

El Senado estadounidense, controlado por los republicanos, votó este jueves por 51 votos contra 49 para rechazar una resolución bipartidista que habría obligado a Donald Trump a solicitar aprobación del Congreso antes de emprender acciones militares en territorio venezolano, en medio de una creciente escalada militar en la región caribeña.
La votación en el Senado se produjo principalmente siguiendo líneas partidistas, con solo dos senadores republicanos, Rand Paul y Lisa Murkowski, uniéndose a los demócratas para apoyar la resolución, según informan las fuentes consultadas.
Esta es la segunda vez que fracasa un intento similar para limitar las acciones militares de Trump en Venezuela, después de que una primera resolución fuera derrotada en octubre por 48-51, según El País.
La decisión del Senado llega en un momento de creciente tensión militar, con el portaaviones Gerald Ford, el mayor y más moderno de la flota estadounidense, dirigiéndose hacia el Caribe para unirse a la docena de barcos militares que ya montan guardia en aguas internacionales frente a las costas venezolanas. Cuando llegue, el 20% de los buques de guerra estadounidenses movilizados en el mundo estarán en aguas latinoamericanas, según un análisis citado por El País.
La votación se produjo un día después de que representantes de la Administración Trump, incluidos el secretario de Estado, Marco Rubio, y el secretario de Defensa, Pete Hegseth, admitieran ante un grupo de prominentes senadores y congresistas que el Gobierno carece actualmente de justificación legal para atacar objetivos dentro de Venezuela, según El País. Sin embargo, según CNN, el Gobierno estadounidense sigue buscando argumentos legales que le autoricen a atacar objetivos terrestres en Venezuela sin necesidad de aprobación del Congreso.
La campaña militar de Estados Unidos contra supuestas lanchas del narcotráfico ha dejado al menos 69 personas muertas desde el 2 de septiembre, según El País. The Guardian reporta que la noche anterior a la votación, Hegseth notificó un nuevo ataque contra una embarcación en el Caribe, en el que murieron tres personas.
Numerosos analistas, expertos y algunos legisladores consideran ilegal esta campaña, entre otras razones, porque no cuenta con la autorización del Congreso, según El País.
"Si la administración pretende escalar hacia un conflicto con Venezuela, el Congreso tiene el deber constitucional de declarar y autorizar dicha acción", dijo Jack Reed, el principal demócrata en el comité de servicios armados del Senado, antes de la votación, según The Guardian. "No podemos caminar sonámbulos hacia otra guerra".
La administración Trump ha intensificado su retórica contra el gobierno venezolano. Trump ha acusado al presidente Nicolás Maduro de ser uno de los cabecillas del cartel de los Soles y ha doblado la recompensa que ofrece por su captura a 50 millones de dólares, según El País.
"Creo que solo vamos a matar a personas que están trayendo drogas a nuestro país, ¿de acuerdo?", dijo Trump a los periodistas en la Casa Blanca el 23 de octubre, según The Guardian. "Vamos a matarlos, ya sabes. Van a estar, como, muertos".
Según The Guardian, la administración ha desarrollado una serie de opciones para acciones militares en Venezuela y los asesores de Trump han solicitado al Departamento de Justicia orientación adicional que podría proporcionar una base legal para atacar objetivos distintos a embarcaciones.
La Casa Blanca sostiene que todas sus acciones en aguas internacionales latinoamericanas se ajustan a la legalidad. "El presidente Trump ha sido claro en su mensaje a Maduro: dejen de enviar droga y criminales a nuestros países", indicó la portavoz de la Casa Blanca Anna Kelly en un comunicado citado por El País.
La administración ha proporcionado una justificación legal cuestionable para los ataques, alegando que las embarcaciones están afiliadas a "organizaciones terroristas designadas" con las que Estados Unidos está ahora en un "conflicto armado no internacional", según The Guardian. Sin embargo, el medio británico señala que la administración no ha proporcionado evidencia concreta hasta la fecha de que las personas asesinadas en los ataques a embarcaciones estuvieran traficando drogas hacia Estados Unidos.
Según una encuesta de YouGov citada por El País, solo el 18% de los estadounidenses se declara favorable al uso de la fuerza para forzar la caída de Maduro, mientras que casi la mitad rechaza esa opción.
Expertos legales advierten sobre las implicaciones de una intervención militar directa. "Una intervención en toda regla dentro de Venezuela violaría el artículo 2-4 de la Carta de Naciones Unidas, que prohíbe el uso de la fuerza que viole el territorio de otro país soberano. Constituiría una invasión ilegal, como la de Rusia en Ucrania. También violaría la autoridad del Congreso para declarar la guerra, recogida en la Constitución", advierte la abogada Heather Brandon-Smith, de la organización Friends Committee on National Legislation, citada por El País.
La campaña militar también ha involucrado a la Agencia Central de Inteligencia (CIA). Trump confirmó el 15 de octubre que había autorizado la llamada "acción encubierta" de la CIA en Venezuela, según The Guardian, que también reporta que la agencia ha estado proporcionando gran parte de la inteligencia utilizada en los ataques aéreos.
Mientras tanto, la líder de la oposición venezolana y premio Nobel de la Paz de este año, María Corina Machado, ha reiterado su apoyo incondicional a este tipo de medidas. Según denunciaba en una teleconferencia citada por El País, Maduro es "el cabecilla de esta estructura narcoterrorista que ha declarado la guerra contra el pueblo venezolano y contra las naciones democráticas en la región, donde las redes criminales sustentan al régimen chavista con el tráfico de drogas, oro, armas y personas". "Maduro empezó esta guerra, y el presidente Trump va a terminarla", añadió.