Nueva York prohíbe el uso de historiales crediticios en la mayoría de decisiones laborales

La nueva normativa, que modifica la Ley de Informes Crediticios Justos del Estado de Nueva York, busca reducir la discriminación y la dependencia de información crediticia potencialmente inexacta o irrelevante en los procesos de contratación y gestión laboral, según indica el texto legislativo.

La ley define el "historial crediticio del consumidor" como la solvencia crediticia, situación crediticia, capacidad crediticia o historial de pagos de un individuo, ya sea indicado por un informe crediticio, una puntuación crediticia o información obtenida directamente del individuo sobre sus cuentas de crédito, deudas, quiebras, sentencias o gravámenes.

Según la firma legal Paul Hastings LLP, la nueva legislación estatal es prácticamente idéntica a la ley que la ciudad de Nueva York implementó en 2015, conocida como Ley para Detener la Discriminación Crediticia en el Empleo, lo que aportará uniformidad en todo el estado.

La prohibición establece que será una práctica discriminatoria ilegal que un empleador, organización laboral, agencia de empleo o cualquier agente de estos solicite o utilice el historial crediticio de un solicitante o empleado para fines laborales, incluidas decisiones que afecten la contratación, compensación u otros términos y condiciones de empleo.

No obstante, la ley contempla ocho categorías de excepciones específicas donde los empleadores podrán seguir solicitando y utilizando información crediticia:

- Posiciones en las que la ley estatal o federal requiera el uso del historial crediticio.
- Personas que soliciten o estén empleadas como oficiales de policía o en puestos con funciones de aplicación de la ley o investigativas.
- Puestos sujetos a investigación de antecedentes por una agencia estatal, siempre que sea un cargo designado con un alto grado de confianza pública.
- Posiciones en las que se requiera que el empleado esté bajo fianza según la ley estatal o federal.
- Puestos que requieran autorización de seguridad federal o estatal.
- Posiciones no administrativas con acceso regular a secretos comerciales, información de inteligencia o seguridad nacional.
- Cargos con autoridad de firma sobre fondos o activos de terceros valorados en diez mil dólares o más, o que impliquen responsabilidad fiduciaria con autoridad para celebrar acuerdos financieros por el mismo valor en nombre del empleador.
- Posiciones con deberes regulares que permitan al empleado modificar sistemas de seguridad digital establecidos para prevenir el uso no autorizado de las redes o bases de datos del empleador o cliente.

La ley define específicamente los "secretos comerciales" como información que: (i) deriva valor económico independiente de no ser generalmente conocida ni fácilmente verificable; (ii) es objeto de esfuerzos para mantener su secreto; y (iii) puede razonablemente considerarse como el producto final de una innovación significativa.

Según el bufete de abogados Paul Hastings LLP, esta nueva ley estatal alinea a Nueva York con casi una docena de otras jurisdicciones que prohíben el uso del historial crediticio para fines de empleo, como California, Illinois, Maryland y Oregón.

La legislación no anula la ley de la ciudad de Nueva York y aclara que los solicitantes y empleados deben recibir las protecciones más amplias disponibles bajo todas las leyes aplicables.

Los expertos legales recomiendan que los empleadores de Nueva York actúen ahora para prepararse para cumplir con los nuevos requisitos antes de la fecha de entrada en vigor. Las acciones clave incluyen:

- Suspender las verificaciones crediticias rutinarias para solicitantes de empleo y empleados actuales donde no sean explícitamente requeridas por el puesto.
- Identificar roles que puedan caer dentro de las categorías de exención.
- Actualizar las políticas y procedimientos internos de contratación.
- Capacitar al personal de recursos humanos, gerentes de contratación y otros empleados involucrados en el proceso de reclutamiento y promoción sobre las nuevas restricciones.

La gobernadora Hochul ha indicado que se anticipan "revisiones técnicas para mayor claridad" antes de que comience la aplicación de la ley, aunque los principios fundamentales de la prohibición permanecerán intactos.