Tribunal danés declara ilegal la remoción de bebé groenlandesa por pruebas de competencia parental discriminatorias

El Tribunal Superior Occidental de Dinamarca determinó que la separación forzosa de Zammi Kronvold, ahora de 18 meses y viviendo con una familia de acogida danesa, fue ilegal y violó los derechos fundamentales de su madre biológica, según informó The Guardian. La bebé fue retirada cuando tenía dos horas de vida y colocada en cuidado de crianza tras someter a Kronvold a las controvertidas pruebas FKU (competencia parental), exámenes psicométricos que el gobierno danés prohibió abruptamente en mayo de 2025 para personas de origen groenlandés.

Según el fallo judicial, la remoción infringió la Convención de la Organización Internacional del Trabajo sobre Pueblos Indígenas y Tribales de 1989, ratificada por Dinamarca en 1996. El tribunal también determinó que las pruebas utilizadas para fundamentar la decisión estaban obsoletas. En el momento de las pruebas, Kronvold fue informada de que el examen era para determinar si era "suficientemente civilizada", según The Guardian.

Gert Dyrn, abogado de Kronvold, calificó el fallo como de "gran significancia" y declaró que "cuando el estado creó esta nueva ley el año pasado, reconocieron que estaban violando la convención sobre pueblos indígenas y posiblemente la Convención Europea de Derechos Humanos, lo cual, en mi opinión, el fallo de hoy confirmó. Esta es una victoria importante para la comunidad groenlandesa en Dinamarca", según The Guardian.

Aunque el fallo no conducirá directamente a la reunificación de Kronvold con su hija, porque desde entonces ha sido reevaluada bajo un nuevo sistema, marca la primera vez que el tribunal superior danés se pronuncia sobre este asunto. Se espera que tenga repercusiones sustanciales para padres groenlandeses y sus hijos separados que datan hasta 1996, cuando Dinamarca ratificó la convención de la OIT, según The Guardian.

Dyrn indicó que "puede haber otras mujeres que no han sido examinadas nuevamente según la nueva ley y probablemente podrán usar este fallo para anular sus decisiones". También señaló que podría ser utilizado por personas groenlandesas adultas que fueron removidas de sus padres cuando eran niños para obtener una disculpa del estado danés o compensación, según The Guardian.

A pesar de la prohibición de las pruebas FKU en mayo de 2025, decenas de padres groenlandeses que viven en Dinamarca, incluida Kronvold, permanecen separados de sus hijos tras haber sido sometidos a estos exámenes. El gobierno danés prohibió las pruebas después de años de críticas y en medio de presión internacional tras las amenazas del entonces presidente estadounidense Donald Trump a la antigua colonia danesa, que permanece como parte del reino danés, según The Guardian.

La presión sobre el gobierno danés se intensificó la semana pasada cuando The Guardian reveló que las Naciones Unidas informaron a Dinamarca que el tratamiento de las autoridades hacia Kronvold "puede equivaler a discriminación étnica". Reem Alsalem, relatora especial de la ONU sobre violencia contra mujeres y niñas, escribió al gobierno junto con el relator especial de la ONU sobre los derechos de los pueblos indígenas y el relator especial sobre formas contemporáneas de racismo, solicitando respuestas sobre el tratamiento de Kronvold y otras familias de origen groenlandés, según The Guardian.

Los funcionarios de la ONU declararon que la decisión de remover a los hijos de Kronvold sin su consentimiento "puede ser discriminatoria y desproporcionada", citando el "aparente irrespeto a sus decisiones respecto a la procreación y opciones anticonceptivas a lo largo de los años y que claramente le ha causado un enorme sufrimiento psicológico". También recordaron a Dinamarca sus "obligaciones vinculantes en materia de derechos humanos", según The Guardian.

A principios de esta semana, Kronvold perdió un caso en un tribunal inferior para reunirse con su hija. Sus abogados ahora planean llevar ese caso también al tribunal superior con la esperanza de revertirlo, según The Guardian.

Tras recibir la noticia de que había ganado en el tribunal superior, Kronvold declaró: "Me siento increíble, me cuesta describirlo con palabras. Estoy tratando de calmarme. Esto va a cambiar cada caso en Dinamarca para la gente groenlandesa". Aunque su propia lucha no ha terminado, prometió continuar hasta que haya una nueva ley para el pueblo groenlandés. "Todavía estoy trabajando para asegurar que llegue un cambio para mis hijos. Esto es de por vida, eso es todo. No voy a retroceder", dijo según The Guardian.

Las pruebas de competencia parental son consideradas culturalmente inadecuadas para el pueblo groenlandés y otras minorías, según The Guardian. El político groenlandés Qarsoq Høegh-Dam declaró que el caso de Kronvold era "la punta del iceberg" pero, sin embargo, un momento significativo para la lucha por reunir a los padres groenlandeses con sus hijos, según The Guardian.

Dinamarca celebró elecciones generales en marzo de 2026 y los partidos aún no han formado gobierno, según The Guardian. En respuesta a la intervención de la ONU, el Ministerio de Asuntos Sociales danés indicó en una carta que estaba dispuesto a "comprometerse constructivamente con los asuntos mencionados en su carta" y propuso una reunión para discutir los temas en persona, según The Guardian.

El Ministerio de Asuntos Sociales danés y Thisted Kommune, que tomó la decisión inicial de remover a la hija de Kronvold, declinaron hacer comentarios. Un portavoz de la Junta Nacional de Apelaciones Sociales declaró: "Hoy recibimos el fallo en este caso específico del tribunal superior occidental, que revisaremos en detalle. Dado que la Junta Nacional de Apelaciones Sociales es el órgano de apelación en el área, seguimos la jurisprudencia de cerca y evaluamos continuamente la importancia de la decisión de un tribunal superior para que podamos asegurar que seguimos la jurisprudencia correctamente", según The Guardian.

Aunque la intervención de la ONU no está conectada con el fallo del tribunal superior, ambos aumentan la presión general sobre el gobierno danés para tomar medidas, según The Guardian. El caso expone las tensiones persistentes entre Dinamarca y Groenlandia, territorio autónomo que forma parte del reino danés, y plantea interrogantes sobre el tratamiento histórico y contemporáneo de los pueblos indígenas dentro del sistema legal danés.