El Gobierno de Pakistán descartó este sábado cualquier posibilidad de diálogo con el régimen talibán afgano, apenas 24 horas después de que Kabul ofreciera una salida diplomática a la escalada bélica entre ambos países. Las autoridades paquistaníes cifran en 331 los combatientes talibanes muertos durante la operación militar en curso, mientras declaran estado de alerta máxima ante amenazas de atentados suicidas como represalia.
"No hay diálogo. No hay negociación. El terrorismo desde Afganistán tiene que terminar", declaró Mosharraf Zaidi, portavoz del primer ministro paquistaní para medios extranjeros, en declaraciones a la televisión estatal PTV, según reportó El País.
El Gobierno paquistaní declaró este sábado el estado de alerta máxima y ordenó el cierre preventivo de centros educativos en varias zonas por amenazas de atentados suicidas como represalia a su ofensiva contra los talibanes, según las fuentes consultadas.
"Pakistán está en alerta máxima tras las amenazas de los talibanes de que pueden llevar a cabo ataques dentro del país. Además, Pakistán está en guerra con Afganistán, por lo que nuestras agencias del orden, nuestra policía, nuestro ejército, todos están en máxima alerta dada la situación", declaró a la agencia EFE un responsable de seguridad bajo condición de anonimato.
El ministro de Información paquistaní, Attaullah Tarar, hizo público este sábado un recuento oficial de la operación Ghazb lil Haq, que se traduce como Ira por la Verdad. Según sus datos, en la ofensiva han muerto 331 combatientes talibanes, y las fuerzas paquistaníes han destruido 163 vehículos blindados, bombardeado 37 posiciones y capturado 22 puestos avanzados en territorio afgano, según informó El País.
Las autoridades paquistaníes también han cifrado en cientos los heridos durante las incursiones de los últimos días, según las mismas fuentes.
Por su parte, el Ministerio de Defensa del Gobierno de los talibanes aseguró este sábado que su fuerza aérea llevó a cabo una serie de bombardeos nocturnos contra instalaciones militares paquistaníes en las zonas de Miranshah y Spinwam. El mando militar de Pakistán no ha reconocido hasta el momento bajas ni daños de consideración en sus instalaciones tras las incursiones de los talibanes, según El País.
La opacidad informativa en la zona del conflicto ha dificultado una estimación precisa de la letalidad de los ataques, ya que ninguna de las partes ha facilitado datos verificables ni ha permitido el acceso de observadores independientes a las áreas bombardeadas, según las fuentes.
La negativa de Pakistán a dialogar con Afganistán coincide con un cruce de ataques a lo largo de la Línea Durand, la frontera de facto entre ambos países, y cuenta con el respaldo diplomático de Estados Unidos, que defendió el derecho de Islamabad a proteger su territorio, según reportó El País.
El principal portavoz del Gobierno talibán, Zabihullah Mujahid, aseguró el viernes en rueda de prensa que su Administración estaba "abierta a resolver las tensiones" mediante la vía política. Ante la escalada, el ministro de Exteriores afgano, Amir Khan Muttaqi, ha iniciado una ronda de contactos con Arabia Saudí y Qatar en busca de una mediación internacional que frene el conflicto, según las fuentes consultadas.
El detonante de esta crisis, la más grave de los últimos años, radica en las acusaciones de Islamabad sobre el amparo que el régimen de Kabul otorga al grupo insurgente Tehrik-e-Taliban Pakistan, conocido como TTP, responsable de múltiples atentados en Pakistán, según El País y Primicia.
La actual fase de hostilidades se intensificó el pasado 22 de febrero tras un bombardeo paquistaní en la provincia afgana de Nangarhar que dejó 17 muertos, según reportó El País.
La situación representa un deterioro significativo en las relaciones entre Pakistán y el régimen talibán afgano, que gobierna Afganistán desde agosto de 2021. Islamabad acusa a Kabul de permitir que el TTP utilice territorio afgano como base para lanzar ataques contra objetivos paquistaníes, una acusación que el Gobierno talibán ha negado repetidamente en el pasado.
La Línea Durand, establecida en 1893 durante el período colonial británico, divide territorios habitados por poblaciones pastunes a ambos lados de la frontera y ha sido históricamente una fuente de tensión entre ambos países. El Gobierno talibán no reconoce oficialmente esta línea como frontera internacional legítima.
El respaldo estadounidense a la posición paquistaní añade una dimensión geopolítica adicional al conflicto, en un contexto regional ya marcado por la inestabilidad tras la retirada de las fuerzas de la OTAN de Afganistán en 2021.
Los esfuerzos diplomáticos del ministro Muttaqi con Arabia Saudí y Qatar buscan aprovechar la influencia que estos países han mantenido con el régimen talibán desde su llegada al poder. Qatar, en particular, ha servido como sede de negociaciones anteriores relacionadas con Afganistán y mantiene una oficina de representación talibán en Doha.
La declaración de alerta máxima y el cierre de centros educativos en Pakistán reflejan la preocupación de las autoridades sobre posibles represalias del TTP o grupos afines dentro del territorio paquistaní. El TTP ha demostrado capacidad operativa para llevar a cabo atentados de gran magnitud en el pasado, incluyendo ataques contra instalaciones militares, edificios gubernamentales y objetivos civiles.
La falta de verificación independiente de las cifras de bajas presentadas por ambos bandos subraya las dificultades para obtener información precisa sobre el alcance real del conflicto. Ninguna de las partes ha permitido el acceso de observadores internacionales o medios de comunicación independientes a las zonas de combate, lo que genera incertidumbre sobre la magnitud exacta de las operaciones militares y sus consecuencias humanitarias.
La escalada bélica plantea interrogantes sobre la estabilidad regional en un momento en que Afganistán enfrenta una grave crisis humanitaria, con millones de personas dependiendo de ayuda internacional para sobrevivir. Un conflicto prolongado entre Pakistán y el régimen talibán podría complicar aún más los esfuerzos de asistencia humanitaria y agravar la situación de la población civil afgana.
La postura inflexible de Islamabad, expresada categóricamente por el portavoz Zaidi, sugiere que el Gobierno paquistaní está dispuesto a mantener la presión militar sobre el régimen talibán hasta obtener garantías concretas sobre el cese de actividades del TTP en territorio afgano. Sin embargo, la respuesta militar talibán y su simultánea apertura al diálogo diplomático revelan la complejidad de la situación y las múltiples dimensiones del conflicto.