Petro decreta emergencia económica en Colombia para imponer nuevos impuestos tras rechazo del Congreso

El Gobierno colombiano ha optado por la vía excepcional para resolver su crisis fiscal. Tras el fracaso de su reforma tributaria en el Congreso, el presidente Gustavo Petro ha anunciado la declaratoria de emergencia económica, un mecanismo que le permite tomar decisiones que normalmente requieren aprobación legislativa, como decretar impuestos.

El anuncio lo realizó el ministro de Hacienda, Germán Ávila, durante la rueda de prensa posterior a la reunión de la junta directiva del Banco de la República. "Estamos terminando de concretar una alternativa de declaración de emergencia económica", afirmó el funcionario, quien explicó que la medida busca resolver un "desequilibrio financiero" causado por el Legislativo al aprobar un presupuesto desfinanciado y luego rechazar los recursos para cubrirlo.

Según Ávila, el Congreso creó "una especie de trampa" al aprobar un presupuesto con determinados niveles de gasto para luego retirar parte de los recursos necesarios para financiarlo. El hueco fiscal que el Gobierno busca cubrir asciende a 16,3 billones de pesos (aproximadamente 4.000 millones de dólares).

Entre las justificaciones que el Ejecutivo ha presentado para declarar la emergencia figuran varios "hechos sobrevinientes" que requieren atención urgente: la orden de la Corte Constitucional de aumentar el dinero que el Estado paga a las aseguradoras en salud (3,3 billones de pesos), los subsidios a la electricidad para familias vulnerables, la necesidad de financiar sistemas antidrones, la caída del precio del petróleo y la compra de equipamiento militar para enfrentar lo que Petro denomina "una ofensiva narcoterrorista".

El borrador del decreto, filtrado a varios medios de comunicación, propone medidas tributarias que van más allá de la reforma rechazada por el Congreso. Entre ellas destacan: el aumento del gravamen a los movimientos financieros del 0,4% al 0,5% por transacción; la ampliación del impuesto al patrimonio para fortunas superiores a 2.000 millones de pesos (medio millón de dólares) con tarifas hasta del 5%; y mayores impuestos al consumo de licores, cigarrillos y juegos de azar en línea. Adicionalmente, se contempla un Impuesto Especial para la Estabilidad Fiscal que gravaría la extracción, primera venta y exportación de petróleo crudo y carbón con una tarifa del 1%.

El presidente Petro también ha sugerido en redes sociales que la emergencia económica implicaría "bajar los salarios a los congresistas", en respuesta a críticas de la oposición.

La decisión ha generado fuertes reacciones. La Asociación Nacional de Empresarios de Colombia (Andi) envió una carta a la Corte Constitucional solicitando la suspensión provisional de un eventual decreto de emergencia económica, argumentando su aparente inconstitucionalidad. El gremio empresarial sugiere que existen mecanismos ordinarios, como el recorte o aplazamiento de gastos, para manejar la situación fiscal.

Petro respondió duramente a la Andi en redes sociales: "Ahora sí, se ponen pilas y corren a defender a los megarricos de los impuestos. Pero salen corriendo, lejos de aquí, para subir el salario de los trabajadores". El mandatario agregó que tienen "afán para tumbar los impuestos a los más ricos del país; pero se estancan y demoran y bostezan y sacan escusas para no permitir las pensiones a los ancianos y las ancianas".

Expertos como José Antonio Ocampo, exministro de Hacienda, han calificado la declaratoria como "inconstitucional" al considerar que "no hay hechos sobrevinientes" que justifiquen recurrir a un estado de excepción, requisito establecido en la Constitución.

La emergencia económica coincide con otra maniobra financiera de gran calado: la Dirección de Crédito Público cerró una venta directa de títulos de deuda por 23 billones de pesos (unos 6.000 millones de dólares) a un solo inversionista extranjero, una operación atípica que esquiva las subastas abiertas. Según el Gobierno, la venta busca reducir las necesidades de financiación para el próximo año.

Para el economista Jorge Restrepo, "las maniobras revelan que el Ejecutivo se ha quedado sin caja y que no tiene cómo terminar el año para pagar sus obligaciones". A su juicio, "estamos ante una profunda crisis fiscal; la Tesorería tocó fondo". Restrepo también advierte sobre la opacidad de la venta de los títulos de deuda, pues "no se menciona quién los compra ni la tasa de interés a las que se pagará esa deuda".

Desde el Ministerio de Hacienda, Javier Cuéllar, director de Crédito Público, calificó la operación como "un voto de confianza sin precedentes" y aseguró que el inversor es un fondo internacional de largo plazo, no un especulador, aunque no reveló su identidad.

La Corte Constitucional, que entró en receso judicial hasta el 10 de enero, deberá revisar de oficio la declaratoria de emergencia. Sin embargo, según reportes, el presidente del tribunal, Jorge Enrique Ibáñez, estaría considerando pausar el descanso y convocar a una sesión extraordinaria si el Gobierno formaliza el decreto.

El historial del gobierno de Petro con los estados de excepción no es favorable. En octubre de 2023, la Corte tumbó una emergencia económica decretada para La Guajira tras considerar que pretendía resolver problemas estructurales. En abril de 2025, el tribunal declaró parcialmente inconstitucional la conmoción interior declarada en Norte de Santander y Cesar por la crisis humanitaria provocada por el ELN.

Los estados de excepción deben responder a un hecho sobreviniente —una circunstancia repentina e imprevista— y deben limitarse en el tiempo. El decreto debe establecer su duración, que inicialmente podría ser de treinta días y luego extenderse hasta los noventa. Sin embargo, durante ese período, las medidas decretadas por el Gobierno tendrían plena vigencia, lo que permitiría al Ejecutivo recaudar impuestos pese a la negativa del Legislativo.

La evidencia de una asfixia financiera en el Gobierno es cada vez más notoria. Un informe del Banco de Bogotá destaca que el Ejecutivo tiene "afugias por liquidez". Para cubrir pagos inmediatos, Hacienda emitió en noviembre 8,2 billones de pesos en títulos de corto plazo directamente a los bancos. Además, varias entidades estatales no han terminado de pagar a sus contratistas el mes de noviembre y ya han advertido que los giros de diciembre se aplazarán hasta enero.

La combinación de la medida excepcional y el endeudamiento millonario fuera del mercado abierto deja al país a la expectativa de cómo reaccionarán los tribunales y los mercados ante lo que algunos economistas definen como el síntoma de una crisis de deuda soberana en ciernes.