El gobierno nigeriano graduó a 744 exmiembros de Boko Haram de su programa de desradicalización Operación Corredor Seguro, generando indignación entre víctimas del terrorismo que denuncian falta de justicia y compensación. Las comunidades del noreste del país, especialmente en el estado de Borno, rechazan la reintegración de quienes las atacaron mientras miles de desplazados permanecen en campos sin apoyo gubernamental.