Redes sociales se convierten en herramienta clave para reclutar menores en conflictos armados de Colombia, México y Ucrania

Las redes sociales se han convertido en el método preferido para reclutar menores de edad en zonas de conflicto. Un emoji de ninja en TikTok promocionando la vida armada en la selva colombiana, una pizza y un gallo representando a los carteles mexicanos, o mensajes privados en Telegram ofreciendo pequeñas tareas de espionaje en Ucrania. Estos son los nuevos códigos digitales que grupos armados y agencias estatales utilizan para atraer a niños y adolescentes a la violencia.

Desde 2024, la Jurisdicción Especial de Paz (JEP) colombiana lidera una alianza con entidades judiciales y organizaciones sociales de México y Ucrania para investigar este fenómeno. Tras un año de trabajo, han identificado que plataformas como TikTok, Facebook y Telegram son herramientas fundamentales para captar la atención de jóvenes con la promesa de riqueza, estatus y poder a través de las armas, según revela el informe de la JEP.

En Colombia, la Unidad de Investigación y Acusación de la JEP ha analizado 186 cuentas que promueven la vinculación a grupos armados ilegales, con un promedio de 6.700 seguidores cada una. El uso de tecnologías digitales ha incrementado en un 156% el reclutamiento de menores y ha expandido su alcance de zonas rurales a urbanas. La estrategia ya no se centra solo en el dinero, sino en la estética: cirugías plásticas para mujeres, ortodoncia y diseños de sonrisa para hombres.

"En el caso de las mujeres, el contenido se centra en la expresión de la feminidad a través de la exaltación de la belleza física, la demostración del cuerpo con bailes o poses para la cámara. Para los hombres, predominan las muestras de fuerza, virilidad, capacidad económica, vehículos, armamento, y actividades de ocio como el consumo de alcohol", detalla el documento de la JEP.

La guerrilla del ELN y las disidencias de las extintas FARC aplican estas tácticas, siendo el Bloque Jacobo Arenas, liderado por Iván Mordisco, el grupo que más menores recluta a través de redes sociales. Esta estructura opera principalmente en el suroccidente colombiano y ha establecido un centro de telecomunicaciones desde donde despliega una estrategia sistemática de marketing digital con al menos 77 cuentas en TikTok y Facebook.

El reclutamiento también utiliza la música como herramienta. La investigación señala una "mexicanización" de los gustos musicales, con artistas como Peso Pluma y narcocorridos como referentes culturales, reemplazando al vallenato tradicional que acompañó épocas anteriores del conflicto colombiano.

En México, el fenómeno ha evolucionado hasta el punto en que no siempre son los grupos criminales quienes buscan jóvenes, sino jóvenes solicitando ser reclutados. El Seminario sobre Violencia y Paz de El Colegio de México analizó 100 videos en TikTok y encontró que en 60 de ellos, adolescentes se graban pidiendo "jale" (trabajo), preguntando cómo ingresar a un cártel o mostrando disposición para trabajar en el crimen organizado. Según el investigador Rodrigo Peña, estos jóvenes buscan ingresos que superan 5,5 veces el salario mínimo.

Los investigadores advierten que este comportamiento es resultado de una exposición prolongada a contenidos que normalizan la vida criminal. El algoritmo de las plataformas juega un papel crucial: agrupa, repite y refuerza códigos visuales —camionetas de lujo, fajos de billetes, armas exhibidas como trofeos— hasta volverlos familiares y deseables.

En este ecosistema digital han surgido los "narcoinfluenciadores", figuras que, sin necesariamente pertenecer a un cártel, adoptan su estética y lenguaje. Su función no es reclutar directamente, sino hacer deseable ese universo. Un caso emblemático fue el de Camilo Ochoa, conocido como "El Alucín", quien construyó su personaje alrededor de relatos sobre el narco y fue asesinado en agosto de 2025 tras meses de amenazas.

El caso de Ucrania presenta características distintas. Según documentos analizados por la Fiscalía ucraniana, estas prácticas no son atribuibles a organizaciones criminales sino a agencias estatales rusas, que utilizan a menores en operaciones de inteligencia y sabotaje.

El primer contacto suele llegar por mensajes privados en Telegram o chats de videojuegos, donde cuentas anónimas proponen tareas aparentemente inofensivas: tomar fotografías en sitios vigilados, enviar ubicaciones o vigilar entradas y salidas de edificios. Los pagos, entre 10 y 50 dólares, generalmente se realizan en criptomonedas. Gradualmente, las tareas se vuelven más comprometedoras, en un proceso de reclutamiento escalonado.

Desde el inicio de la invasión rusa, la Fiscalía ucraniana ha abierto 179 procesos penales por delitos cometidos por menores en este contexto, identificando al menos 240 niños y adolescentes involucrados. En 137 de estos casos, las investigaciones apuntan a que fueron captados por adultos, incluidos miembros de servicios especiales rusos. En 27 procesos se han encontrado indicios formales de crímenes de guerra.

Los menores reclutados en Ucrania realizan tareas de espionaje y ataques en territorio nacional: incendian vehículos militares, dañan infraestructuras ferroviarias, fotografían instalaciones estratégicas o envían coordenadas durante operaciones con drones. "Funcionan como sensores, mensajeros y ejecutores invisibles", explica el documento de la Fiscalía, que advierte que el vínculo no termina cuando el menor intenta desistir. En algunos casos, la instalación de software espía en sus teléfonos convierte el intento de salida en una forma de control.

La respuesta de las plataformas ha sido insuficiente. Telegram, una de las más mencionadas en el informe, ha aclarado que "el reclutamiento para la violencia está explícitamente prohibido por sus términos de servicio" y que dicho contenido "se elimina en cuanto se descubre". La compañía afirma que sus moderadores, apoyados con herramientas de inteligencia artificial, monitorean las secciones públicas y aceptan reportes para eliminar contenidos dañinos.

Sin embargo, el reclutamiento digital avanza más rápido que la legislación. La Convención sobre los Derechos del Niño fue redactada pensando en fusiles y campamentos, no en algoritmos. Las normas que regulan las plataformas digitales, como la Ley de Servicios Digitales de la Unión Europea, no alcanzan lo que ocurre fuera de sus fronteras ni obligan a las empresas a actuar cuando el reclutamiento cruza países y conflictos.

Este problema se suma a una creciente preocupación global por la protección de menores en entornos digitales. Varios países han comenzado a implementar restricciones más severas al acceso de menores a redes sociales. España, Francia, Australia, Nueva Zelanda y Dinamarca han propuesto o aprobado leyes que prohíben el acceso a redes sociales a menores de 15 o 16 años, según informó la agencia EFE.

Australia marcó un hito al aprobar una de las leyes más restrictivas, vetando el acceso de menores de 16 años a las redes y estableciendo multas millonarias para las plataformas que incumplan. Dos meses después de su entrada en vigor, en diciembre de 2025, millones de cuentas fueron bloqueadas, afectando a Facebook, Instagram, TikTok, YouTube y otras plataformas populares.

En España, el presidente Pedro Sánchez anunció recientemente un paquete de cinco medidas para regular las plataformas digitales, entre las que destaca la prohibición total del acceso a redes sociales para menores de 16 años y sanciones penales contra la manipulación de algoritmos. Sánchez justificó la medida afirmando que los niños están expuestos "a un espacio de adicción, abusos, violencia, pornografía y manipulación".

Mientras las autoridades intentan ponerse al día, la lucha contra esta nueva modalidad de reclutamiento se libra en un terreno desconocido e imprevisible, donde los grupos armados y agencias estatales explotan las vulnerabilidades de los sistemas digitales y de los propios menores, adaptando constantemente sus estrategias para evadir la detección y la regulación.