Ortega y Murillo imponen declaración patrimonial obligatoria a todos los empleados públicos de Nicaragua
El régimen sandinista de Daniel Ortega y Rosario Murillo ha ordenado a todos los trabajadores estatales presentar un informe detallado de su patrimonio personal antes del 25 de noviembre de 2025, en una medida que los empleados públicos perciben como una nueva herramienta de control y vigilancia.
El gobierno nicaragüense ha emitido una circular que obliga a todos los trabajadores estatales a reportar información financiera exhaustiva, incluyendo propiedades, vehículos, cuentas bancarias y préstamos, no solo de los empleados sino también de sus cónyuges e hijos menores de edad.
Abigail, una doctora con 28 años de servicio en el Ministerio de Salud (Minsa), describe la medida como un mecanismo de control total. "Es un afán de tenerlos controlados por todos lados", señala la profesional, quien solicita anonimato por temor a represalias.
La circular, emitida por José Humberto Murillo Aguilar, director general de Recursos Humanos, establece un plazo límite para la presentación de estos informes patrimoniales. Aunque la Ley 438 de Probidad originalmente restringía esta obligación a empleados de alto rango, ahora se ha extendido a todos los trabajadores estatales.
Según el exfuncionario judicial Yader Morazán, esta medida se suma a una estrategia más amplia de vigilancia y represión. "El régimen ha perseguido los bienes de organizaciones no gubernamentales, disidentes políticos y opositores. Ahora amenazan a los empleados públicos con que, cualquier movimiento en falso, irán tras sus bienes o los de su familia", advierte Morazán desde el exilio.
Los trabajadores deben proporcionar detalles específicos, incluyendo números de registro de propiedades, datos de vehículos, números de cuentas bancarias y referencias de préstamos. Aunque la circular no especifica sanciones explícitas, los empleados públicos perciben la desobediencia como un riesgo para su empleo y seguridad personal.
Esta medida se suma a otras acciones de control implementadas por el régimen, como una "ficha única de registro" implementada a finales de 2023 que solicitaba información personal detallada, incluyendo historial laboral, redes sociales y antecedentes académicos.
Para muchos trabajadores como Abigail, esta nueva disposición representa otra vuelta de tuerca en el control sistemático ejercido por el gobierno de Ortega y Murillo. "El trabajador público es rehén de este sistema", resume la doctora, reflejando el sentimiento de indefensión entre los empleados estatales.
