Petróleos Mexicanos reconoció el jueves su responsabilidad en el derrame de crudo que desde febrero contamina las costas de Tabasco, Veracruz y Tamaulipas en el Golfo de México, según informó su director Víctor Rodríguez Padilla. El reconocimiento llega casi dos meses después de que las primeras manchas de chapopote llegaran a las playas y tras semanas de negación por parte de autoridades federales y estatales. La petrolera estatal despidió a tres altos directivos acusados de ocultar la fuga en un oleoducto que conecta la sonda de Cantarell con Dos Bocas, detectada desde principios de febrero.
Petróleos Mexicanos admitió el jueves su responsabilidad en el desastre ambiental que contamina las costas del Golfo de México desde marzo, poniendo fin a casi dos meses de negaciones oficiales. El director de la petrolera estatal, Víctor Rodríguez Padilla, reconoció que una fuga en un oleoducto que comunica la sonda de Cantarell con Dos Bocas fue una de las causantes principales del derrame, según reportó El País.
El reconocimiento llega 69 días después de que iniciara el derrame de hidrocarburos, que ha generado una mancha de más de mil kilómetros de extensión a lo largo de la costa, según informó la revista Maat. Rodríguez Padilla aseguró haber sido engañado por sus subordinados y lanzó la responsabilidad sobre tres directivos de la empresa estatal que fueron despedidos y enfrentan sanciones.
Los tres altos cargos separados de sus funciones son el subdirector de Seguridad, Salud en el Trabajo y Protección Ambiental, Saúl Andrés Orueta Álvarez; el coordinador de Control Marino, David Gustavo González López; y el líder de Derrames y Residuos, José de Jesús Chávez Vázquez, según reveló Maat. Los tres directivos han sido denunciados penalmente ante la Fiscalía General de la República.
Durante su comparecencia, Rodríguez Padilla explicó que estos funcionarios no le reportaron la fuga ni su reparación, negando sistemáticamente ambos hechos. Para descubrir el engaño, el director se valió de la bitácora de los barcos que estuvieron en la zona, documentación que El País había solicitado a Petróleos Mexicanos cuando la empresa calificó de "inexacta" la información publicada por ese diario el 30 de marzo.
Según se reconoció el jueves, personal de Petróleos Mexicanos supo de la fuga desde los primeros días de febrero. La empresa mandó al buque Árbol Grande y otros barcos auxiliares, que localizaron la fuga el 8 de febrero y terminaron de repararla el 18 de ese mes. Sin embargo, por razones no explicadas, no cerraron el oleoducto marino Old AK C, que va de la plataforma AKAL-C a la terminal marítima de Dos Bocas, hasta el 14 de febrero, seis días después de detectar la fuga.
Entre las irregularidades detectadas, Rodríguez Padilla señaló que no se le reportó ni a él ni a otros altos mandos de Pemex una "pérdida de integridad mecánica" en el oleoducto en la zona de Cantarell registrada a inicios de febrero, ni las actividades de reparación del mismo. También destacó la negación sistemática de la fuga por las áreas operativas, especialmente en marzo cuando comenzaron a llegar arribazones de petróleo a las costas del Golfo de México, y el ocultamiento de agua oleosa recuperada en las barreras de contención, de al menos 350 metros cúbicos.
Fuentes cercanas al grupo interinstitucional creado para atender el derrame apuntan que el reconocimiento tardó en llegar debido a que desde Petróleos Mexicanos se negó la realidad día tras día. Todo indica que fue la intervención de Palacio Nacional lo que obligó a la empresa a aceptar su responsabilidad, según El País. Este grupo está conformado por la petrolera, tres secretarías de Estado (Marina, Medio Ambiente, Energía), la Agencia de Seguridad, Energía y Ambiente y la Procuraduría de Protección al Ambiente.
Las primeras alertas del desastre ambiental llegaron a principios de marzo. "Tras realizar inspecciones técnicas en sus instalaciones, no se ha detectado fuga o derrame alguno", aseguró entonces Pemex en un comunicado. Una semana después, según llegaba más chapopote a las playas, Rocío Nahle, gobernadora de Veracruz, dio veracidad a esta afirmación y culpó a un barco de una empresa privada, añadiendo que su concesión fue otorgada en el sexenio del priísta Enrique Peña Nieto (2012-2018).
El 19 de marzo, la presidenta Claudia Sheinbaum también eximió de responsabilidad a la empresa paraestatal durante su conferencia de prensa diaria. El día más complejo fue el 26 de marzo, cuando el grupo interinstitucional, creado por orden de Sheinbaum, dio su primera conferencia de prensa para explicar las causas del derrame. En su comparecencia, los secretarios, titulares y directores de todo el grupo afirmaron y respaldaron la explicación de que todo venía de un barco que había tenido un vertido en Coatzacoalcos, Veracruz, y dos chapopoteras —emanaciones naturales de petróleo crudo y gas metano que brotan desde el subsuelo hacia la superficie—, dejando nuevamente fuera de la ecuación a Petróleos Mexicanos.
El secretario de Marina, Raymundo Pedro Morales, aseguró el 24 de marzo que "fueron emanaciones naturales de las chapopoteras", declaración que fue objeto de burlas y causó indignación en la comunidad ambientalista internacional, según Maat. La secretaria del Medio Ambiente, Alicia Bárcena, declaró el 24 de marzo que "fue una descarga en una zona de fondeo".
El 30 de marzo, El País reveló, con ayuda de la organización CartoCrítica, que el buque Árbol Grande, contratado por Petróleos Mexicanos para reparar ductos submarinos, pasó 200 horas sobre un oleoducto en activo donde se veía una gran mancha de petróleo. La paraestatal respondió que esta información era "inexacta", afirmando que "aunque el buque Árbol Grande estuvo anclado en una zona de plataformas y sistemas marinos de transporte de hidrocarburos casi 200 horas, no significa que se encontraba reparando un oleoducto".
Tras esa publicación, la presidenta Sheinbaum tomó cartas en el asunto y pidió una investigación a fondo, que llevó al reconocimiento de que la fuga en el ducto sobre el que el Árbol Grande pasó 200 horas fue una de las causas principales del desastre ambiental del Golfo de México.
La titular de la Secretaría de Ciencia, Rosaura Ruiz, señaló el jueves que un grupo científico convocado para estudiar las causas del derrame analizó más de 70 imágenes satelitales, información de sobrevuelos y modelos de deriva. El grupo descartó como orígenes la descarga del buque y las chapopoteras, y concluyó que a principios de febrero se registró una mancha considerable de hidrocarburo en las inmediaciones de la plataforma Abkatun en Cantarell, y que el material fue posteriormente dispersado por la dinámica marina.
El propio secretario de Marina reconoció que la conclusión del grupo científico coincide con el planteamiento de organizaciones ambientalistas formulado a finales de marzo, en el sentido de que imágenes satelitales mostraban en febrero a un buque especializado en labores de reparación sobre el ducto Old AK C, en Cantarell.
El reconocimiento de Pemex abre nuevas interrogantes sobre la gestión de la petrolera estatal. Entre las dudas que surgen está qué influencia tenían estos tres funcionarios para ocultar a sus superiores una fuga en un oleoducto, si existe un protocolo que registre este tipo de accidentes y la operación de los barcos encargados de arreglarlos, y cuál es el estado y mantenimiento de las instalaciones de Petróleos Mexicanos en la zona, donde se detectan con frecuencia derrames desde sus plataformas y ductos.
De acuerdo al comunicado conjunto del grupo interinstitucional, informar del cese de los tres directivos forma parte "de un compromiso firme con la transparencia, la rendición de cuentas y la protección ambiental". Sin embargo, queda por ver si esta medida será suficiente para expiar la culpa de la petrolera en un desastre que ha contaminado más de mil kilómetros de costa durante 70 días.
El caso evidencia graves fallas en los protocolos de comunicación y transparencia de Petróleos Mexicanos, así como en la supervisión de sus operaciones. La negación sistemática de la realidad durante dos meses, que involucró a múltiples niveles de gobierno, plantea serias dudas sobre la capacidad de la empresa estatal para gestionar crisis ambientales y sobre la confiabilidad de la información que proporciona a las autoridades y al público.