El gobierno nigeriano graduó a 744 exmiembros de Boko Haram de su programa de desradicalización Operación Corredor Seguro, generando indignación entre víctimas del terrorismo que denuncian falta de justicia y compensación. Las comunidades del noreste del país, especialmente en el estado de Borno, rechazan la reintegración de quienes las atacaron mientras miles de desplazados permanecen en campos sin apoyo gubernamental.
El gobierno federal de Nigeria completó la graduación de 744 personas identificadas como exmiembros arrepentidos de Boko Haram bajo su programa de Desradicalización, Rehabilitación y Reintegración en el campamento de Operación Corredor Seguro en el estado de Gombe, según informó el Jefe del Estado Mayor de Defensa, general Olufemi Oluyede.
La mayoría de los participantes provienen del estado de Borno (597), seguido por Yobe (58), Kano (15), Bauchi (12) y Adamawa (10), según datos oficiales. El grupo también incluye ciudadanos extranjeros: cuatro de Níger, dos de Chad, y uno cada uno de Burkina Faso y Camerún.
El general Oluyede defendió el programa como un esfuerzo estratégico para abordar las causas fundamentales de la insurgencia, enfatizando que no se trata de una amnistía sino de una medida para reducir la reincidencia y frenar el reclutamiento extremista. "Esto no es una recompensa sino un enfoque deliberado para reducir la violencia, debilitar las redes de reclutamiento y fomentar la estabilidad a largo plazo", dijo.
El coordinador de Operación Corredor Seguro, general de brigada Yusuf Ali, explicó que los participantes pasaron por apoyo psicosocial, capacitación vocacional y programas de reorientación para prepararlos para la reintegración. Describió el proceso como una responsabilidad colectiva que requiere apoyo del gobierno, las comunidades y las familias.
Operación Corredor Seguro fue lanzada en 2016 por la administración del entonces presidente Muhammadu Buhari para facilitar la rehabilitación de exinsurgentes. Más de 2.000 individuos han pasado por la iniciativa, según autoridades nigerianas. Los funcionarios afirman que solo aquellos evaluados como de "bajo riesgo" son liberados de vuelta a la sociedad.
Según un documento de investigación del Instituto de Estudios de Seguridad, más de 160.000 personas han abandonado Boko Haram e ISWAP, con más de 100.000 combatientes y sus familias, además de 6.900 menores que se rindieron incondicionalmente desde que comenzó el programa.
El estado de Borno desarrolló su propio enfoque conocido como "El Modelo Borno", bajo el gobernador Babagana Zulum. A diferencia del sistema militar basado en campamentos, este modelo es fundamentalmente centrado en la comunidad, operando bajo la premisa de que una porción significativa de quienes se unieron a Boko Haram fueron reclutados por la fuerza, coaccionados o impulsados por la pobreza en lugar de la ideología.
Sin embargo, la política ha generado un rechazo generalizado entre las comunidades afectadas por la violencia extremista. Muhammad Sharif, residente del estado de Borno, dijo a DW que la idea de vivir junto a excombatientes es muy inquietante. "Si perdonas a alguien y quieres integrarlo, llévalo a otro gobierno local donde las personas ofendidas no vean a esa persona en su medio. No nos traerán paz", declaró.
Abraham Philip, otro residente, señaló que las comunidades todavía están lidiando con el trauma mientras el gobierno avanza con el programa. "Sí, la paz está teniendo lugar también, pero la destrucción también está teniendo lugar", dijo a DW, haciendo referencia a ataques recientes, incluidos los atentados en el mercado Monday Market, la oficina de correos y el Hospital Universitario de Maiduguri.
Usman Abubakar, residente de Maiduguri, cuestionó si los excombatientes han cambiado verdaderamente. "En principio, es una muy buena idea", dijo, pero agregó: "Hemos tenido casos donde Boko Haram arrepentidos amenazaron con volver a los arbustos cuando las promesas que el gobierno estatal les hizo no se cumplieron. Por eso no quiero llamarlos arrepentidos. Quiero llamarlos rendidos porque no puedes ver su mente".
Las víctimas del terrorismo expresan profunda frustración ante la falta de justicia y compensación. Bakura Modu, quien perdió a sus padres y tres hermanos en el ataque de Bama en 2014, dijo: "Solo Dios nos recompensará por lo que hemos pasado". Bakura escapó del ataque y llegó a Maiduguri, donde ahora lucha por sobrevivir sin apoyo gubernamental. "El gobierno ha hecho mucho en reasentar personas y construir casas, pero no todas las víctimas de la insurgencia fueron incluidas", declaró.
Ya Kaltum Bukar, de 58 años, perdió a su esposo y seis de sus hijos a manos de insurgentes de Boko Haram. "Vinieron durante el Ramadán en 2012 y mataron a mi esposo y tres de mis hijos biológicos, y después de dos semanas, regresaron y dispararon a tres más", relató. Ahora lucha por sobrevivir con complicaciones de salud y sin compensación.
El abogado Ahmed Abubakar dijo a DW que la reintegración plantea serias preguntas sobre la justicia para las víctimas. "Aquellos que han sido afectados negativamente por las actividades de estos terroristas necesitan restitución", declaró, cuestionando por qué los excombatientes están siendo rehabilitados mientras muchas víctimas siguen desplazadas. "Algunas de las víctimas todavía están en campos de desplazados internos. Algunos han perdido sus hogares y no están recibiendo ninguna forma de justicia", afirmó.
El abogado Abba Kyari Muhammad señaló que el Modelo Borno no se adhiere estrictamente al modelo estándar de justicia transicional. "El modelo se enfoca en gran medida en desarmar insurgentes, rehabilitarlos y reintegrarlos de vuelta a la sociedad, mientras descuida otros componentes centrales de la justicia transicional, incluidos el enjuiciamiento, la búsqueda de la verdad, la reparación y las reformas institucionales", declaró.
Barr. Kyari, quien perdió a su madre a manos de insurgentes en 2013, afirmó: "No puedo recordar haber encontrado ninguna forma de compensación a víctimas, reparación o incluso disculpa a quienes perdieron a sus seres queridos. La evidencia disponible sugiere que las personas desplazadas internamente, que son las verdaderas víctimas, están en gran medida abandonadas, mientras que los miembros arrepentidos de Boko Haram están alojados, vestidos y bien atendidos en instalaciones gubernamentales".
Una investigación del Instituto de Estudios de Seguridad encontró falta de financiamiento adecuado para el programa. "El Modelo Borno enfrenta desafíos persistentes, especialmente en proporcionar suficiente apoyo económico a los desertores una vez que abandonan el campamento", señala el documento. Muchos exmiembros de Boko Haram entrevistados en marzo y junio de 2025 dijeron que dejaron el grupo con pocas habilidades empleables, poco capital inicial y sin herramientas para comenzar un sustento. El estado proporciona un pago único de 100.000 nairas (aproximadamente 67 dólares), pero esto no es suficiente para reiniciar una vida después de años en el monte, según el informe.
Samuel Orahii, coordinador de reintegración en Allamin Foundation for Peace and Development, una organización líder que trabaja con el gobierno en participación comunitaria y reintegración, señaló que se ha logrado mucho éxito y que la normalidad casi se ha sostenido. Sobre el Modelo Borno, afirmó que "es más una justicia tradicional, ya que las comunidades están involucradas".
Sin embargo, persisten dudas sobre si el programa ha traído paz. A pesar de la rehabilitación sostenida, las comunidades reasentadas y los medios de vida restaurados, sigue siendo debatible si la reintegración de excombatientes ha traído paz. Un rastreador de HumAngle del último trimestre de 2025 indicó que el estado de Borno experimentó el mayor número de secuestros, con más de 161 personas en un total de 31 incidentes. "Se experimentaron un total de 116 incidentes con víctimas mortales", señaló el informe. Según fuentes entrevistadas por HumAngle, el grupo ha recaudado más de 1.000 millones de nairas a través de estas operaciones.
Yerwa Express News reportó recientemente el secuestro de siete pescadores de Doron Baga en el área de gobierno local de Kukawa en el estado de Borno por presuntos insurgentes de Boko Haram, con una demanda de rescate de 30 millones de nairas.
Fuera de las zonas de conflicto, la opinión pública nigeriana permanece dividida. En Abuja, la funcionaria pública Hauwa Ajeje dijo a DW: "Va a ser un ciclo vicioso. Estaremos reciclando a los mismos individuos". Raphael Ogbaji, estudiante de la Universidad de Abuja, tuvo una perspectiva más optimista: "Si han elegido el camino de la paz y el camino del arrepentimiento, ¿por qué no darles el beneficio de la duda? Todo ser humano puede cambiar".
El presidente nacional del Consejo de Jóvenes del Norte de Nigeria, Isah Abubakar, se opuso firmemente a la política. "Priorizar la rehabilitación y reintegración de excombatientes sin la correspondiente justicia y compensación para las víctimas socava la confianza y podría empeorar la inseguridad", declaró en un comunicado. "La paz sostenible solo puede lograrse cuando el bienestar y los derechos de las víctimas reciben igual prioridad junto con cualquier esfuerzo de reconciliación".
El presidente nacional del Foro del Cinturón Medio, Dr. Bitrus Pogu, declaró: "Soy uno de los que no está de acuerdo con esa política. ¿Por qué no vamos y conseguimos ladrones armados y también decimos que están desradicalizados, y luego los traemos a la sociedad? ¿Por qué estos criminales, que son asesinos no provocados, que matan a agricultores inocentes, nigerianos inocentes a voluntad, nigerianos desarmados agraviados, están siendo tratados como si fueran seres humanos especiales? Desafortunadamente, este país no se rige por estándares iguales para todas las personas".
Un oficial de policía retirado de alto rango, que habló de forma anónima, dijo: "Es triste que el mismo ejército que ha perdido miles de soldados y oficiales sea el que describe el ejercicio como una intervención estratégica para desmantelar el extremismo y no puede ver que es una estratagema para que los insurgentes recopilen inteligencia, infiltren agencias de seguridad y escapen de la justicia".
La insurgencia de Boko Haram ha cobrado miles de vidas y desplazado a millones desde 2009 en el noreste de Nigeria. El debate sobre cómo manejar a los excombatientes continúa dividiendo a la sociedad nigeriana entre quienes ven la reintegración como necesaria para la paz sostenible y quienes la consideran una traición a las víctimas que aún esperan justicia.