El gobierno británico prepara la implementación de centros de separación de presos con un sistema por niveles, donde los delincuentes más peligrosos serán sometidos a condiciones más estrictas, según anunció el viceprimer ministro David Lammy.
El gobierno del Reino Unido avanza en un ambicioso plan para transformar la gestión de prisioneros extremistas en Inglaterra y Gales, con la creación de unidades de máxima seguridad inspiradas en el modelo carcelario estadounidense. David Lammy, viceprimer ministro, reveló que implementará las 13 recomendaciones del informe elaborado por Jonathan Hall KC, revisor independiente de legislación antiterrorista.
El nuevo sistema contempla un modelo por niveles donde los presos más peligrosos enfrentarán condiciones más restrictivas. Los centros de separación, actualmente ubicados en las prisiones HMP Full Sutton, HMP Frankland y HMP Woodhill, serán completamente restructurados. Los prisioneros podrán moverse entre niveles después de evaluaciones exhaustivas de riesgo.
Una característica central de la propuesta es la posibilidad de que los presos ganen o pierdan privilegios según su comportamiento, bajo un estricto sistema de monitoreo. Adicionalmente, el gobierno estudia modificar la legislación para limitar la aplicación del artículo 8 de la Convención Europea de Derechos Humanos, que actualmente permite a los presos impugnar las condiciones de su reclusión.
La propuesta no ha estado exenta de críticas. Andrea Coomber, directora ejecutiva de la Liga Howard para la Reforma Penal, advirtió que el informe no recomienda específicamente crear una prisión tipo 'supermax' y mostró preocupación por posibles limitaciones a los derechos humanos.
El viceprimer ministro enfatizó que el objetivo es transformar radicalmente la gobernanza y operación de los centros de separación, explorando todas las opciones disponibles, incluso en la próxima revisión presupuestaria.
La iniciativa busca responder a la creciente necesidad de manejar con mayor eficacia a prisioneros extremistas, garantizando la seguridad tanto dentro como fuera de los centros penitenciarios, sin comprometer completamente los principios de derechos humanos.