier persona cuyo cónyuge o hijos sean de nacionalidad extranjera, según Infobae.

La Nobel de la Paz lideró durante dos décadas el movimiento democrático que surgió contra la dictadura que gobernó Birmania durante medio siglo. En 2016 su partido, la LND, ganó las elecciones y ella fue nombrada consejera de Estado, líder del Gobierno. En noviembre de 2020 la LND revalidó esa victoria. Pero apenas unos meses después, el 1 de febrero de 2021, el ejército birmano declaró fraudulentos los resultados de los comicios y Suu Kyi fue detenida junto con otros líderes del partido gobernante. Desde entonces ha estado en prisión o en arresto domiciliario.

Su detención provocó que cientos de miles de personas salieran a las calles de Myanmar. La respuesta militar fue inmediata: las fuerzas de seguridad dispararon contra manifestantes desarmados y detuvieron a miles de opositores, lo que acabó empujando a parte del movimiento prodemocrático a organizarse en milicias armadas en los meses posteriores, según El País.

Ampliamente respetada por la comunidad internacional por su lucha de décadas por la democracia en Myanmar, la política y activista había perdido parte de ese crédito por su silencio sobre la persecución de la minoría musulmana rohinyá en el país.

Myanmar, una nación que ronda los 55 millones de habitantes, está sumida en una profunda crisis que combina guerra civil, colapso institucional y deterioro económico. Naciones Unidas calcula que más de 3,5 millones de personas se han visto obligadas a desplazarse de sus hogares y que más de un tercio de la población necesita ayuda humanitaria. La inestabilidad política y la violencia han generado una drástica caída de la inversión extranjera directa y la moneda se ha depreciado, lo que también ha provocado una grave crisis financiera.

La junta militar ha lanzado una dura campaña de represión desde el golpe, a lo que se ha sumado un repunte de los enfrentamientos entre el Ejército y diversos grupos rebeldes en varios estados del país, especialmente en zonas del noreste cerca de la frontera con China y en el estado de Rajine, en el oeste, según Infobae.