El presidente de Costa Rica, Rodrigo Chaves, entregó este viernes la banda presidencial a Laura Fernández, pero mantendrá el control del poder ejecutivo al asumir simultáneamente los ministerios de Hacienda y de Presidencia, una condición sin precedentes en la historia costarricense. Chaves, quien finaliza su mandato con una aprobación del 64%, deja el cargo presidencial pero conserva facultades críticas que incluyen la asignación de presupuestos, el manejo de la Dirección de Inteligencia y Seguridad y la gestión del Congreso, según anunció Fernández al presentar su gabinete.
El economista de 64 años concluye su gobierno habiendo reconfigurado el mapa político de Costa Rica, consolidado en febrero cuando su leal seguidora Fernández ganó las elecciones para el cuatrienio 2026-2030. Chaves logró además una mayoría parlamentaria suficiente para profundizar los cambios políticos, con miras a volver a la presidencia en 2034, cuando la ley actual le permita postularse nuevamente.
Fernández anunció este martes que Chaves asumirá el doble cargo de ministro de Hacienda y de Presidencia, manteniendo más de la mitad de los funcionarios actuales en su gabinete. Esta condición inédita no causa gran sorpresa tratándose del mandatario que acaba su período con la aprobación más alta del siglo para el final de un gobierno costarricense, según datos de la Universidad de Costa Rica.
Chaves, posicionado como aliado de Donald Trump, amigo de Nayib Bukele y socio de Israel en el contexto internacional actual, vuelve a Hacienda, el puesto al que llegó como outsider de la política en 2019, llamado por el gobierno de Carlos Alvarado tras 30 años de carrera en el Banco Mundial. Estuvo solo unos meses y salió enfrentado con la administración, pero logró reconfigurar el poder al ganar las elecciones de 2022 aferrado a un discurso revolucionario contra el sistema, mostrándose como conservador de derecha.
Mantenerse como ministro le permite conservar la inmunidad ante numerosas acusaciones penales que enfrenta por presuntos actos de corrupción, pero sobre todo le otorga el control de funciones críticas. El nuevo vehículo oficialista, el Partido Pueblo Soberano, se colocó como la agrupación con más seguidores, según la última encuesta publicada esta semana por la Universidad de Costa Rica.
En los barrios de San José y otras ciudades aún se ven signos electorales color turquesa con el rostro de Fernández, especialmente en las provincias costeras que fueron determinantes para la mayoría parlamentaria. Yanory, una mujer de 59 años en el populoso distrito de Pavas, al oeste de la capital, declaró: "No pienso quitar la bandera porque representa a mi presidente, me representa a mí. Es cierto que no ha cambiado gran cosa el país, que hay mucha inseguridad, la plata no alcanza y las presas están peor que nunca, pero es por los de antes".
La mujer, quien trabajó hasta 2020 en una cadena de supermercados pero perdió el empleo con la pandemia, añadió: "Yo confío en don Rodrigo, aunque para mí ya está muy duro conseguir trabajito", en sentido contrario a la retórica festiva de Chaves basada en el dato de desempleo nacional, que en su cuatrienio pasó del 11,7% al 6,7%.
Sin embargo, la mejora en el indicador se explica en parte "por una participación reducida en la fuerza laboral, en particular de las mujeres y los jóvenes", según un estudio de 2025 de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico. El 58% de las mujeres está fuera del mercado laboral, según la OCDE. La tasa de ocupación general cayó dos puntos porcentuales durante este gobierno, al pasar de 52,6% a 50,4%, pero la percepción popular es optimista: el 40% dice que la situación económica es buena, frente al 35% que la reprueba, según la encuesta de la Universidad de Costa Rica.
En general, la economía es el área que más destaca Chaves, con crecimientos cercanos al 5% cada año, expansión de las exportaciones y el freno al aumento de la deuda pública respecto al Producto Interno Bruto, así como la inflación más baja entre países de la OCDE. También sobresale una fuerte caída del tipo de cambio, de casi un 30% desde 2022, por un exceso de divisas que las autoridades atribuyen a la inversión extranjera y al turismo dinámico, aunque grupos opositores apuntan a la posibilidad de que se deba al dinero sucio del narcotráfico.
Los sectores exportadores, incluido el agro, han sufrido las consecuencias, pero quienes reciben ingresos en colones encuentran ventajas en bienes de consumo. La pobreza medida por ingresos descendió desde el 23% en 2022 al 15,2%, y Chaves no se cansa de mostrar esa medalla, apuntando al manejo de la economía y de la política social.
"El país estaba al borde del desastre" es una de sus frases reiteradas, obviando el impacto de la pandemia y los frutos que disfrutó su gobierno por una impopular reforma fiscal aprobada en 2018. "La plata alcanza cuando no se la roban", repite el mandatario emulando a su amigo Bukele, el modelo autoritario que quiere establecer en la política penitenciaria y con los afanes de reformar el Poder Judicial.
La inseguridad sigue siendo la principal preocupación del país, aunque Chaves celebró el lunes los resultados de su gestión con el funcionamiento del monitoreo de mercancías en puertos mediante equipos donados por Estados Unidos. "Estamos completamente blindados contra el narcotráfico", decía el video que proyectó en su discurso ante la Asamblea Legislativa, a tono con el mensaje de Fernández sobre supuestas incautaciones récord de cocaína.
Las cifras oficiales indican lo contrario: los decomisos de esa droga en el cuatrienio actual bajaron un 21% en relación con el gobierno 2018-2022. Los homicidios en el gobierno anterior fueron 2.300 y con el actual se acercan a 3.350, un 45% más. Los problemas de las cifras récord de homicidios registradas durante su mandato obedecen a un problema de narcotráfico internacional diferente al que enfrentó El Salvador con las pandillas.
No todos los analistas y opositores desdeñan la necesidad de "mano dura" que promulga Chaves y, por tanto, Fernández, pero señalan también la urgencia de mayor prevención y atención social en los barrios vulnerables. Apuntan a la inversión social que no superó el 10% del PIB en ningún año desde 2022. En 2025 se registró la menor cifra desde la crisis de 2008 y la mayor reducción se dio en educación, según la Contraloría General de Costa Rica. El Gobierno alega que ha hecho todo lo posible, priorizando escuelas y colegios frente a las universidades públicas, otro de los focos de confrontación del Ejecutivo.
El combate a la corrupción, una de las mayores promesas de Chaves en la campaña que lo llevó al poder, ha quedado relegado y más bien es motivo de cuestionamiento desde partidos opositores. "La popularidad alta no fue aprovechada para enarbolar la bandera anticorrupción de la que se habló con frecuencia", dice el informe 2025 de Transparencia Internacional al presentar el Índice de Percepción de la Corrupción.
El mandatario dejó de mencionar esa promesa y, al contrario, rechaza cada cuestionamiento judicial, de la Contraloría General, de la Iglesia católica, de los medios de prensa que considera enemigos e incluso de Naciones Unidas. "No fui a una sola Asamblea General de las Naciones Unidas. Viendo el desempeño de esa institución en los últimos 4 años, creo que es lo correcto", dijo en abril sobre la organización para la cual el Gobierno impulsa la candidatura de Rebeca Grynspan como nueva secretaria general.
Fernández no ha anunciado cambio alguno en las líneas de política interna ni exterior. "La profundización de ese legado nos hará llegar más lejos", dice la nueva mandataria. El Observatorio de la Política Nacional explicó: "Aunque Fernández ha moderado, en temas puntuales, la confrontación entre poderes, la polarización y la campaña permanente que caracterizó el paso de Chaves por Casa Presidencial, es esperable que la hostilidad hacia la institucionalidad democrática se concentre en el Poder Judicial", según un reporte publicado antes de confirmarse que el mandatario se mantendrá en cargos de alto poder.
El analista internacional Daniel Zovatto publicó el miércoles que Chaves "cruza el pasillo de un despacho a otro", sintetizando la maniobra política que permite al economista mantener el control efectivo del gobierno costarricense sin ocupar formalmente la presidencia, una estrategia sin precedentes en la democracia centroamericana que plantea interrogantes sobre la separación de poderes y la institucionalidad del país.