Parlamento Europeo exige a los Estados mayor vigilancia contra abusos en alquileres mientras España tumba su escudo social

La crisis de vivienda en Europa alcanzó el debate institucional con dos frentes simultáneos: mientras el Parlamento Europeo prepara recomendaciones para proteger a inquilinos vulnerables, el Congreso español rechazó medidas similares en una votación que evidencia la fractura política sobre cómo abordar el problema habitacional.

Según datos oficiales del Parlamento Europeo, el 40% de los ciudadanos de la Unión Europea —unos 180 millones de personas— viven de alquiler. La mayoría son jóvenes sin capacidad económica para comprar vivienda, según el informe elaborado por la Comisión Especial sobre la Crisis de la Vivienda en la Unión. El documento, presentado en Madrid, alienta a los Estados miembros a condenar las prácticas abusivas que empujan a muchos inquilinos a vivir en "condiciones inadecuadas, inseguras o insalubres".

La Eurocámara insta a aumentar la transparencia en el sector del alquiler privado mediante el refuerzo de la legislación nacional de cada país. El texto, que cuenta con el aval de los dos grupos mayoritarios —populares y socialdemócratas— y será sometido a votación en Bruselas el próximo 10 de marzo, también reclama para los propietarios la defensa del derecho a la propiedad privada.

El informe de 95 páginas dibuja el tamaño real de la crisis habitacional europea. La Comisión sitúa en diez millones de viviendas el déficit actual para todo el continente. Esta escasez provocó que los precios de las compraventas aumentaran un 61% entre 2010 y 2025, mientras que los alquileres lo hicieron un 29% durante ese periodo, según datos oficiales. El resultado: la edad de emancipación en Europa se estancó en los 26 años, cifra que en España alcanza los 30.

"Es un éxito que seamos capaces de aprobar una visión conjunta", celebró Borja Giménez, eurodiputado del Partido Popular Europeo y miembro de la comisión especial que elaboró el informe. "Es una visión complementaria que tiene que servir de base para que se den los pasos que son necesarios", añadió.

Alicia Homs, eurodiputada del Grupo de la Alianza Progresista de Socialistas y Demócratas, reconoció que "el informe está lejos de ser perfecto, pero hay aspectos positivos que queremos poner en valor y que salgan adelante". "Creíamos que había que reforzar el papel de los inquilinos. La gente joven en su mayoría viven de alquiler y están, además, compartiendo pisos. Este es un problema que afecta gravemente a la desigualdad social", explicó. El borrador inicial del informe fue criticado por centrarse en soluciones para propietarios, aunque la versión definitiva recoge la defensa de los derechos de ambas partes.

El documento propone otorgar a Eurostat, la oficina estadística comunitaria, el papel de recopilar, armonizar y difundir los datos de vivienda de la UE. "Sin datos estamos ciegos para poder implementar políticas", reconoció Giménez. El informe también propone la creación de una plataforma digital europea específica gestionada con datos de Eurostat, la publicación de un informe anual europeo de la vivienda y nuevos proyectos piloto en materia de estudios liderados por la Comisión. El documento no determina un plazo para estos objetivos.

Entre las medidas fiscales, el informe aborda la necesidad de impulsar la construcción mediante rebajas que dinamicen el sector. Propone la reforma de la directiva del IVA para permitir la aplicación de un tipo superreducido al suministro y la construcción de viviendas, "como parte de una política social definida por los Estados miembros". También reclama asignaciones específicas de los fondos incluidos en el Plan de Vivienda Asequible "para mejorar el rendimiento energético de los edificios residenciales y combatir la pobreza energética", y la reducción de la burocracia para la construcción de unidades residenciales mediante procedimientos digitales y un plazo máximo de 60 días para responder por parte de las administraciones cuando los permisos estén relacionados con propuestas de vivienda sostenible y asequible.

Mientras el Parlamento Europeo avanza en estas recomendaciones, el Congreso español vivió una jornada opuesta. El bloque conformado por los 177 diputados de PP, Vox, Junts y UPN derrotó el decreto para convalidar medidas incluidas en un escudo social que se prorrogaba desde la pandemia de 2020 para proteger a las familias más vulnerables. Las derechas y la ultraderecha argumentaron que el Gobierno mezcla asuntos diversos, perpetúa ayudas que deberían ser excepcionales y favorece las ocupaciones de viviendas cuando pretende proteger más a los desahuciados sin alternativas habitacionales.

El ministro de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, intentó explicar que se trataba de evitar o reducir la incertidumbre a miles de familias que sufren dificultades y de que "la buena marcha de la economía llegue a la mayoría social" del país. El decreto contemplaba ayudas en vivienda, energía, empleo, fiscales y para las administraciones locales, pero el problema se centró en la prohibición de los desahucios para inquilinos sin otra opción para vivir.

Bolaños rescató la literalidad del decreto elaborado el año pasado, con la misma medida, que recabó el apoyo de 315 parlamentarios de todos los grupos, incluidos PP y Junts, con la única oposición de Vox. El Gobierno, a instancias del PNV, retocó el decreto inicial para excluir de las prohibiciones de desahucios a los pequeños propietarios de dos viviendas. Bolaños destacó la partida incluida de 300 millones para dotar a los afectados por posibles impagos de alquileres y rechazó como una "mentira para enrojecer de vergüenza" la tesis de PP, Vox y Junts: "Ni okupas ni okupos, no engañen, es una excusa barata y falsa, no hay ni un solo beneficio estructural, al contrario, se les excluye".

Marta Madreras, de Junts, catalogó la operación del Gobierno como "un chantaje político" al "forzar las costuras" y mezclar el escudo social con actuaciones sobre la vivienda que identificaron con la ocupación. Junts entiende como una contradicción que el Ejecutivo presuma de que "España va como un cohete, pero sigue gobernando como si estuviéramos en una pandemia permanente" al trasladar su obligación de buscar una solución para las familias vulnerables a "una penitencia indefinida" para los propietarios privados.

Carlos Hernández Quero, de Vox, coincidió: "Si el problema es de todos, los solucionamos todos". José Vicente Mari, del PP, culpó al Gobierno por "apoyar a los okupas y mezclar medidas recurrentes y periódicas que traen año a año porque son incapaces de traer unos Presupuestos del Estado" y por gobernar abusando de los decretos.

Los socios del Ejecutivo refrendaron el decreto pero exigiendo más. Águeda Micó, de Compromís, lo expresó sin rodeos: "Este decreto no es una solución, es un respiro temporal, es necesario, pero no suficiente, hacen falta soluciones más permanentes". Néstor Rego, del BNG, abundó: "Es preciso avanzar con medidas estructurales que las derechas no puedan tumbar". Ione Belarra, de Podemos, reprochó a las derechas su falta de empatía y les deseó que algún día "sientan en su piel lo que es que te echen a la calle". Óscar Matute, de EH Bildu, auguró que esta "victoria pírrica se tornará en derrota, porque castigar a los más débiles no es justicia, es crueldad".

Jordi Salvador, de ERC, y Aina Vidal, de Sumar, apuntaron especialmente contra Junts, y tildaron su posición de "falacia" o de "sicarios por hacer el juego a los fondos buitres". Idoia Sagastizabal, del PNV, que revalidó el sí de sus votos a un acuerdo que definió como "de mínimos", no ocultó sus reparos al cuestionar que el Gobierno insista en llevar al Parlamento votaciones "de todo o nada" para dividir los bloques parlamentarios. El PNV reclamó una reflexión más compleja sobre cómo se llevan estirando actuaciones extraordinarias como si fueran permanentes.

El decreto para revalorizar las pensiones sí salió adelante con un abrumador apoyo de casi toda la Cámara menos Vox, con 313 votos a favor y solo 33 en contra. Sin embargo, los 177 escaños de PP, Vox y Junts tumbaron también un decreto para limitar las ganancias de determinadas empresas en situaciones de emergencia o catástrofes.

El pleno acabó con otra derrota tras el debate del decreto promovido desde el Ministerio de Consumo para "garantizar la accesibilidad equitativa a bienes y servicios en casos de emergencia" y controlar los precios y negocios especulativos ante catástrofes como los incendios en Galicia, las inundaciones en Andalucía o el accidente de Adamuz. PP, Vox y Junts cuestionaron la credibilidad intervencionista del Gobierno y votaron en contra en aras a la protección del libre mercado.

El ministro Pablo Bustinduy advirtió antes de la votación final: "Ante situaciones de emergencia no se pueden producir subidas abusivas de bienes esenciales en beneficio de multinacionales extranjeras". A la salida, tras apuntar que volverá a llevar al Congreso el decreto como han pedido afectados y responsables autonómicos en Galicia y Andalucía hasta del PP, alertó: "Ojalá no haya más situaciones así en España, pero la próxima vez que haya una emergencia y haya multinacionales extranjeras que se aprovechen de la necesidad y la vulnerabilidad de la gente para intentar lucrarse sin límite ninguno y con total impunidad, que le den las gracias al PP y a Vox, que lo han tumbado".

La contradicción entre las recomendaciones europeas y la realidad parlamentaria española evidencia la brecha entre el diagnóstico compartido sobre la crisis de vivienda y las soluciones políticas que cada bloque propone. Mientras el Parlamento Europeo busca consensos para proteger a inquilinos vulnerables sin desproteger a propietarios, el Congreso español se fractura en torno a la misma cuestión, con acusaciones cruzadas sobre okupación, vulnerabilidad y responsabilidad del Estado frente al mercado privado.